El director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, mano derecha del ministro Fernando Grande-Marlaska, ha sido imputado por presunta agresión sexual a una subordinada, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.
La decisión ha sido adoptada por la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid, que ha admitido a trámite la querella presentada por una funcionaria del propio cuerpo.
Cuatro delitos bajo investigación
Según el auto judicial, el magistrado aprecia indicios suficientes para abrir investigación por:
- Agresión sexual
- Coacciones
- Lesiones psíquicas
- Malversación de caudales públicos
Tanto la denunciante como el alto mando policial han sido citados a declarar el próximo 17 de marzo de 2026 en Plaza Castilla.
El relato de la denunciante
De acuerdo con la querella admitida, los hechos se habrían producido en abril del pasado año. La funcionaria, que se encontraba de servicio, recibió la orden de trasladar al DAO en un vehículo camuflado hasta una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior.
En ese domicilio, según la versión de la denunciante, el alto cargo habría cometido una agresión sexual con penetración, prevaliéndose de su autoridad jerárquica. La víctima asegura que logró zafarse y abandonar el lugar.
Posteriormente, sostiene haber sido coaccionada directa e indirectamente por otros mandos policiales para no denunciar los hechos. Actualmente se encuentra de baja psicológica, con retirada de armamento e incapacidad para el servicio.
Un alto cargo clave del Ministerio del Interior
José Ángel González Jiménez ocupa desde 2018 el puesto de Director Adjunto Operativo (DAO), el segundo cargo más alto dentro de la Policía Nacional. Se trata de la figura ejecutiva clave en la estructura operativa del cuerpo.
Su trayectoria incluye:
- Dirección de la VII Unidad de Intervención Policial en Valladolid.
- Comisario provincial en Valladolid durante nueve años.
- Jefe superior en Melilla y Aragón.
- Coordinación de la seguridad tras la sentencia del procés.
- Gestión policial durante la pandemia de COVID-19.
Ha sido condecorado con la Gran Cruz del Mérito Militar (2023) y la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil (2024). Además, el Gobierno modificó en 2024 la normativa para permitir su continuidad más allá de la edad ordinaria de jubilación.
Un terremoto político en el Ministerio del Interior
La imputación afecta directamente al núcleo de confianza de Fernando Grande-Marlaska, en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo.
El caso abre varias incógnitas:
- ¿Conocía Interior la denuncia?
- ¿Se adoptaron medidas internas previas?
- ¿Habrá suspensión cautelar del cargo mientras dure la investigación?
La causa se encuentra en fase inicial y rige la presunción de inocencia. No obstante, el impacto institucional es evidente.
Cuando la acusación alcanza al máximo mando uniformado del país, la cuestión ya no es solo judicial. Es política.
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