Chicano desafía a las Cortes en un nuevo episodio de tensión institucional después de negarse a fiscalizar las subvenciones concedidas a EH Bildu tras las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. La decisión de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha provocado fuertes críticas en el ámbito político y judicial, ya que el Parlamento había solicitado expresamente un informe sobre las ayudas públicas concedidas a la formación tras incluir en sus listas a 23 condenados por terrorismo.
Según diversas fuentes del Tribunal de Cuentas, la postura adoptada por Chicano supone un “gravísimo desafío al Parlamento”, ya que la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas había aprobado en junio de 2025 solicitar una fiscalización específica de dichas subvenciones. Sin embargo, el nuevo Plan Anual de Fiscalizaciones para 2026 no incluye ese análisis.
La decisión refuerza la percepción de que Chicano desafía a las Cortes al ignorar una petición directa del órgano parlamentario encargado de supervisar la actividad del Tribunal de Cuentas.
Por qué Chicano desafía a las Cortes por las subvenciones a Bildu
El origen del conflicto se encuentra en la inclusión de 23 personas condenadas por terrorismo en las listas electorales de EH Bildu durante las elecciones municipales de 2023. Según varios juristas y representantes políticos, esta circunstancia podría vulnerar determinados requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para acceder a subvenciones públicas.
En ese contexto, la Comisión Mixta del Parlamento solicitó al Tribunal de Cuentas un informe que determinara si la formación debía devolver aproximadamente 1,3 millones de euros en subvenciones electorales.
Sin embargo, pese a esa petición formal, Chicano desafía a las Cortes al considerar que la competencia sobre la concesión inicial de esas ayudas corresponde a la Junta Electoral Central y al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska.
Esta interpretación ha sido muy criticada por fuentes internas del propio tribunal, que consideran que el órgano fiscalizador sí tiene capacidad para revisar el uso de fondos públicos en procesos electorales.
Un conflicto institucional entre el Parlamento y el Tribunal de Cuentas
El hecho de que Chicano desafíe a las Cortes ha abierto un nuevo frente institucional entre el Tribunal de Cuentas y el Parlamento español.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de supervisar la actividad del tribunal fiscalizador y de solicitar investigaciones específicas sobre el uso de recursos públicos. Sus resoluciones, aunque no vinculantes en términos estrictos, tradicionalmente han sido atendidas por el tribunal.
Por ello, el rechazo de Chicano ha sido interpretado por algunos sectores políticos como una desobediencia institucional. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, llegó a acusar al tribunal de incumplir la ley al no investigar las subvenciones concedidas a Bildu.
En su mensaje publicado en redes sociales, Gamarra afirmó que “la ley es clara y no puede saltársela”, insistiendo en que la presencia de condenados por terrorismo en listas electorales debería impedir la percepción de ayudas públicas.
La posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional
El conflicto podría escalar aún más en los próximos meses. Durante un pleno reciente del Tribunal de Cuentas, la propia presidenta dejó entrever que podría acudir al Tribunal Constitucional o incluso a la justicia europea para defender la autonomía del organismo que preside.
Este movimiento reforzaría la idea de que Chicano desafía a las Cortes al considerar que el Parlamento no puede interferir en las decisiones técnicas del tribunal fiscalizador.
No obstante, expertos en derecho constitucional advierten que el choque entre ambos órganos podría abrir un debate complejo sobre los límites del control parlamentario sobre organismos independientes.
Otro choque: los informes sobre los contratos del covid
El caso de Bildu no es el único punto de fricción. Tal y como se ha conocido recientemente, Chicano desafía a las Cortes también al negarse a rehacer seis informes de fiscalización relacionados con los contratos firmados durante la pandemia del covid-19.
En abril de 2024, la Comisión Mixta aprobó seis resoluciones solicitando que el Tribunal de Cuentas revisara esos informes al considerar que los análisis realizados hasta ese momento eran insuficientes.
Sin embargo, el Plan de Fiscalizaciones aprobado en diciembre de 2025 tampoco incluyó estas peticiones, lo que ha intensificado la polémica sobre el papel del tribunal y su relación con el Parlamento.
Un pulso político con consecuencias institucionales
El enfrentamiento entre el Tribunal de Cuentas y las Cortes Generales podría convertirse en uno de los conflictos institucionales más relevantes de los últimos años.
El hecho de que Chicano desafíe a las Cortes al rechazar varias peticiones del Parlamento ha generado inquietud entre algunos expertos, que temen que la tensión afecte al funcionamiento normal del sistema de control de las cuentas públicas.
Mientras tanto, la polémica sobre las subvenciones a Bildu sigue abierta. Si finalmente el Parlamento decide intensificar la presión política o recurrir a mecanismos legales, el conflicto podría trasladarse a los tribunales, marcando un precedente en las relaciones entre el legislativo y el órgano fiscalizador del Estado.
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