El Gobierno de México ha exigido una investigación tras la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del ICE, tras el fallecimiento de Royer Pérez-Jiménez, un joven de 19 años, en el Glades County Detention Center de Florida. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificó el hecho de “inaceptable” y aseguró que utilizará todas las vías diplomáticas y legales para esclarecer las circunstancias del deceso y garantizar que no se repitan situaciones similares.
La muerte del joven se registró el pasado 16 de marzo, cuando un agente penitenciario encontró a Pérez-Jiménez inconsciente en su celda a las 2:34 a.m. Pese a los intentos de reanimación del personal del centro y los servicios de emergencia, el joven fue declarado muerto a las 2:51 a.m. Las autoridades estadounidenses han señalado que se trataría de un “presunto suicidio”, aunque la causa oficial sigue bajo investigación.
Cronología del caso y antecedentes
El caso que México exige investigar tras la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del ICE comenzó cuando Pérez-Jiménez fue arrestado en enero por cargos de fraude por suplantación y resistencia a la autoridad. Desde febrero permanecía bajo custodia migratoria. Durante su ingreso al centro de detención, negó tener problemas de salud mental y respondió negativamente a todas las preguntas del protocolo de prevención de suicidios, según informó ICE.
El Glades County Detention Center, donde ocurrió el fallecimiento, es una instalación gestionada por el condado y utilizada por ICE para la custodia de personas detenidas por motivos migratorios. Este suceso vuelve a poner sobre la mesa la situación de los migrantes mexicanos y extranjeros bajo custodia de agencias estadounidenses.
Reacción del Gobierno mexicano
La Cancillería mexicana calificó la muerte como “inaceptable” y aseguró que acompañará a la familia de Pérez-Jiménez durante todo el proceso de investigación. El Consulado General de México en Miami activó el protocolo consular, visitó el centro de detención y solicitó formalmente toda la documentación necesaria para esclarecer los hechos.
El Gobierno mexicano recordó que, entre enero y octubre de 2025, diez ciudadanos mexicanos murieron bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios, subrayando la necesidad de medidas de prevención y garantías de no repetición.
Críticas de organizaciones de derechos humanos
Organizaciones de derechos humanos también se han pronunciado sobre el caso. La Detention Watch Network denunció que con la muerte de Pérez-Jiménez ya suman 13 los fallecimientos en centros de ICE en lo que va de 2026, cuatro de ellos solo en marzo.
Carly Pérez Fernández, directora de comunicación de la entidad, aseguró que el sistema de detención migratoria “priva a las personas de libertad, las aísla de sus seres queridos y las expone a condiciones terribles”, incluyendo atención médica insuficiente y abusos raciales. La organización responsabilizó directamente a ICE y reclamó al Congreso estadounidense recortes urgentes en la financiación del sistema y el fin de su expansión bajo la actual administración.
Defensa de ICE y protocolos de seguridad
Por su parte, ICE emitió un comunicado defendiendo sus protocolos. La agencia aseguró que proporciona “entornos seguros, protegidos y humanos” y que todos los detenidos reciben atención médica integral desde su llegada, incluyendo evaluaciones físicas y de salud mental, acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas.
ICE indicó que notificó el caso al Departamento de Seguridad Nacional, a la Oficina del Inspector General y a la Oficina de Responsabilidad Profesional, además de informar al consulado mexicano y a los familiares del joven.
Importancia de la investigación
El caso que México exige investigar tras la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del ICE ha reavivado el debate sobre la seguridad y el respeto a los derechos humanos en los centros de detención migratoria de Estados Unidos. Expertos y defensores de migrantes advierten que la transparencia en la investigación es clave para garantizar justicia y evitar futuras tragedias.
En conclusión, la muerte de Royer Pérez-Jiménez subraya la urgencia de revisar los protocolos de ICE y reforzar la supervisión internacional de los derechos de los detenidos. México mantiene firme su exigencia de una investigación “pronta y exhaustiva” y su compromiso de proteger a sus ciudadanos en el extranjero, mientras organizaciones de derechos humanos llaman a un cambio estructural en la gestión de la migración en Estados Unidos.
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