El aniversario del fin de la violencia etarra reabre el debate sobre la memoria de las víctimas, el legado de la izquierda abertzale y los pactos políticos con EH Bildu.
Quince años después, el silencio de las armas no ha cerrado todas las heridas. ETA dejó de cometer atentados en 2011 y se disolvió formalmente en 2018, pero su legado continúa presente en las instituciones, en la memoria colectiva y en la confrontación política española.
Este martes, 20 de octubre de 2026, se cumple el decimoquinto aniversario del anuncio que marcó el final de la actividad armada de la organización terrorista. Una fecha que invita a recordar a quienes perdieron la vida, a quienes sobrevivieron a los atentados y a quienes sufrieron décadas de amenazas, extorsiones y miedo.
La cuestión ya no es si ETA continúa activa como organización terrorista. Su disolución es un hecho histórico. El debate se centra ahora en cómo debe recordarse su historia, qué reconocimiento merecen las víctimas y qué responsabilidades políticas y morales persisten tras el final de la violencia.
La controversia vuelve a situar en el centro a EH Bildu, formación política legal con raíces en la izquierda abertzale, y a los acuerdos que mantiene con el PSOE. El PP y Vox cuestionan esas alianzas por el pasado de ese espacio político y por las posiciones de algunos de sus representantes sobre ETA. Desde el PSOE y EH Bildu se defiende que la actividad terrorista terminó y que el pasado no debe convertirse permanentemente en un instrumento de confrontación partidista.
El 20 de octubre de 2011: el anuncio que cambió la historia de España
ETA, siglas de Euskadi Ta Askatasuna —«Euskadi y Libertad»—, surgió a finales de la década de 1950 en el País Vasco. La organización evolucionó hacia un proyecto independentista y revolucionario y adoptó el terrorismo como método para tratar de imponer sus objetivos políticos.
Durante más de cinco décadas, sus acciones incluyeron asesinatos, atentados con explosivos, secuestros, extorsiones y amenazas. Sus víctimas fueron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, militares, jueces, políticos, empresarios, periodistas y ciudadanos sin participación directa en la actividad política.
El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el «cese definitivo de su actividad armada». El comunicado puso fin a una etapa marcada por la violencia terrorista, aunque todavía quedaban pendientes la entrega de las armas y la disolución formal de la organización.
El anuncio no fue el resultado de una victoria militar convencional ni de un acuerdo de paz firmado entre dos partes en igualdad de condiciones. La presión policial y judicial, la cooperación internacional, la movilización ciudadana y el rechazo social al terrorismo contribuyeron al debilitamiento de la banda.
El Ministerio del Interior ha destacado en distintas publicaciones el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la cooperación internacional y el ejemplo de las víctimas en el proceso que condujo al final de la violencia.
La fecha del 20 de octubre de 2011 marca el fin anunciado de los atentados, no la desaparición inmediata de ETA como estructura clandestina. Esa distinción es esencial para comprender la secuencia posterior.
De los primeros atentados a décadas de terror
La trayectoria de ETA comenzó durante la dictadura franquista, pero su actividad terrorista se prolongó durante la Transición y la democracia constitucional. La existencia de una dictadura en sus orígenes no justifica los asesinatos cometidos posteriormente ni convierte en legítimo el uso de la violencia para imponer un proyecto político.
La organización asesinó por primera vez en 1968, según las cronologías históricas habituales. En los años siguientes amplió su capacidad operativa y convirtió los atentados en una herramienta de intimidación contra el Estado y sectores de la sociedad a los que consideraba adversarios.
Entre los episodios más recordados figuran:
- El asesinato de Carrero Blanco en 1973, que tuvo un enorme impacto en la etapa final del franquismo.
- La matanza de Hipercor en Barcelona en 1987, uno de los atentados más mortíferos de la organización, en el que murieron 21 personas.
- El asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, que desencadenó una movilización ciudadana masiva contra el terrorismo y sus apoyos.
- Los atentados contra policías, militares, concejales, empresarios y otros ciudadanos, así como los secuestros y las campañas de extorsión.
La violencia no se limitó a las víctimas mortales. Miles de personas resultaron heridas y muchas familias quedaron marcadas por pérdidas irreparables. Otras vivieron bajo escolta, abandonaron sus localidades o soportaron amenazas por negarse a colaborar con la organización.
La Fundación Fernando Buesa y otras entidades dedicadas a la memoria del terrorismo han documentado las consecuencias humanas y sociales de ETA, incluidas las personas que sufrieron intimidación y desplazamiento forzoso.
El terrorismo no solo pretendía matar: también buscaba condicionar la vida pública mediante el miedo. Por eso, la historia de ETA no puede reducirse a una cronología de atentados. También debe explicar cómo afectó a la libertad de expresión, a la participación política y a la convivencia.
La presión policial y judicial, decisiva para el final de ETA
El final de la organización fue un proceso prolongado. La actuación policial, las investigaciones judiciales y la colaboración entre España y Francia dificultaron el funcionamiento de sus estructuras clandestinas y permitieron detener a numerosos integrantes y dirigentes.
Francia desempeñó un papel importante al dejar de ser un refugio seguro para miembros de ETA. La cooperación entre ambos países facilitó operaciones contra comandos, depósitos de armas y redes logísticas.
Al mismo tiempo, la movilización social fue erosionando la legitimidad que la organización intentaba atribuirse. Las manifestaciones contra los atentados, las asociaciones de víctimas y la respuesta de numerosos ciudadanos vascos contribuyeron a romper el aislamiento al que el miedo había sometido durante años a una parte de la sociedad.
El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 supuso un punto de inflexión en la movilización popular. Miles de personas salieron a la calle para exigir su liberación y, tras su asesinato, se multiplicaron las protestas contra ETA.
El final de la violencia debe entenderse, por tanto, como la consecuencia de distintos factores: presión policial, eficacia judicial, cooperación internacional, rechazo social y pérdida de capacidad operativa. Ninguno de estos elementos debe borrarse de la memoria histórica.
2006 y 2011: dos momentos distintos en el proceso
Antes del anuncio definitivo hubo intentos de diálogo y procesos políticos fallidos. En 2006, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ETA declaró un alto el fuego permanente y el Ejecutivo anunció el inicio de contactos para explorar una salida al conflicto.
El proceso terminó fracasando después de que ETA rompiera la tregua y cometiera el atentado de la terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, el 30 de diciembre de 2006. La explosión causó la muerte de dos ciudadanos ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio.
El episodio mostró los límites de una negociación cuando la organización terrorista mantenía la capacidad y la voluntad de recurrir a la violencia. También profundizó la controversia política sobre las condiciones en las que debía abordarse cualquier contacto con ETA.
En 2011, el anuncio de cese definitivo llegó en un contexto diferente, tras años de presión policial y un debilitamiento progresivo de la organización.
La distinción es importante: el cese de 2011 no fue una disolución inmediata ni supuso que todas las consecuencias del terrorismo quedaran resueltas. El proceso continuó hasta el desarme y la desaparición formal de las estructuras de ETA.
2017 y 2018: el desarme y la disolución formal
En abril de 2017, ETA anunció su desarme y facilitó a las autoridades francesas la localización de depósitos de armas y explosivos. El proceso culminó con la entrega de información sobre los arsenales que aún quedaban bajo su control.
El 3 de mayo de 2018, la organización comunicó su disolución y el desmantelamiento de sus estructuras. Con ello terminó formalmente su existencia como organización terrorista.
El final de ETA no borró las condenas judiciales, los daños causados ni el deber institucional de atender a las víctimas. Tampoco eliminó automáticamente las controversias sobre la memoria de los atentados, la situación penitenciaria de los condenados o la relación entre el nacionalismo radical y la violencia del pasado.
La desaparición de una organización terrorista constituye un cambio histórico, pero no convierte por sí misma la reconciliación en un proceso concluido.
EH Bildu y el debate político quince años después
El aniversario vuelve a colocar a EH Bildu en el centro de la discusión política. La formación es legal y participa en las instituciones democráticas, pero sus vínculos históricos con la izquierda abertzale y las posiciones de algunos de sus dirigentes sobre el pasado de ETA continúan generando controversia.
El PP y Vox critican los acuerdos parlamentarios y políticos del PSOE con EH Bildu. Sus argumentos se centran en la necesidad de que el final del terrorismo vaya acompañado de un reconocimiento inequívoco del daño causado y de respeto hacia las víctimas.
El PSOE, por su parte, defiende la legitimidad de los acuerdos parlamentarios con formaciones legales y sostiene que la desaparición de ETA debe permitir la normalización de la vida democrática. EH Bildu participa en el sistema institucional, aunque las declaraciones de sus representantes y su posición ante episodios concretos del pasado siguen sometidas al escrutinio público.
Conviene distinguir tres cuestiones que a menudo se mezclan en el debate:
- La responsabilidad penal individual, que corresponde determinar a los tribunales.
- La responsabilidad política y moral, que se discute en el espacio público y puede incluir el reconocimiento del daño causado.
- La legitimidad institucional de los acuerdos, que depende del marco constitucional, de la legalidad y de las decisiones de los representantes elegidos.
La existencia de acuerdos parlamentarios con EH Bildu no demuestra por sí sola que el terrorismo haya sido legitimado por el Estado. Del mismo modo, que la formación sea legal no elimina la posibilidad de exigir a sus dirigentes claridad sobre la historia de ETA y consideración hacia quienes sufrieron sus crímenes.
El debate democrático requiere pruebas, declaraciones concretas y criterios coherentes, no equivalencias automáticas entre una organización terrorista disuelta y una formación política que actúa legalmente.
Las víctimas de ETA: el centro de la memoria democrática
Las víctimas no son una nota al pie de la historia de ETA. Son una parte central de cualquier relato riguroso sobre el terrorismo.
El asesinato de una persona destruye una vida y transforma la de sus familiares. Los supervivientes de atentados han afrontado secuelas físicas y psicológicas, mientras que numerosas familias han convivido durante décadas con el duelo, la incertidumbre o la sensación de abandono.
Además, las amenazas y la extorsión tuvieron un impacto que no siempre aparece reflejado en las cifras de fallecidos. Empresarios obligados a pagar el llamado «impuesto revolucionario», concejales que necesitaron protección, periodistas amenazados y ciudadanos que abandonaron el País Vasco forman parte de esa historia.
La memoria democrática debe reconocer estos daños sin establecer jerarquías arbitrarias entre las víctimas ni convertir su sufrimiento en una herramienta partidista.
También debe preservar los testimonios y explicar a las nuevas generaciones qué ocurrió, por qué se produjo y cuáles fueron sus consecuencias. Recordar a las víctimas exige contar los hechos con precisión, identificar a los responsables y evitar cualquier presentación romántica de la violencia terrorista.
¿Se está transmitiendo a los jóvenes la historia de ETA?
Quince años después del cese de la violencia, la educación constituye otro frente de debate. El conocimiento de ETA no puede depender únicamente de las noticias de actualidad o de lo que cada familia recuerde.
El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Instituto Gogora, entre otras instituciones, disponen de materiales educativos y testimonios para trabajar este periodo histórico. Sin embargo, su presencia en las aulas y su utilización efectiva dependen de los programas, de la formación docente y de las decisiones de los centros educativos.
Enseñar esta historia no significa imponer una interpretación partidista. Significa explicar los hechos documentados, el contexto político, los atentados, las consecuencias para las víctimas y la respuesta del Estado democrático.
La educación también debe diferenciar entre las aspiraciones políticas legítimas —como defender la independencia por vías democráticas— y el empleo de asesinatos, amenazas o coacción para imponerlas.
La memoria pierde utilidad cuando se convierte en una consigna. La gana cuando permite a los jóvenes comprender cómo una sociedad puede acostumbrarse al miedo y qué mecanismos democráticos sirven para combatirlo.
Quince años después, una memoria que exige rigor
El decimoquinto aniversario del cese definitivo de ETA invita a valorar el alcance del cambio producido desde 2011. España ya no se enfrenta a la campaña de atentados que durante décadas condicionó su vida política y social. Ese hecho constituye una transformación histórica que no debe confundirse con el cierre de todas las heridas.
Quedan debates sobre la memoria, el reconocimiento del daño, las políticas penitenciarias y el significado de los acuerdos con EH Bildu. Son cuestiones legítimas de discusión pública, siempre que se aborden con hechos comprobables y sin atribuir responsabilidades penales colectivas a quienes no las tienen.
El balance histórico debe preservar dos principios: la derrota de la violencia terrorista y el respeto a las víctimas. Ninguno exige silenciar el debate político; ambos requieren que ese debate no distorsione los hechos.
Quince años después, la pregunta de fondo sigue siendo cómo transmitir esta historia sin olvidar a quienes sufrieron el terrorismo y sin convertir el pasado en una explicación automática de toda disputa presente. La respuesta pasa por la documentación, la educación, la transparencia institucional y la memoria de las víctimas.
OnlyBeauty
OnlyBeauty
OnlyBeauty