Cinco grandes consorcios internacionales competirán durante cuatro meses por transformar el puerto interior de A Coruña en un ambicioso proyecto urbanístico marcado por millones de euros públicos y decisiones estratégicas clave.
Lo que está en juego no es solo un rediseño arquitectónico. La futura fachada marítima de A Coruña podría redefinir el modelo de ciudad, el uso del suelo público y el equilibrio entre intereses políticos, económicos y ciudadanos durante décadas.
Cinco gigantes del urbanismo pugnan por el control del proyecto
El macroproyecto Coruña Marítima, impulsado por la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento, entra en una fase decisiva tras la selección de cinco candidaturas finalistas entre 14 propuestas iniciales.
Estas candidaturas agrupan a 28 empresas, muchas de ellas referentes internacionales en arquitectura e ingeniería, aunque solo 13 tienen presencia en Galicia, lo que reabre el debate sobre el peso del talento local frente a grandes firmas extranjeras.
Los finalistas son:
- Typsa y RSHP Architects, con apoyo local y asesoramiento jurídico.
- Junquera Arquitectos, West 8, Eptisa y Sener Mobility, junto a socios internacionales.
- Idom y Zaha Hadid Limited, una de las alianzas más mediáticas por su prestigio global.
- Bjarke Ingels Group (BIG) y WSP Spain-Apia, con participación gallega.
- Batlle i Roig, 3XN Copenhagen y Ove Arup & Partners, con respaldo técnico y jurídico.
Cuatro meses decisivos para definir el futuro urbano
Los equipos seleccionados dispondrán de cuatro meses para presentar sus propuestas. Será entonces cuando se entre en una fase crítica donde se evaluarán aspectos como:
- Calidad técnica y viabilidad
- Impacto ambiental
- Coste económico
- Integración urbanística global
Está previsto que en el tercer trimestre de 2026 se elija el diseño ganador, momento en el que se presentará una primera maqueta del proyecto.
El equipo seleccionado contará después con un año completo para desarrollar el plan director definitivo.
Más de tres millones de euros públicos en juego
El concurso está dotado con más de 3 millones de euros, financiados íntegramente por administraciones públicas:
- Puertos del Estado: 736 666 €
- Autoridad Portuaria de A Coruña: 736 666 €
- Adif: 736 666 €
- Xunta de Galicia: 552 500 €
- Ayuntamiento de A Coruña: 552 500 €
Este reparto evidencia el fuerte respaldo institucional, pero también abre interrogantes sobre la gestión del dinero público y la rentabilidad social del proyecto.
De suelo industrial a espacio ciudadano: ¿realidad o promesa política?
El objetivo oficial es claro: transformar los antiguos espacios portuarios sin actividad industrial en zonas abiertas a la ciudadanía, integrando los muelles en la vida urbana.
Sin embargo, este tipo de proyectos en España han generado históricamente controversia:
- Riesgo de especulación urbanística
- Privatización encubierta de suelo público
- Desplazamiento de actividades económicas tradicionales
La pregunta que muchos ya plantean es si esta transformación será realmente para los ciudadanos o si acabará beneficiando a grandes intereses inmobiliarios y fondos de inversión.
Una decisión estratégica con impacto a largo plazo
La Autoridad Portuaria defiende que la “alta calidad” de las candidaturas demuestra el interés internacional por el proyecto. Pero más allá del prestigio arquitectónico, lo que está en juego es:
- El modelo de ciudad de A Coruña
- El uso de espacios clave del litoral
- La gestión de infraestructuras portuarias y ferroviarias
Tras el plan director, se convocarán concursos específicos por áreas, lo que prolongará el desarrollo durante años y multiplicará el volumen de inversión pública.
Claves del debate: ciudad, dinero público y control político
Este proyecto no solo es urbanístico, sino profundamente político. La implicación de múltiples administraciones plantea dudas sobre:
- Quién tendrá el control real del desarrollo
- Qué intereses prevalecerán
- Cómo se garantizará la transparencia
Mientras tanto, A Coruña se enfrenta a una decisión histórica que podría marcar su futuro durante generaciones.
¿Estamos ante una oportunidad única de modernización o ante otro megaproyecto donde el ciudadano queda relegado frente a intereses globales?
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