Contrato de defensa de España en EE.UU. enfrenta impagos
El contrato de defensa firmado por España con la empresa estadounidense Raytheon para la adquisición de cuatro sistemas Patriot, valorado en 1 700 millones de dólares (más de 1 400 millones de euros), se encuentra en riesgo debido a los impagos relacionados con recortes retroactivos de las primas a las energías renovables.
Fuentes confirmadas por diversos medios indican que los equipos jurídicos que representan a los acreedores internacionales están estudiando formas de bloquear esta transacción, incluyendo la posibilidad de intervenir pagos anticipados o de dificultar la ejecución del acuerdo militar.
Esta ofensiva legal está encabezada por el abogado Matthew McGill, socio de King & Spalding, quien representa a un número significativo de inversores internacionales que han ganado casos contra el Estado español en principios de arbitraje internacional. Hasta la fecha, se han emitido siete resoluciones favorables en tribunales federales de EE.UU., costando a España más de 688 millones de euros.
Los acreedores están explorando la forma en que los pagos, depósitos o garantías relacionados con el contrato de defensa puedan estar sujetos a procedimientos judiciales en EE.UU., buscando así facilitar embargos sobre las operaciones de España en el país.
El contrato con Raytheon, anunciado por Reuters en diciembre de 2025, implica la compra de cuatro baterías Patriot, que son sistemas de defensa aérea diseñados para interceptar amenazas misiles y aéreas. Este acuerdo podría verse afectado si se confirman los embargos o intervenciones en cuentas vinculadas a las transacciones con Raytheon.
En paralelo a esta situación, varios organismos y empresas que mantienen relaciones comerciales con el Estado español han recibido requerimientos para aportar documentación financiera. Entre ellos, se incluyen importantes nombres como Adidas, Hilton y la filial estadounidense de la FIFA que organiza el Mundial de 2026, lo cual busca identificar activos que puedan ser embargados debido a la acumulada deuda del Estado.
La situación de los impagos y la cantidad reclamada por las empresas afectadas ha aumentado, alcanzando más de 2 310 millones de euros, con alrededor de 550 millones de euros en intereses acumulados y costas judiciales. Dada la cantidad de reveses judiciales enfrentados por el Estado español en diversas jurisdicciones, los acreedores continúan presionando a fin de que se cumplan los pagos solicitados.