Sánchez rescató a Plus Ultra apoyándose en informes externos que, según reconoció un exalto cargo de la SEPI en el Senado, nunca verificaron realmente la contabilidad de la aerolínea. La revelación ha reavivado la polémica política y judicial en torno a una de las ayudas públicas más controvertidas aprobadas durante la pandemia, mientras continúan las investigaciones sobre presuntas irregularidades y posibles vínculos con operaciones de blanqueo de capitales.
La comparecencia de José Ángel Partearroyo Martín, exdirector de Participaciones de la SEPI y responsable del seguimiento de los rescates de Air Europa y Plus Ultra, ha dejado nuevas dudas sobre el procedimiento utilizado para conceder los 53 millones de euros a la compañía aérea.
Durante su intervención ante la Comisión de Investigación del Senado, Partearroyo admitió que tanto la SEPI como los auditores externos se limitaron a aceptar la documentación entregada por la propia empresa sin comprobar la veracidad de las cuentas. “Ningún auditor comprueba que la contabilidad que le han dado es buena”, afirmó el exdirectivo, una declaración que ha provocado un fuerte impacto político.
Sánchez rescató a Plus Ultra sin comprobar las cuentas
Las palabras del exresponsable de la SEPI refuerzan las críticas de quienes sostienen que Sánchez rescató a Plus Ultra sin las garantías suficientes y pese a las dudas existentes sobre la situación financiera de la aerolínea antes de la pandemia.
Según explicó Partearroyo, la SEPI basó gran parte de su decisión en informes elaborados por auditores externos contratados por la propia compañía. Sin embargo, reconoció que el organismo público no realizó investigaciones adicionales para verificar la autenticidad de la contabilidad presentada.
“Nuestra referencia era el informe del auditor externo y no podíamos ponerlo en cuestión”, señaló durante la comisión parlamentaria. Estas afirmaciones contradicen parcialmente versiones anteriores ofrecidas por otros responsables del organismo estatal.
La polémica se intensificó después de que el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, asegurara previamente que algunos informes financieros utilizados para justificar el rescate ni siquiera estaban firmados. Partearroyo, en cambio, sostuvo que sí existían firmas en esos documentos, generando nuevas contradicciones dentro del propio organismo público.
Las investigaciones judiciales aumentan la presión
El caso continúa bajo el foco de distintas investigaciones judiciales y fiscales. Desde hace meses, la Fiscalía Anticorrupción analiza posibles conexiones entre el rescate y operaciones internacionales de blanqueo de capitales con ramificaciones en España, Francia y Suiza.
La situación se agravó tras las detenciones realizadas por la UDEF en diciembre de 2021. En aquella operación fueron arrestados Julio Martínez, propietario y presidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, CEO de la compañía aérea, por presuntos delitos relacionados con blanqueo de capitales.
El procedimiento judicial está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, encabezado por la juez Esperanza Collazos, y permanece parcialmente bajo secreto de sumario.
Mientras tanto, diferentes formaciones políticas continúan cuestionando por qué Sánchez rescató a Plus Ultra pese a las advertencias sobre la viabilidad real de la empresa y su escasa relevancia estratégica para la economía española.
Dudas sobre la condición de empresa estratégica
Uno de los puntos más controvertidos del rescate fue precisamente la consideración de Plus Ultra como empresa estratégica. Diversos informes y partidos políticos señalaron que la aerolínea tenía una presencia limitada en el mercado, una reducida cuota de vuelos y problemas financieros previos a la crisis sanitaria.
El fondo gestionado por la SEPI estaba diseñado para ayudar a compañías afectadas directamente por la pandemia del covid-19, pero varios técnicos del Ministerio de Economía alertaron de que tanto Plus Ultra como Air Europa ya arrastraban dificultades económicas anteriores.
Estas discrepancias internas dentro del departamento dirigido entonces por Nadia Calviño habrían generado tensiones durante el proceso de aprobación de las ayudas.
A pesar de ello, Sánchez rescató a Plus Ultra defendiendo públicamente que todo el procedimiento se realizó con absoluta normalidad y conforme a la legalidad vigente.
Las conexiones políticas elevan la controversia
La investigación también ha puesto sobre la mesa posibles presiones e influencias políticas alrededor de los rescates aprobados durante la pandemia. En el caso de Plus Ultra, distintas informaciones apuntan a supuestas gestiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero relacionadas con la compañía y sus accionistas venezolanos.
Además, se investiga la autorización concedida por la SEPI para permitir la salida de accionistas venezolanos de la aerolínea poco antes de las actuaciones policiales vinculadas al caso.
Paralelamente, las pesquisas han situado nuevamente en el centro del debate las relaciones entre determinados empresarios, intermediarios y altos cargos políticos durante la gestión de los fondos públicos destinados a rescates empresariales.
En este contexto, la oposición exige nuevas explicaciones al Ejecutivo y reclama conocer con detalle por qué Sánchez rescató a Plus Ultra pese a los informes críticos y las advertencias internas existentes en distintos organismos oficiales.
Un caso que sigue generando consecuencias políticas
Cinco años después de la concesión de la ayuda pública, el caso Plus Ultra continúa generando consecuencias políticas, judiciales y mediáticas. Las últimas declaraciones en el Senado vuelven a poner en cuestión los controles aplicados por la SEPI y el propio Gobierno durante la aprobación de los rescates empresariales.
Las revelaciones sobre la falta de comprobación de la contabilidad representan un nuevo elemento de presión para el Ejecutivo, especialmente en un momento en el que las investigaciones judiciales siguen abiertas y aparecen nuevas derivadas relacionadas con posibles delitos económicos.
Mientras tanto, el debate sobre si Sánchez rescató a Plus Ultra por motivos estrictamente económicos o bajo influencias políticas continúa creciendo, alimentando una de las polémicas más sensibles de los últimos años en torno al uso de fondos públicos.
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