El juez federal estadounidense John D. Bates ha emitido una dura resolución en el caso InfraRed, que afecta al Reino de España en relación con los arbitrajes sobre energías renovables. Esta decisión, tomada por el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, no solo autoriza nuevas actuaciones de ejecución contra activos españoles, sino que también cuestiona la estrategia legal del Gobierno español para evitar el pago de la deuda reconocida legalmente.
En la resolución, el juez establece que España «no ha aportado ninguna prueba» de que ha tomado medidas efectivas para saldar la deuda reconocida, que desde los 28,2 millones de euros iniciales ha crecido a cerca de 41 millones de euros debido a gastos de litigio y acumulación de intereses a lo largo de los años.
El tribunal señala que el comportamiento del Estado se ha alineado con una oposición sistemática a los intentos de ejecución del laudo, argumentando que el derecho comunitario le impide realizar el pago. Sin embargo, el juez Bates menciona que el Gobierno tiene opciones disponibles, como solicitar autorización a la Comisión Europea o argumentar con las autoridades de Bruselas sobre la compatibilidad del pago con la legislación comunitaria, aunque no hay constancia de que se hayan seguido estas vías.
Adicionalmente, el fallo señala que posponer las ejecuciones podría «poner en peligro» las posibilidades de cobro por parte de los acreedores, subrayando que existen diversos laudos pendientes contra el Estado y un número limitado de activos embargables en Estados Unidos. Asimismo, la corte critica la utilización de recursos pendientes en tribunales superiores como justificación para retrasar las ejecuciones, indicando que esta táctica «vaciaría de contenido» el sistema procesal estadounidense.
La deuda total provocada por los arbitrajes en el sector de renovables ha superado ya los 2 310 millones de euros, con más de 547 millones correspondientes a intereses de demora y costes asociados. Los intereses internacionales han llevado a los acreedores a intensificar sus esfuerzos para rastrear activos españoles, incluyendo aquellos relacionados con la participación del país en el Mundial de Fútbol de 2026.