La Xunta activa una intervención urgente en el geriátrico de A Coruña después de que varias familias denunciaran graves deficiencias de higiene, atención sanitaria y control de medicación en un centro público gestionado por una empresa privada.
Lo que está ocurriendo en la residencia pública de Eirís ha encendido todas las alarmas en Galicia. Las denuncias de familiares describen escenas que cuestionan seriamente la calidad asistencial que reciben algunos mayores dependientes en un centro financiado con dinero público. La presión social y política ha obligado ahora a la Xunta a mover ficha de urgencia.
La Xunta reacciona tras una oleada de denuncias
La Consellería de Política Social ha anunciado una supervisión urgente sobre el funcionamiento de la nueva residencia pública de mayores de Eirís, en A Coruña, después de que familiares de residentes presentaran múltiples escritos ante la Inspección autonómica y la Valedora do Pobo.
El Gobierno gallego reconoce su preocupación por las incidencias detectadas y asegura que ya se celebró una reunión de emergencia con los responsables del centro para abordar las quejas. Desde la Xunta afirman que el “buen funcionamiento de los centros de atención a mayores es innegociable” y advierten de que actuarán “sin titubeos” si se confirman las irregularidades denunciadas.
La situación resulta especialmente sensible porque se trata de una residencia pública destinada a personas mayores dependientes, un colectivo especialmente vulnerable y que requiere vigilancia constante, protocolos sanitarios estrictos y una atención humana adecuada.
Denuncias de suciedad, retrasos y residentes desatendidos
Los testimonios trasladados por las familias dibujan un panorama preocupante. Entre las principales denuncias destacan:
- Restos biológicos en habitaciones y mobiliario
- Ropa de cama en malas condiciones
- Habitaciones sin acondicionar hasta avanzada la tarde
- Residentes acostados durante horas “hasta unir desayuno y comida”
- Retrasos en la atención básica
- Problemas en el control de medicación
- Caídas reiteradas con traslado hospitalario
Las familias consideran que existe una evidente falta de personal o una organización deficiente que estaría afectando directamente a la dignidad y seguridad de los usuarios.
Algunos allegados denuncian además una sensación de abandono institucional y exigen responsabilidades inmediatas ante lo que consideran un deterioro inaceptable en la calidad asistencial.
El debate sobre la gestión privada de servicios públicos
La residencia está gestionada por Ilunion, empresa que asegura disponer de protocolos específicos de higiene, atención sanitaria y prevención de riesgos. La compañía sostiene que revisa cada incidencia comunicada por los familiares y que aplica medidas correctoras cuando es necesario.
Sin embargo, el caso vuelve a abrir el debate sobre la externalización de servicios públicos esenciales y el control efectivo de las empresas adjudicatarias que gestionan centros para mayores.
En los últimos años, distintas residencias españolas han protagonizado polémicas relacionadas con falta de personal, sobrecarga laboral y deficiencias asistenciales. La diferencia, denuncian asociaciones de familiares, es que muchas veces las administraciones reaccionan únicamente cuando el conflicto ya ha estallado públicamente.
Crece la presión política y social en Galicia
El escándalo amenaza con convertirse en un nuevo foco de tensión política en Galicia. La oposición previsiblemente exigirá explicaciones sobre los mecanismos de inspección previos y sobre cómo pudo llegar a producirse esta situación en un centro de reciente apertura.
La presión social también aumenta porque afecta directamente a una de las mayores preocupaciones de miles de familias gallegas: el cuidado de los mayores dependientes en residencias públicas y concertadas.
Expertos del sector recuerdan que el envejecimiento de la población gallega obligará en los próximos años a reforzar los controles y aumentar los recursos destinados a atención geriátrica. Galicia es una de las comunidades con mayor índice de envejecimiento de toda España.
Un caso que pone el foco en el sistema de cuidados
El caso de Eirís no solo afecta a un centro concreto. También vuelve a poner sobre la mesa un debate incómodo sobre el modelo de atención a mayores, la fiscalización pública y la capacidad real de las administraciones para garantizar estándares dignos en los servicios asistenciales.
Mientras continúan las investigaciones y supervisiones anunciadas por la Xunta, las familias reclaman algo básico: que los mayores reciban la atención y el respeto que merecen después de toda una vida de esfuerzo.
La gran pregunta ahora es si esta intervención servirá realmente para corregir las deficiencias denunciadas o si estamos ante otro episodio que evidencia las grietas del sistema asistencial español.
Chollones
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