La Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, veta las propuestas de PP y Junts para que la Cámara inste a Pedro Sánchez a convocar elecciones. La decisión desata una tormenta política y alimenta las acusaciones de que el Gobierno teme exhibir su debilidad parlamentaria.
La polémica decisión que incendia el Congreso
Lo que ha ocurrido este martes en el Congreso podría convertirse en uno de los episodios más controvertidos de la legislatura.
La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría, ha decidido inadmitir las enmiendas presentadas por PP y Junts que buscaban que la Cámara se pronunciara sobre la necesidad de convocar elecciones generales anticipadas ante la creciente fragilidad política del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La decisión impide que el Pleno debata y vote una iniciativa que, aunque carecía de efectos jurídicamente vinculantes, habría permitido visualizar el verdadero respaldo parlamentario con el que cuenta actualmente el Gobierno.
Desde la oposición, la medida ha sido interpretada como una maniobra para evitar una fotografía política incómoda para Moncloa.
El argumento jurídico utilizado para bloquear la votación
Según fuentes de la Presidencia del Congreso, la inadmisión se fundamenta en el artículo 112 de la Constitución Española, al considerar que las propuestas de PP y Junts invadían competencias que corresponden exclusivamente al presidente del Gobierno.
La tesis defendida por la Mesa sostiene que la facultad de disolver las Cortes y convocar elecciones forma parte de las prerrogativas exclusivas del jefe del Ejecutivo y, por tanto, no puede ser objeto de una iniciativa parlamentaria de estas características.
Sin embargo, la oposición considera que el argumento resulta discutible, especialmente porque la propuesta tenía un carácter meramente político y no pretendía obligar jurídicamente al presidente a convocar comicios.
El PP acusa a Armengol de actuar al servicio de Sánchez
La reacción del Partido Popular fue inmediata.
La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, calificó la decisión de la Mesa como «arbitraria» y aseguró que demuestra dos cuestiones fundamentales: que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, «trabaja para Pedro Sánchez» y que el Ejecutivo teme una votación que evidencie su pérdida de apoyos.
Muñoz elevó además el tono de las críticas acusando al Gobierno de actuar desde el miedo político y anunció que el PP estudia presentar recursos e incluso posibles acciones legales.
Desde Génova consideran que el verdadero motivo del veto no es jurídico sino político: evitar que quede reflejada en el hemiciclo la falta de una mayoría estable que sostenga al Ejecutivo.
Junts denuncia una censura parlamentaria sin precedentes
La indignación tampoco se ha limitado al Partido Popular.
Fuentes de Junts per Catalunya calificaron la decisión como «inaudita» y sostienen que la iniciativa presentada se basaba en criterios similares a otros precedentes admitidos durante la legislatura.
Los independentistas llevan semanas insistiendo en que el Gobierno atraviesa una situación de «extrema debilidad política y parlamentaria» y consideran que impedir la votación confirma precisamente esa tesis.
Desde la formación de Carles Puigdemont sostienen que si el Ejecutivo estuviera convencido de mantener una mayoría sólida no tendría inconveniente en someterse a una votación de carácter político.
El precedente que incomoda al Gobierno
Uno de los aspectos que más controversia está generando es la comparación con un episodio anterior protagonizado también por Junts.
Hace poco más de un año, los independentistas registraron una iniciativa relacionada con una cuestión de confianza. Tras una reformulación del texto, la Mesa acabó permitiendo su tramitación.
El PP considera que existe una evidente contradicción entre aquella decisión y la actual.
La pregunta formulada por Ester Muñoz resume la posición de los populares:
«¿Por qué hace un año sí se podía y ahora no?»
La respuesta que ofrece el PP es contundente: porque ahora el Gobierno no quiere que se evidencie públicamente que ha perdido gran parte de sus apoyos parlamentarios.
Moncloa minimiza el movimiento de Junts
Desde el entorno de Pedro Sánchez intentan rebajar la tensión.
Fuentes gubernamentales aseguran que la iniciativa de Junts no constituye el primer paso hacia una moción de censura y recuerdan que la formación independentista ya había retirado previamente su apoyo político al Ejecutivo.
En Moncloa consideran que la situación no modifica sustancialmente el escenario político actual y mantienen que la legislatura puede continuar.
ERC y Bildu muestran diferencias con Junts
Entre los socios habituales del Gobierno también han aparecido matices significativos.
El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, lanzó un mensaje que muchos interpretan como una advertencia al Ejecutivo: prolongar la legislatura solo tiene sentido si existe un objetivo político claro.
Su reflexión fue directa: «Aguantar para nada es tontería».
Por su parte, EH Bildu rechazó la idea de adelantar elecciones y defendió que unos nuevos comicios únicamente beneficiarían a los partidos de derecha.
Vox reclama la dimisión inmediata del Ejecutivo
Desde Vox, la portavoz parlamentaria Pepa Millán fue aún más contundente.
Millán aseguró que el Gobierno debería dimitir y acusó al Ejecutivo de haber convertido las instituciones del Estado en una «macrocloaca».
La formación de Santiago Abascal insiste en que continuará impulsando cualquier iniciativa destinada a provocar la caída del Gobierno y exigir responsabilidades políticas y judiciales.
Una legislatura cada vez más frágil
Más allá de la batalla reglamentaria, el episodio refleja un problema político de fondo.
La negativa de la Mesa del Congreso llega en un momento en el que el Gobierno depende de alianzas cada vez más complejas y donde varios de sus socios parlamentarios han elevado notablemente el tono de sus críticas.
La cuestión que sobrevuela ahora la política española es evidente: si el Ejecutivo mantiene realmente una mayoría suficiente para completar la legislatura o si la presión de sus antiguos aliados acabará empujando al país hacia unas elecciones anticipadas.
La decisión de impedir la votación puede haber cerrado un debate parlamentario, pero difícilmente logrará apagar el debate político.
¿Estamos ante una defensa legítima de las competencias constitucionales o ante una maniobra para evitar que el Congreso visualice la verdadera debilidad del Gobierno?
Chollones
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