El juez Juan Carlos Peinado abre una pieza separada para investigar los hechos remitidos por la Fiscalía Europea sobre contratos financiados con fondos europeos, tras apreciar nuevos indicios relacionados con la adjudicación de Red.es.
La investigación judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, suma un nuevo capítulo. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir una pieza separada para investigar los hechos trasladados por la Fiscalía Europea, una decisión que vuelve a situar el foco sobre la utilización de fondos europeos en contratos adjudicados por la entidad pública Red.es.
El juez Peinado amplía la investigación sobre los contratos financiados con fondos europeos
El titular del Juzgado de Instrucción ha acordado formalmente la apertura de una nueva línea de investigación tras recibir el decreto emitido por la Fiscalía Europea el pasado 8 de junio de 2026, así como el atestado 28/2026 elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En la providencia judicial se ordena:
«Procédase a la apertura de pieza separada para la investigación de los hechos que se relatan en el Decreto de la Fiscalía Europea.»
Asimismo, el magistrado ha solicitado al Ministerio Fiscal que emita un informe sobre la posible tipificación penal de los hechos descritos en la documentación remitida.
El origen de la investigación: los contratos de Red.es
La nueva pieza tiene su origen en la investigación relacionada con la adjudicación de contratos financiados mediante fondos europeos a través de Red.es.
En junio de 2025, la Fiscalía Europea asumió la investigación de estos hechos al considerar que podían afectar a los intereses financieros de la Unión Europea, al tratarse de ayudas procedentes de financiación comunitaria.
Ahora, tras concluir determinadas actuaciones, la Fiscalía ha remitido nueva documentación al juez Peinado para que valore la existencia de posibles responsabilidades penales dentro de la causa principal.
La Fiscalía Europea habla de posibles indicios de criminalidad
En el decreto remitido al juzgado, la Fiscalía Europea sostiene que determinados hechos relacionados con el expediente EX 044/20 no habían sido previamente conocidos por el órgano instructor.
Según el documento, resulta necesario ponerlos en conocimiento del juez para que pueda decidir si procede ampliar la investigación, al existir indicios de criminalidad que no formaban parte inicialmente del procedimiento.
La Fiscalía señala que determinadas referencias al expediente fueron consideradas indiciariamente constitutivas de infracción penal, circunstancia que motivó en su momento la intervención del organismo europeo.
Sospechas sobre la valoración de una adjudicación pública
Uno de los aspectos que centran la investigación hace referencia a la supuesta omisión deliberada de información que, según la Fiscalía Europea, debía aparecer en un informe de valoración utilizado durante un proceso de contratación pública.
De acuerdo con el decreto, esa omisión habría podido favorecer la adjudicación a un licitador concreto, coincidiendo con una de las empresas investigadas dentro del procedimiento europeo.
La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa y de fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, sin perjuicio de que las diligencias en curso determinen si concurren otros posibles delitos relacionados con el uso indebido de fondos públicos.
Una investigación que sigue ampliándose
La apertura de esta pieza separada no supone la formulación de una acusación ni implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad de ninguna persona investigada. Se trata de una decisión procesal destinada a analizar de forma específica los hechos remitidos por la Fiscalía Europea y determinar si existen responsabilidades penales.
No obstante, la resolución vuelve a incrementar la presión judicial sobre uno de los procedimientos con mayor repercusión política de los últimos años, al afectar al entorno más cercano del presidente del Gobierno.
Con esta nueva actuación, el juez Peinado mantiene abierta la instrucción y amplía el alcance de las pesquisas, mientras la documentación aportada por la Fiscalía Europea y la UCO será objeto de un examen detallado antes de decidir los próximos pasos de la investigación.
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