La operación de la Policía Nacional incluye registros en siete provincias y en la sede central del colectivo. Los investigadores indagan posibles delitos de odio y asociación ilícita tras varios incidentes, entre ellos los altercados denunciados en Gijón.
Doce detenidos y registros en siete provincias: operación contra Núcleo Nacional
La Policía Nacional ha desplegado una operación contra Núcleo Nacional que se ha saldado, por el momento, con 12 detenidos y registros en siete provincias españolas. La actuación, coordinada por la Comisaría General de Información, incluye la sede central de la organización en Madrid y se desarrolla en el marco de una investigación judicial que continúa abierta.
Los arrestos se han practicado en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante. Según fuentes policiales citadas por Europa Press, los investigados estarían presuntamente relacionados con delitos de odio y asociación ilícita.
La operación llega después de varios incidentes vinculados al colectivo, entre ellos unos altercados en Gijón en los que varios estudiantes denunciaron haber sido agredidos por integrantes de la organización.
La actuación policial supone un nuevo episodio en el seguimiento de un grupo que ha protagonizado concentraciones y movilizaciones polémicas en distintas ciudades españolas.
Sin embargo, conviene distinguir entre los hechos confirmados y las responsabilidades que todavía deben determinar los tribunales: los detenidos son investigados, no condenados, y las diligencias permanecen abiertas.
Dónde se han producido las detenciones y los registros
El dispositivo policial se ha extendido por siete provincias y ha incluido actuaciones en diferentes puntos del territorio nacional.
Las localizaciones comunicadas son:
- Madrid: registro de la sede central de Núcleo Nacional.
- Asturias: actuaciones relacionadas con la investigación de los incidentes de Gijón.
- Guadalajara: registros y detenciones.
- Valladolid: actuaciones policiales dentro del operativo.
- Pontevedra: intervención de los agentes.
- Burgos: registros y arrestos.
- Alicante: actuaciones vinculadas a la operación.
El despliegue está coordinado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, especializada en investigaciones relacionadas con amenazas a la seguridad y actividades de organizaciones extremistas.
Las fuentes policiales han confirmado a Europa Press que la operación deja un balance de doce detenidos, aunque no se descartan nuevas actuaciones mientras continúe la investigación.
Los presuntos delitos investigados: odio y asociación ilícita
Uno de los aspectos centrales de la operación es la investigación de dos posibles delitos: delito de odio y asociación ilícita.
El delito de odio, regulado en el artículo 510 del Código Penal, contempla determinadas conductas de incitación al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra personas o grupos por motivos protegidos por la ley.
La asociación ilícita, por su parte, está regulada en el artículo 515 del Código Penal y contempla diferentes supuestos de asociaciones cuya finalidad o actividad puede resultar contraria al ordenamiento jurídico.
La investigación deberá determinar si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades individuales y establecer qué papel habría desempeñado cada detenido.
No basta con pertenecer a un colectivo polémico para demostrar la comisión de un delito. La responsabilidad penal exige acreditar conductas concretas y cumplir las garantías procesales.
Por eso, el resultado de los registros y las diligencias judiciales será determinante para conocer el alcance real de la operación.
Los altercados de Gijón, en el origen de la actuación policial
La investigación está relacionada, entre otros episodios, con unos incidentes registrados en Gijón.
Durante una protesta vinculada a Núcleo Nacional, varios estudiantes denunciaron haber sufrido agresiones por parte de integrantes del colectivo.
Estos hechos forman parte del contexto que ha llevado a las autoridades a intensificar las investigaciones sobre la organización.
La Policía trata de esclarecer la posible participación de miembros del grupo en los incidentes y determinar si existió una actuación organizada.
La investigación deberá aclarar qué ocurrió exactamente, quién participó y si los hechos pueden encajar en los delitos que se investigan.
La actuación policial no supone que todas las personas vinculadas al colectivo hayan cometido infracciones penales. La responsabilidad debe determinarse individualmente.
Un grupo que ha protagonizado concentraciones en Madrid y Sevilla
Núcleo Nacional ha adquirido visibilidad pública a través de diferentes concentraciones y movilizaciones políticas.
Entre los episodios mencionados en las informaciones policiales y periodísticas figuran actuaciones en Madrid y Sevilla, además de protestas relacionadas con la crisis migratoria de Ceuta.
El colectivo también participó en las movilizaciones celebradas en noviembre de 2023 frente a la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, durante las protestas contra la Ley de Amnistía.
Aquellas concentraciones estuvieron marcadas por una fuerte tensión política y episodios de altercados que generaron una amplia repercusión pública.
La actividad de Núcleo Nacional se ha desarrollado en un contexto de polarización política, protestas contra las políticas migratorias y movilizaciones de grupos radicales.
Las autoridades mantienen el seguimiento de estas organizaciones cuando existen indicios de posibles delitos, independientemente de que sus integrantes defiendan posiciones políticas radicales.
La actividad de los grupos extremistas vuelve al centro del debate sobre la seguridad
La operación vuelve a poner sobre la mesa una cuestión relevante: cómo deben actuar las instituciones ante organizaciones que utilizan movilizaciones públicas para difundir mensajes radicales y que aparecen vinculadas a incidentes violentos.
En una democracia, la libertad ideológica y el derecho de reunión están protegidos por la Constitución. Sin embargo, esos derechos no amparan agresiones, amenazas ni conductas delictivas.
El Estado debe garantizar que cualquier grupo pueda ejercer sus derechos dentro de la legalidad, pero también debe investigar con firmeza los episodios de violencia y las posibles estructuras organizadas que los faciliten.
La respuesta policial debe apoyarse en pruebas, respetar las garantías judiciales y evitar que la lucha contra el extremismo se convierta en una actuación arbitraria.
La investigación sobre Núcleo Nacional tendrá que determinar si los hechos denunciados responden a actuaciones individuales o si existió una estructura organizada con responsabilidad penal.
Qué se sabe y qué falta por esclarecer
A fecha de 6 de noviembre de 2026, los datos confirmados sobre la operación son los siguientes:
| Dato | Información confirmada |
|---|---|
| Organización investigada | Núcleo Nacional |
| Detenidos | 12 |
| Provincias afectadas | 7 |
| Sede registrada | Madrid |
| Unidad responsable | Comisaría General de Información |
| Delitos investigados | Odio y asociación ilícita |
| Investigación | En curso |
Todavía quedan preguntas importantes por resolver:
- Qué pruebas se han obtenido durante los registros.
- Qué participación concreta se atribuye a cada detenido.
- Si se producirán nuevos arrestos.
- Qué relación tienen los investigados con los altercados de Gijón.
- Qué decisiones adoptará el juzgado encargado de las diligencias.
La investigación continúa abierta y las autoridades no han facilitado todos los detalles del procedimiento.
La Justicia deberá determinar las responsabilidades individuales
La operación contra Núcleo Nacional constituye una de las actuaciones policiales más relevantes de los últimos días contra un colectivo de extrema derecha en España.
Los doce arrestos y los registros en siete provincias reflejan la dimensión territorial del dispositivo y la importancia que las autoridades conceden a los hechos investigados.
Pero el desenlace no se decidirá en las redes sociales ni en el debate político. Serán los tribunales quienes deberán determinar si existen delitos y quiénes son responsables de ellos.
La seguridad pública exige perseguir las agresiones y las organizaciones delictivas con independencia de su ideología. También exige respetar la presunción de inocencia y evitar condenas anticipadas.
La pregunta que deberá responder la investigación es si los incidentes denunciados en Gijón y otros episodios relacionados con el colectivo responden a conductas aisladas o forman parte de una actividad organizada con relevancia penal.
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