El Ministerio de Trabajo y Economía Social, junto a los departamentos de Igualdad y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, prepara una nueva reforma que obligará a las empresas de 50 o más empleados a incrementar la transparencia salarial con el objetivo de combatir la brecha retributiva entre hombres y mujeres.
El Ejecutivo ha elaborado un borrador de Real Decreto que modificará la normativa vigente sobre igualdad retributiva y adaptará la legislación española a las exigencias marcadas por la Directiva europea sobre transparencia salarial.
Más obligaciones para las empresas
La futura normativa pretende reforzar el acceso de los trabajadores a la información sobre las políticas salariales de sus empresas y facilitar la detección de posibles diferencias retributivas por razón de sexo.
Entre las principales medidas que estudia el Gobierno destacan:
- Mayor transparencia sobre los criterios utilizados para fijar los salarios.
- Obligación de informar sobre las diferencias retributivas entre hombres y mujeres.
- Refuerzo de los registros salariales ya existentes.
- Nuevas obligaciones de información para las empresas de 50 o más trabajadores.
El objetivo es que tanto empleados como representantes sindicales puedan conocer con mayor claridad cómo se determinan las retribuciones dentro de cada organización.
Adaptación a la normativa europea
La reforma responde a la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español la nueva Directiva de Transparencia Salarial de la Unión Europea, aprobada para reforzar el principio de igual retribución por un trabajo de igual valor.
La norma comunitaria obliga a los Estados miembros a establecer mecanismos que permitan identificar posibles discriminaciones salariales y garantizar una mayor transparencia en los procesos de contratación y promoción profesional.
España ya cuenta con instrumentos como los registros retributivos y las auditorías salariales, aunque el nuevo Real Decreto ampliará previsiblemente estas obligaciones.
Las empresas de 50 empleados, en el centro de la reforma
Uno de los aspectos más relevantes del borrador es que las nuevas exigencias afectarán especialmente a las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores.
Estas organizaciones ya están obligadas actualmente a disponer de planes de igualdad, por lo que el Gobierno pretende integrar las nuevas medidas de transparencia dentro de ese marco normativo.
Las empresas deberán acreditar con mayor detalle que las diferencias salariales responden a criterios objetivos y no a una discriminación por razón de género.
Objetivo: reducir la brecha salarial
El Ejecutivo sostiene que una mayor transparencia permitirá detectar con más facilidad desigualdades retributivas y favorecer su corrección.
Los ministerios implicados consideran que conocer cómo se fijan los salarios y disponer de información comparable constituye una herramienta fundamental para avanzar hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el mercado laboral.
El texto todavía no es definitivo
Por el momento, el proyecto se encuentra en fase de tramitación y deberá superar los distintos informes preceptivos antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros.
Durante ese proceso podrían introducirse modificaciones tanto en el alcance de las obligaciones como en los plazos de aplicación.
Si finalmente el Real Decreto sale adelante, miles de empresas españolas deberán revisar sus políticas retributivas y adaptar sus procedimientos internos para cumplir con las nuevas exigencias de transparencia impulsadas por el Gobierno.
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