Casi tres años después de una de las mayores tragedias vividas en Murcia, el incendio de las discotecas de Atalayas entra en una fase judicial decisiva. Siete personas se sentarán en el banquillo por unos hechos que dejaron 13 muertos y otros 13 lesionados.
La magistrada de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia ha acordado la apertura de juicio oral y la remisión de la causa a la Audiencia Provincial de Murcia. La Fiscalía reclama penas que alcanzan los ocho años y seis meses de prisión para varios acusados.
El incendio de Atalayas llega a juicio con siete acusados
La resolución judicial considera procedente abrir juicio después de que el Ministerio Fiscal, distintas acusaciones particulares y la acusación popular formularan sus respectivos escritos.
La jueza concluye que no concurre causa de sobreseimiento y acuerda continuar el procedimiento abreviado contra siete procesados.
Cuatro de ellos afrontarán acusaciones por 13 delitos de homicidio por imprudencia grave, otros 13 delitos de lesiones por imprudencia grave y un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
Los otros tres acusados responderán por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
La «notoria gravedad» de una tragedia con 13 fallecidos
Las acusaciones sostienen la agravación por la «notoria gravedad» de los hechos debido al elevado número de víctimas mortales.
El incendio de las discotecas de Atalayas ocurrió en octubre de 2023 y provocó la muerte de 13 personas. La tragedia marcó a Murcia y abrió una compleja investigación sobre la gestión de los locales, las condiciones laborales y las circunstancias que rodearon el fuego.
Ahora será la Audiencia Provincial la encargada de valorar las pruebas y determinar la posible responsabilidad penal de cada acusado.
La Fiscalía pide hasta ocho años y medio de prisión
La Fiscalía solicita penas de hasta ocho años y seis meses de cárcel para varios de los procesados, además de diferentes periodos de inhabilitación.
Algunas acusaciones particulares y la acusación popular elevan sus peticiones hasta los nueve años de prisión, junto con otras medidas accesorias.
Estas solicitudes son, por el momento, peticiones de condena de las acusaciones. Los siete acusados mantienen su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Una fianza conjunta de casi 8,8 millones de euros
La jueza ha fijado una fianza conjunta cercana a los 8,8 millones de euros para garantizar las eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso.
Los procesados permanecerán en libertad. Según la información publicada sobre el auto, la resolución no aprecia un riesgo de fuga que justifique una medida cautelar más restrictiva.
La elevada cantidad reclamada como garantía refleja la dimensión económica que pueden alcanzar las indemnizaciones si finalmente existen condenas y responsabilidades civiles.
El Ayuntamiento de Murcia queda fuera como responsable civil subsidiario
Uno de los puntos más relevantes del auto afecta al Ayuntamiento de Murcia.
La magistrada ha rechazado declararlo responsable civil subsidiario, al entender que no concurren los requisitos jurídicos necesarios para adoptar esa decisión dentro del procedimiento.
La decisión resulta especialmente significativa después del intenso debate generado por las irregularidades administrativas que rodearon a los locales y por las críticas planteadas tras la tragedia.
Empleados sin contrato ni formación, entre las cuestiones del caso
La causa también ha puesto el foco en las condiciones de algunos trabajadores. Según la información conocida sobre la investigación y las acusaciones, se detectó la existencia de empleados sin contrato y sin formación en prevención de incendios, circunstancia relacionada con la acusación por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores que afrontan cuatro procesados.
Este aspecto será una de las cuestiones que deberá analizarse durante la vista oral.
Tres años esperando respuestas por la tragedia de Murcia
La apertura de juicio oral supone un paso decisivo, pero no equivale a una condena.
Será durante el juicio cuando las acusaciones deberán sostener sus tesis, las defensas podrán combatirlas y el tribunal analizará las pruebas practicadas antes de dictar sentencia.
Para las familias de las 13 víctimas mortales del incendio de Atalayas, comienza una fase crucial después de casi tres años de investigación.
Trece muertos, trece lesionados, siete acusados y una fianza cercana a los 8,8 millones de euros. Murcia mira ahora a los tribunales para conocer las responsabilidades de una tragedia que sigue reclamando respuestas.
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