Carles Puigdemont ha llevado el conflicto por la aplicación de la Ley de Amnistía a Bruselas. El líder de Junts solicita a la Comisión Europea que abra un procedimiento de infracción contra España tras considerar que el Tribunal de Cuentas está incumpliendo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La batalla política y judicial en torno a la Ley de Amnistía suma un nuevo capítulo. El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea en la que acusa al Estado español de incumplir la aplicación de la norma tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El escrito, firmado también por los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, solicita a Bruselas que inicie un procedimiento de infracción contra el Reino de España, al considerar que el Tribunal de Cuentas está retrasando de forma indebida la aplicación de la amnistía reconocida por la legislación vigente.
Puigdemont recurre a Bruselas tras la sentencia del TJUE
La iniciativa llega pocos días después de que el TJUE dictara una resolución sobre la Ley de Amnistía, una norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez como parte de los acuerdos alcanzados con Junts para facilitar su investidura.
Mientras el Ejecutivo ha defendido que la sentencia europea respalda la compatibilidad de la ley con el Derecho de la Unión, desde la oposición se mantiene una fuerte crítica política, sosteniendo que la amnistía fue una concesión pactada con los partidos independentistas para garantizar la continuidad del Gobierno.
Qué reclama Puigdemont a la Comisión Europea
El escrito, presentado por el abogado Gonzalo Boye ante la Secretaría General de la Comisión Europea, solicita que Bruselas active un procedimiento de infracción contra España.
En concreto, reclama que la Comisión remita una carta de emplazamiento urgente al Estado español por entender que el Tribunal de Cuentas no ha ejecutado correctamente los efectos de la Ley de Amnistía.
Según el documento, esta situación mantiene vigentes medidas cautelares que afectan a los denunciantes por un importe superior a 9,5 millones de euros.
El foco, sobre la actuación del Tribunal de Cuentas
La denuncia sostiene que el Tribunal de Cuentas no ha aplicado todavía la amnistía pese al pronunciamiento del TJUE.
Según la versión de la defensa de Puigdemont, el órgano fiscalizador optó por abrir un nuevo trámite de alegaciones de diez días, en lugar de ejecutar directamente los efectos de la resolución europea.
Los denunciantes consideran que esa decisión supone una suspensión «de facto» de la aplicación de la Ley de Amnistía.
Acusan a España de incumplir el Derecho europeo
El escrito sostiene que la actuación del Tribunal de Cuentas vulnera el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, relativo al principio de cooperación leal entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias.
Según la denuncia, los órganos nacionales deben garantizar la correcta ejecución de las resoluciones dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y evitar actuaciones que puedan poner en riesgo los objetivos del Derecho comunitario.
La defensa de Puigdemont argumenta que el retraso en la aplicación de la amnistía supondría un incumplimiento de esas obligaciones.
Una nueva batalla política en torno a la amnistía
La Ley de Amnistía continúa siendo uno de los asuntos más controvertidos de la política española.
Desde su aprobación, la norma ha generado un intenso enfrentamiento institucional entre el Gobierno, distintos órganos judiciales y los partidos de la oposición.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la ley busca cerrar el conflicto político derivado del proceso independentista catalán, sus detractores consideran que supone una cesión política sin precedentes a los partidos secesionistas.
La presentación de esta denuncia ante la Comisión Europea traslada ahora ese debate al ámbito comunitario.
¿Qué puede hacer ahora la Comisión Europea?
La Comisión Europea deberá analizar la documentación presentada antes de decidir si existen motivos suficientes para iniciar un procedimiento de infracción contra España.
La apertura de este tipo de expedientes corresponde exclusivamente al Ejecutivo comunitario y exige un análisis jurídico previo sobre la existencia de un posible incumplimiento del Derecho de la Unión.
En caso de apreciar indicios, Bruselas podría remitir una carta de emplazamiento al Estado español solicitando explicaciones antes de decidir si continúa o no el procedimiento.
Por el momento, la denuncia presentada por Puigdemont no implica que la Comisión haya asumido sus argumentos ni que vaya a abrir automáticamente un expediente.
La batalla judicial continúa abierta
La aplicación de la Ley de Amnistía sigue generando distintos procedimientos ante los tribunales españoles y europeos.
Las resoluciones que adopten en las próximas semanas el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo y las instituciones comunitarias serán determinantes para definir el alcance definitivo de una norma que continúa marcando el debate político y jurídico en España.
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