El Gobierno de España suspendió el pasado lunes a Holaluz como comercializadora de electricidad debido al incumplimiento de obligaciones para realizar su actividad comercial, según informó el Ministerio para la Transición Ecológica. Esta medida ha generado incertidumbre sobre el futuro de la compañía y el traspaso de sus clientes a un comercializador de referencia del mercado regulado.
Según datos financieros de la compañía, Holaluz cerró el ejercicio de 2025 con una deuda neta de 44,7 millones de euros. Aproximadamente el 70 % de esta deuda está respaldada por créditos ofrecidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), lo que implica que, en caso de impago, una parte de la deuda podría ser asumida por el Estado y, en última instancia, por los contribuyentes.
La compañía detalló en su informe anual que cuenta con un plan de reestructuración de deuda vigente desde el 29 de julio de 2025, cubriendo la totalidad de la deuda sin quitas. Este plan, respaldado en cerca de un 70 % por el ICO, tiene vigencia hasta 2028 y contempla la renuncia de parte de los acreedores a ciertas cláusulas contractuales hasta 2026.
En el informe, Holaluz señaló condiciones del mercado que favorecen su modelo de negocio, como la normativa sobre autoconsumo energético, la línea verde del ICO con 22 000 millones de euros disponibles, y la reducción de costes en sistemas fotovoltaicos y baterías. Asimismo, destacó la mejora en indicadores financieros como la reducción del Euribor al 2,2 % a mediados de 2025.
La CEO de Holaluz, Carlota Pi, ha declarado que los problemas actuales son de carácter administrativo y puntual, y ha asegurado que se resolverán próximamente. También señaló que su empresa requiere importantes esfuerzos de tesorería debido a su fase de crecimiento y defendió su modelo como innovador en el contexto energético.
Los clientes afectados, que suman más de 221 650 contratos energéticos, serán trasladados al mercado regulado, aunque las condiciones y tiempos de este proceso se mantienen en observación. La situación abre un debate sobre los criterios de concesión de préstamos del ICO y la responsabilidad final del Estado en caso de impagos dentro del sector energético en España.