Los incendios forestales que afectaron en julio de 2026 a provincias como Almería, Madrid, Guadalajara y Ávila han puesto en evidencia la vulnerabilidad de España frente a fuegos de gran magnitud. Miles de hectáreas resultaron calcinadas, numerosas evacuaciones se llevaron a cabo y se registraron daños materiales significativos, generando un alto impacto económico para las administraciones públicas y las economías locales.
Según estimaciones publicadas en 2025, el impacto económico agregado de los grandes incendios en España alcanzó aproximadamente los 10 000 millones de euros. Esta cifra incluye gastos en extinción, restauración ambiental, reconstrucción de infraestructuras, ayudas públicas y pérdidas en sectores como la agricultura, ganadería y turismo. Aunque no existe una única estimación oficial, es indudable que cada gran incendio requiere movilización de cientos de millones de euros en recursos públicos y privados.
Tras la campaña de incendios en Galicia hace menos de un año, la Unión Europea aprobó una ayuda extraordinaria de 120,55 millones de euros a través del Fondo de Solidaridad para España, además de que el Ministerio para la Transición Ecológica destinó 34,5 millones para restauración hidrológico-forestal en las zonas afectadas. Estas cantidades no incluyen pérdidas directas de propietarios ni el impacto económico derivado de la interrupción de actividades económicas.
El 95 % de los incendios forestales en España están vinculados a causas humanas como negligencias, accidentes o acciones intencionadas, mientras que las causas naturales representan un porcentaje menor, según estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica.
En cuanto a la gestión y prevención, expertos y organizaciones del sector forestal señalan que factores como el despoblamiento rural, la reducción de la ganadería extensiva y una regulación compleja afectan la capacidad para realizar labores preventivas. Actividades tradicionales como podas, desbroces y pastoreo, que ayudaban a mantener los montes en condiciones menos propensas al fuego, enfrentan actualmente numerosos obstáculos administrativos que retrasan o dificultan su ejecución.
En el contexto de la extinción, durante los incendios recientes se detectó que dos hidroaviones anfibios Canadair Super Scooper permanecían estacionados en el aeropuerto de Salamanca sin participar en las operaciones. Estas aeronaves, propiedad de Bridger Aerospace y operadas por Avincis en Europa, son medios eficaces para combatir incendios por su capacidad de carga rápida de agua. La inmovilización de estas aeronaves se atribuye a razones administrativas y políticas relacionadas con la flota estatal de hidroaviones.
Actualmente, España cuenta con seis aviones anfibios estatales operativos de los catorce que forman la flota; los demás están fuera de servicio por mantenimiento o reparación. La contratación de los hidroaviones disponibles podría evidenciar la necesidad de recurrir a aeronaves previamente pertenecientes a la flota pública y vendidas, según fuentes consultadas.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha adjudicado contratos por 187,7 millones de euros para medios aéreos de lucha contra incendios para el periodo 2025-2027. Sin embargo, la gestión eficiente de estos recursos y la eliminación de obstáculos administrativos son aspectos clave para mejorar la respuesta ante emergencias.
La recuperación y mantenimiento de incentivos para la actividad económica en el monte, así como una gestión sostenible y preventiva del territorio, se plantean como elementos fundamentales para reducir la acumulación de biomasa y, en consecuencia, disminuir el riesgo de incendios de gran escala. La prevención puede incluir actividades como pastoreo extensivo, tratamientos selvícolas, limpieza de cortafuegos y aprovechamientos forestales, que tienen menores costes y aportan dinamismo al medio rural.
En resumen, la política forestal en España se enfrenta al reto de equilibrar la inversión en medios de extinción con la mejora de las condiciones previas que evitan que los incendios se conviertan en catástrofes. El impacto significativo de los incendios recientes evidencia la importancia de una gestión integral que combine prevención, regulación adecuada y respuesta rápida para minimizar costes económicos y sociales.