La política comercial del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un nuevo desafío legal en su país. Este lunes, la mitad de los estados norteamericanos presentaron una demanda contra la imposición de nuevos aranceles que oscilan entre el 10 % y el 12,5 %, afectando a más de 80 países, incluido un amplio conjunto de socios comerciales como la Unión Europea.
Estos aranceles se basan en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza la aplicación de medidas contra prácticas comerciales consideradas desleales por Estados Unidos. Sin embargo, los estados demandantes, entre ellos Oregón, Arizona y California, sostienen que estas tasas son ilegales, siguiendo el precedente de una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos dictada en febrero, que declaró inconstitucionales aranceles previamente impuestos por el expresidente.
La demanda argumenta que la imposición unilateral de estos gravámenes no sigue los procedimientos legales establecidos y que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, no cumplió con los requisitos normativos para justificar estas medidas. Además, los estados demandantes reclaman la devolución de los pagos ya realizados por estas tasas.
En febrero, el Tribunal Supremo consideró que los aranceles implementados por Trump violaban la ley federal al ser impuestos unilateralmente bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). A raíz de esta decisión, se han recibido solicitudes para devoluciones por un valor aproximado de 166 000 millones de dólares, correspondientes a pagos efectuados entre enero y diciembre de 2025, período en que Estados Unidos recaudó más de 200 000 millones de dólares por concepto de aranceles.
Tras aquella sentencia, se autorizó la aplicación de un arancel global del 10 %, pero fue declarado ilegal nuevamente por un tribunal de comercio y expiró recientemente tras un proceso de apelación. Además, algunas empresas presentaron demandas contra estos recientes aranceles alegando incumplimientos en las investigaciones específicas por país requeridas por la ley.
Para contextuar, estas medidas arancelarias afectan a la dinámica comercial global, incluyendo relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, con potenciales repercusiones en las cadenas de suministro y costes para importadores y consumidores a nivel internacional.