El Gobierno de Pedro Sánchez reclama a Giorgia Meloni que elimine antes del 9 de agosto los controles impuestos a viajeros procedentes de España y amenaza con responder con “medidas proporcionales” si Roma no rectifica. La crisis de Ceuta abre así un nuevo choque diplomático dentro de la Unión Europea.
España eleva el tono contra Italia por los controles tras la crisis de Ceuta
La tensión entre España e Italia por las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta ha escalado un nuevo peldaño. El Gobierno de Pedro Sánchez ha exigido este viernes al Ejecutivo de Giorgia Meloni que retire los controles fronterizos introducidos para determinados viajeros procedentes de España y ha fijado como fecha límite el próximo domingo 9 de agosto.
Si Roma no rectifica, el Ejecutivo español asegura que adoptará “medidas proporcionales” para defender los intereses de los ciudadanos españoles.
El enfrentamiento abre una nueva grieta entre dos de los principales países de la Unión Europea y sitúa el funcionamiento del espacio Schengen en el centro del debate político.
El Gobierno considera la decisión italiana “injusta y discriminatoria”
En un comunicado oficial, el Ejecutivo español sostiene que la decisión de Italia es “injusta, contraria a los intereses de la Unión Europea y discriminatoria para la población española”.
Madrid reclama que los españoles reciban el mismo trato que el resto de ciudadanos europeos y considera que las medidas adoptadas por Roma han generado problemas durante uno de los periodos con mayor volumen de desplazamientos turísticos del año.
El mensaje enviado a Italia es especialmente contundente:
si los controles no desaparecen antes de que termine el domingo, España responderá.
Por el momento, el Gobierno no ha detallado qué medidas concretas podría adoptar.
Italia justificó los controles por razones de seguridad
El Ejecutivo de Giorgia Meloni anunció la medida después de la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta.
Italia defendió entonces que se trataba de una decisión extraordinaria destinada a “salvaguardar la seguridad nacional” y prevenir posibles movimientos secundarios de inmigrantes hacia su territorio.
Los controles afectan especialmente a ciudadanos extracomunitarios que viajan entre ambos países por avión o barco.
El Gobierno italiano ha defendido repetidamente una política de mayor vigilancia sobre las fronteras exteriores de la Unión Europea y ha convertido la lucha contra la inmigración irregular en uno de los ejes centrales de su acción política.
España acusa a Roma de actuar unilateralmente
El Gobierno español sostiene que los controles fueron aprobados sin comunicación previa suficiente y cuestiona que las razones alegadas por Italia encajen con el Código de Fronteras Schengen.
El Ejecutivo afirma además que la medida ya ha afectado a miles de pasajeros y ha provocado “inseguridad jurídica” en plena temporada vacacional.
Madrid insiste también en que la situación registrada en Ceuta no supone automáticamente que las personas que entraron irregularmente puedan desplazarse libremente por toda Europa.
Ceuta tiene un régimen especial dentro de Schengen
Uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno español es que Ceuta cuenta con un régimen específico dentro del espacio Schengen.
Por tanto, las personas que acceden irregularmente a la ciudad autónoma no obtienen automáticamente libertad de circulación por el resto del territorio europeo.
Además, el Ejecutivo sostiene que la mayoría de las personas que participaron en la entrada masiva ya han sido retornadas a Marruecos, reduciendo así el riesgo de movimientos secundarios hacia otros Estados miembros.
Sánchez responde señalando la presión migratoria sobre Italia
El comunicado del Gobierno también entra de lleno en la batalla política con Roma.
España recuerda que Italia ha soportado durante años una de las mayores presiones migratorias de Europa, especialmente a través de la ruta del Mediterráneo central y de la isla de Lampedusa.
Madrid reprocha además al Ejecutivo italiano que introduzca ahora controles contra España cuando, según sostiene, el país nunca aplicó medidas equivalentes contra ciudadanos procedentes de Italia durante anteriores crisis migratorias.
El Gobierno español reivindica asimismo su participación en mecanismos europeos de solidaridad y acogida de inmigrantes llegados a territorio italiano.
De la crisis de Ceuta a una disputa europea
Lo que comenzó como una emergencia fronteriza en Ceuta se ha convertido rápidamente en un problema diplomático de dimensión europea.
Durante los últimos días, varios países han mostrado preocupación por las posibles consecuencias de la crisis para la libre circulación dentro de Schengen, mientras España defiende que la situación se encuentra bajo control y rechaza que existan motivos para aplicar restricciones adicionales a sus ciudadanos.
Italia, por el contrario, insiste en que los Estados tienen derecho a adoptar medidas preventivas cuando consideran amenazada su seguridad.
Schengen permite controles temporales, pero con condiciones
El Código de Fronteras Schengen permite a los Estados miembros reintroducir temporalmente controles en sus fronteras interiores cuando existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior.
Sin embargo, esas medidas deben cumplir requisitos de necesidad, proporcionalidad y duración limitada, además de estar debidamente justificadas.
Precisamente ahí se encuentra ahora el núcleo del enfrentamiento entre Madrid y Roma: España considera que la respuesta italiana es desproporcionada, mientras Italia sostiene que las circunstancias extraordinarias derivadas de Ceuta justifican reforzar la vigilancia.
Una nueva crisis entre Sánchez y Meloni
Las relaciones entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni ya venían marcadas por importantes diferencias en materia migratoria.
Mientras el Gobierno español suele defender una respuesta basada en la coordinación europea y mecanismos comunes de acogida, el Ejecutivo italiano ha convertido el endurecimiento del control fronterizo y los acuerdos con terceros países en una prioridad política.
La crisis de Ceuta ha llevado esas diferencias a un terreno mucho más directo: la movilidad de los propios viajeros entre España e Italia.
El domingo, fecha límite
La atención está ahora puesta en Roma.
El Gobierno español ha fijado el domingo 9 de agosto como plazo para que Italia retire los controles y vuelva a tratar a los viajeros procedentes de España bajo las condiciones habituales del espacio europeo de libre circulación.
Si Meloni mantiene la medida, Sánchez deberá decidir qué significa exactamente su amenaza de aplicar “medidas proporcionales”.
La disputa podría convertirse así en uno de los mayores enfrentamientos recientes entre dos socios comunitarios por la aplicación de Schengen, en un momento en el que la inmigración vuelve a poner a prueba la cohesión interna de la Unión Europea.
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