El PP acusa al presidente de «mentir» sobre los avisos del CNI, mientras Sumar, Podemos, ERC y Compromís cuestionan desde distintos ángulos la respuesta del Gobierno y reclaman mayor firmeza ante Marruecos.
La gestión de Pedro Sánchez de la crisis migratoria de Ceuta ha abierto una llamativa brecha política que trasciende a la oposición. El PP acusa al presidente de «mentir» sobre la información previa que manejaban los servicios de inteligencia, mientras varios partidos situados a la izquierda del PSOE también reprochan al Ejecutivo su actitud hacia Marruecos.
Las críticas llegaron después de que Sánchez defendiera públicamente la actuación de su Gobierno y afirmara que los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la situación migratoria no anticipaban una entrada de la magnitud registrada los días 30 y 31 de julio. Esa es la versión del presidente; el PP sostiene que debe esclarecerse judicial y parlamentariamente qué información manejaba realmente el Ejecutivo antes de la crisis.
El PP acusa a Sánchez de «mentir» sobre la crisis de Ceuta
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, cargó contra las explicaciones de Sánchez y también contra sus palabras sobre una futura visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla.
El presidente había cuestionado públicamente la ausencia de visitas del Rey durante lo que calificó erróneamente como «más de 20 años» de reinado. Felipe VI fue proclamado rey el 19 de junio de 2014, por lo que en 2026 lleva algo más de 12 años en el trono.
Muñoz calificó de «patético y cobarde» utilizar al monarca en esta controversia y recordó que el Rey no decide unilateralmente su agenda institucional, sino que sus actos se desarrollan dentro del marco constitucional y requieren el correspondiente refrendo.
Desde el PP sostienen que, si Felipe VI no ha realizado anteriormente una visita oficial a las ciudades autónomas durante su reinado, la responsabilidad política no puede atribuirse simplemente a Zarzuela.
Sémper denuncia una «externalización de la culpa»
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, centró sus críticas en las explicaciones ofrecidas por Sánchez sobre el origen y desarrollo de la crisis.
Según Sémper, el Gobierno mantiene una estrategia de «permanente externalización de la culpa» cada vez que afronta una crisis.
El PP considera difícil asumir que un movimiento de decenas de miles de personas hacia la frontera pudiera producirse sin señales previas suficientes y reclama conocer exactamente qué información recibió el Gobierno, cuándo la recibió y qué decisiones adoptó.
El partido ya se ha personado como acusación en el procedimiento judicial relacionado con los acontecimientos de Ceuta, según la información aportada. Esa personación no demuestra por sí misma responsabilidad penal alguna; el objetivo declarado por los populares es esclarecer los hechos y las eventuales responsabilidades.
Sumar también reprocha a Sánchez su actitud con Marruecos
El problema para Moncloa es que las críticas no proceden únicamente de PP y Vox.
Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, considera que en las explicaciones de Sánchez han faltado «muchas cosas» y señala expresamente la ausencia de críticas a Marruecos.
La portavoz parlamentaria de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, reclamó además mayor «empatía con la población ceutí y las personas migrantes» y soluciones para las personas que permanecen en la ciudad.
Su formación plantea trasladar a la Península a menores, migrantes y solicitantes de asilo, para continuar allí los procedimientos administrativos correspondientes y aliviar la presión sobre Ceuta.
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, utilizó una expresión todavía más gráfica: «Ceuta no puede convertirse en el patio trasero de Europa».
Podemos exige «romper» con Marruecos
Las críticas desde la izquierda aumentan todavía más con Podemos.
Ione Belarra acusó a Sánchez de mantener una posición excesivamente complaciente con Rabat y reclamó «romper con Marruecos».
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, pidió igualmente que España no se «arrodille» ante el país vecino y defendió romper las relaciones mientras, según la tesis de su partido, Marruecos utilice los movimientos migratorios como instrumento de presión.
Se trata de una acusación política de Podemos y no de un hecho establecido por la información aportada.
La formación también critica que miles de personas continúen en Ceuta y exige una solución inmediata para quienes permanecen en condiciones precarias.
ERC tampoco considera creíble la explicación de Sánchez
Las dudas alcanzan igualmente a ERC.
Su líder, Oriol Junqueras, calificó de «poco creíble» la versión de que Marruecos desconociera completamente el movimiento migratorio que terminó desembocando en la entrada masiva de finales de julio.
Junqueras reclamó que, si el Ejecutivo dispone de pruebas que respaldan su versión, las presente y explique ante el Parlamento.
La posición resulta significativa porque amplía el cuestionamiento a Sánchez más allá de los partidos de la derecha.
También Compromís, a través de Alberto Ibáñez, cuestionó que Sánchez agradezca la colaboración marroquí mientras atribuye parte de la desestabilización y los bulos sobre España a actores internacionales como Rusia, Israel o sectores vinculados políticamente a Donald Trump. Estas acusaciones sobre campañas externas son parte de la versión política expuesta por Sánchez y requieren evidencias concretas para determinar responsabilidades.
Vox habla de «guerra híbrida» y exige romper acuerdos
Vox mantiene la posición más dura.
Santiago Abascal calificó la situación de «invasión» y aseguró que forma parte de una supuesta «guerra híbrida perpetrada por Marruecos» destinada a cuestionar la integridad territorial española.
Esa caracterización corresponde a la posición política de Vox; la información aportada no demuestra por sí misma que exista una operación de guerra híbrida ordenada por Rabat.
El partido reclama suspender el Tratado de Amistad con Marruecos y el acuerdo preferencial de la Unión Europea con el país norteafricano.
También pretende que el Congreso active el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidades al presidente, una iniciativa política cuya viabilidad dependería de los requisitos constitucionales y parlamentarios correspondientes.
La presión sobre Sánchez crece antes de su comparecencia
El resultado es una situación incómoda para Moncloa.
PP y Vox atacan frontalmente la gestión gubernamental, pero Sumar, Podemos, ERC y Compromís también cuestionan elementos fundamentales de la respuesta de Sánchez, aunque lo hacen desde posiciones y con propuestas muy diferentes.
La discrepancia principal está en Marruecos.
Sánchez insiste en la importancia de mantener la cooperación con Rabat para gestionar la frontera. Sus críticos consideran, en cambio, que esa relación no puede impedir exigir explicaciones sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio.
A ello se suma la situación humanitaria en Ceuta y el debate sobre el traslado de menores y otros migrantes a la Península.
La cuestión central sigue sin resolverse políticamente: qué sabía exactamente el Gobierno antes de la entrada masiva, qué conocían los servicios de inteligencia y qué responsabilidad tuvo Marruecos en los acontecimientos.
Son preguntas diferentes y ninguna debería responderse mediante acusaciones sin pruebas.
Sánchez deberá defender su gestión ante un escenario particularmente complejo: la oposición exige responsabilidades y una parte de sus aliados considera insuficiente su firmeza con Marruecos.
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