La defensa de la esposa de Pedro Sánchez sostiene que no obtuvo beneficio económico, niega cualquier apropiación de la plataforma de la Complutense y reclama que la acusación pague las costas por su «temeraria actuación procesal».
Begoña Gómez mueve ficha ante la Justicia. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado formalmente su absolución y sostiene que los hechos por los que está siendo investigada «no son ciertos» y no constituyen «delito alguno».
Su nuevo abogado, Jaime Campaner, ha presentado unas conclusiones provisionales en las que combate las acusaciones relacionadas con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la plataforma tecnológica desarrollada en torno a ese proyecto y la intervención de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa.
La estrategia de la defensa se apoya en una idea central: Gómez no se enriqueció, no se apropió del software y la Universidad Complutense no sufrió un perjuicio patrimonial, según sostiene su abogado.
La petición llega frente a unas acusaciones de enorme gravedad. La acusación popular ejercida por HazteOír solicita 13 años de prisión para Gómez. Esa petición de pena corresponde a la acusación y no supone que exista una condena ni determina el resultado del procedimiento.
Begoña Gómez niega cualquier enriquecimiento
Uno de los principales argumentos de la defensa es la ausencia de un supuesto beneficio económico.
Campaner afirma que los hechos investigados «no han supuesto beneficio económico alguno» para Gómez y rechaza que hubiera intención de obtener un enriquecimiento personal mediante las actividades vinculadas a la cátedra universitaria.
La defensa pretende desmontar así uno de los puntos más controvertidos del caso: la relación entre la actividad académica de Gómez, la creación de la cátedra y el posterior desarrollo de una plataforma tecnológica con participación de entidades colaboradoras.
Según su versión, Gómez tampoco recibió remuneración por ejercer como directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.
El escrito diferencia esa actividad de los trabajos docentes que había desarrollado anteriormente en la universidad, que, sostiene la defensa, estaban sometidos a la regulación interna de la propia UCM.
La defensa sostiene que la Cátedra siguió los procedimientos de la UCM
El abogado también rechaza que existieran irregularidades delictivas en la constitución de la cátedra.
Según las conclusiones provisionales, el proyecto fue creado siguiendo los procedimientos establecidos por la Universidad Complutense y Gómez participó en su puesta en marcha como profesional relacionada con el ámbito de la transformación empresarial.
Para respaldar esta tesis, la defensa aporta documentación sobre las comunicaciones mantenidas durante los meses anteriores a la creación de la cátedra.
Entre esos documentos figuran correos electrónicos intercambiados entre Begoña Gómez, el rector Joaquín Goyache y el entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio.
También se remite al convenio firmado el 30 de octubre de 2020 y al posterior nombramiento de Gómez como directora, fechado el 1 de diciembre de 2020.
La existencia de esos procedimientos y documentos constituye parte de la argumentación defensiva. Será el órgano judicial correspondiente el que deba valorar su alcance probatorio frente a las tesis sostenidas por las acusaciones.
El software de la Complutense, en el centro del caso Begoña Gómez
Otro de los grandes frentes se encuentra en la plataforma tecnológica vinculada a la cátedra.
La defensa niega expresamente que Begoña Gómez se apropiara del software de la UCM o intentara destinarlo a un proyecto privado para obtener beneficios.
Según su versión, la plataforma estaba concebida para proporcionar herramientas a empresas y su desarrollo fue financiado mediante aportaciones de las entidades que colaboraban con la iniciativa.
El escrito sostiene además que la propiedad correspondía a la Universidad Complutense y, en consecuencia, rechaza que la institución académica sufriera perjuicio patrimonial alguno.
Existe además otro argumento relevante: la plataforma no habría llegado a finalizarse.
La defensa utiliza esta circunstancia para explicar por qué no se presentó la solicitud de registro de la obra ante la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense.
En definitiva, Campaner intenta desmontar la tesis de una apropiación del proyecto insistiendo en tres elementos: no hubo enriquecimiento personal, la propiedad pertenecía a la UCM y la plataforma ni siquiera llegó a completarse.
Su abogado pide que la acusación pague las costas
La defensa no se limita a reclamar la absolución.
Solicita también que las costas procesales sean impuestas a la acusación popular y a la actora civil, a las que atribuye una «temeraria actuación procesal».
Es una petición especialmente contundente porque implica que la defensa no solo considera inexistente la responsabilidad penal de Gómez, sino que cuestiona la forma en la que determinadas partes han impulsado las acusaciones contra ella.
Que esa pretensión prospere dependerá, como el resto de las cuestiones controvertidas, de la valoración judicial.
El papel de Cristina Álvarez
Las conclusiones provisionales también abordan la actividad de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa.
Su participación constituye otro de los elementos investigados dentro de una causa que durante su recorrido judicial ha ido acumulando diferentes líneas relacionadas con las actividades profesionales de la esposa del presidente.
La defensa rechaza que las actuaciones analizadas permitan sostener responsabilidad penal y mantiene una posición inequívoca: los hechos investigados no configuran los delitos planteados por las acusaciones.
Esta afirmación, sin embargo, representa la tesis de la defensa. Las acusaciones mantienen una interpretación diferente y será la Justicia la encargada de determinar qué hechos quedan finalmente acreditados y cuál es su eventual relevancia penal.
Un movimiento decisivo antes de la siguiente fase judicial
El escrito de conclusiones supone un paso importante en la estrategia jurídica de Begoña Gómez.
Después de meses de investigación y enorme repercusión política, su defensa intenta trasladar ahora el debate desde las sospechas acumuladas durante la instrucción hacia una pregunta estrictamente jurídica: si existen pruebas suficientes para acreditar los delitos que sostienen las acusaciones.
Campaner responde negativamente.
La defensa sostiene que no existió apropiación del software, enriquecimiento personal ni perjuicio económico para la Complutense, y que la propia creación de la cátedra siguió los procedimientos universitarios.
Las acusaciones sostienen lo contrario hasta el punto de que HazteOír reclama 13 años de cárcel.
El contraste entre ambas posiciones anticipa una batalla jurídica de gran trascendencia política por tratarse de la esposa del presidente del Gobierno. Pero esa dimensión política no sustituye el principio fundamental del proceso penal: Begoña Gómez mantiene la presunción de inocencia y ninguna petición de pena equivale a una condena.
Ahora será la Justicia la que deba valorar las pruebas y determinar si los hechos investigados tienen relevancia penal o si, como sostiene la defensa, procede la absolución de Begoña Gómez.
Chollones
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