Rabat reivindica los «resultados tangibles» de la etapa abierta con España en 2022 y rechaza que existan pruebas de su implicación en los sucesos del 30 de julio. El comunicado critica, sin citarlos, a sectores políticos y judiciales españoles.
Marruecos ha salido públicamente en defensa del modelo de relaciones construido con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha endurecido su respuesta ante las acusaciones surgidas en España por lo ocurrido en Ceuta el pasado 30 de julio.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí asegura que «ningún dato, hecho o informe» acredita la implicación de las autoridades del país en los acontecimientos de la frontera y denuncia una «escalada irracional y populista» alrededor de la crisis.
Rabat no cita directamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, encargada de la investigación judicial, pero critica a «partidos históricos», determinados «círculos políticos y mediáticos» e incluso iniciativas procedentes de instituciones legislativas y judiciales españolas.
El choque llega después de que la desclasificación de documentación española haya revelado alertas previas sobre posibles intentos de entrada en Ceuta y mientras la Justicia trata de esclarecer qué ocurrió exactamente en la frontera y cuál fue la actuación de las autoridades marroquíes.
Marruecos niega cualquier implicación en los sucesos de Ceuta
La posición oficial de Rabat es inequívoca: rechaza que las pruebas conocidas permitan responsabilizar al Estado marroquí de la planificación de los acontecimientos del 30 de julio.
Marruecos admite que lo sucedido debe ser objeto de un «examen exhaustivo», pero considera que determinadas acusaciones formuladas desde España carecen de respaldo suficiente.
La controversia gira precisamente alrededor de esa diferencia.
Informes policiales incorporados a la investigación judicial apuntan, según la documentación recogida en la información original, a actuaciones de agentes marroquíes y plantean que los acontecimientos no habrían respondido simplemente a un movimiento migratorio espontáneo. También se ha señalado una posible conducta pasiva o negligente de autoridades del país vecino.
Estas conclusiones forman parte de informes y líneas de investigación y no equivalen por sí mismas a una resolución judicial que atribuya al Gobierno marroquí la organización de la operación.
Rabat rechaza precisamente dar ese salto.
Sánchez también descarta que existan pruebas sólidas contra Rabat
La posición marroquí coincide parcialmente con la defendida por Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno sostuvo el pasado 3 de septiembre en el Congreso que España no disponía de «pruebas sólidas» que permitieran concluir que Marruecos hubiera diseñado y ejecutado deliberadamente la operación.
Sánchez admitió que la actuación de la Gendarmería marroquí durante varias horas permitió el paso de personas hacia territorio español, pero diferenció esa circunstancia de la existencia de una orden del Estado marroquí para organizar los hechos.
Esta distinción resulta fundamental.
Que existieran alertas previas o actuaciones cuestionables en la frontera no demuestra automáticamente que Mohamed VI o el Gobierno marroquí ordenaran una operación contra España. Determinar responsabilidades concretas corresponde ahora a la investigación.
Rabat carga contra la investigación y el debate político español
El comunicado marroquí va más allá de negar responsabilidades.
Exteriores critica que lo ocurrido en Ceuta haya terminado convirtiéndose en una crisis política, mediática, parlamentaria y judicial entre ambos países.
Rabat denuncia una «escalada irracional y populista» que, según su versión, puede devolver las relaciones hispano-marroquíes a una etapa de «tensiones recurrentes».
Las alusiones a instituciones judiciales han adquirido una especial relevancia porque la Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación sobre los acontecimientos.
Marruecos considera «desafortunadas» algunas iniciativas surgidas en España y sostiene que su país está siendo utilizado como elemento de confrontación política interna.
La crítica abre un debate delicado: la cooperación estratégica con Marruecos no elimina la capacidad de los tribunales españoles para investigar unos hechos ocurridos en la frontera española.
El PP interpreta el comunicado como un aviso a Feijóo
Dentro del Partido Popular, las alusiones marroquíes han sido interpretadas como una advertencia dirigida al principal partido de la oposición.
Fuentes populares citadas en la información sostienen que Rabat pretende defender unas relaciones privilegiadas con Sánchez y que difícilmente reconocerá responsabilidad alguna en los acontecimientos.
El PP ha endurecido durante las últimas semanas sus críticas a la política del Gobierno respecto a Marruecos.
La formación considera que España debe mantener una relación estable con Rabat, pero reclama mayor firmeza cuando están en juego Ceuta, Melilla, el control fronterizo y los intereses españoles.
Las fuentes populares llegan a interpretar el comunicado como un «aviso a navegantes» ante la posibilidad de un futuro cambio político en España. Esa es, en todo caso, la lectura política del PP, no una amenaza explícita formulada por Marruecos.
El Gobierno de Ceuta tampoco acepta la explicación marroquí
El Ejecutivo de Juan Jesús Vivas mantiene asimismo una posición crítica.
Fuentes de su entorno sostienen que Marruecos ha reaccionado porque las autoridades ceutíes no están dispuestas a guardar silencio sobre lo sucedido.
«Saben que no nos callaremos», resumen esas fuentes.
Desde Ceuta se defiende que existió, como mínimo, una actuación pasiva o negligente de autoridades marroquíes y se reclama que la disposición expresada ahora por Rabat para colaborar en los retornos se traduzca en hechos concretos.
La posición del Gobierno ceutí choca también con la idea planteada por Sánchez de asumir una presión migratoria «estructural» sobre Ceuta y Melilla y mantener una capacidad permanente para afrontarla.
Para el Ejecutivo autonómico, convertir una respuesta excepcional en permanente podría terminar normalizando una situación que considera insostenible.
Marruecos reivindica la «nueva etapa» abierta con Sánchez
Rabat ha aprovechado la polémica para recordar los beneficios que, según su Gobierno, ha generado la etapa diplomática abierta el 7 de abril de 2022.
Fue entonces cuando Pedro Sánchez y Mohamed VI escenificaron la reconstrucción de las relaciones bilaterales después de una de sus mayores crisis recientes.
Marruecos sostiene que desde entonces se han producido «resultados tangibles» en comercio, cooperación antiterrorista, lucha contra las redes criminales y control migratorio.
El Gobierno marroquí presenta esa relación como basada en la «buena vecindad», el «respeto mutuo», la «confianza» y el diálogo político.
También recuerda el peso económico de la relación bilateral y los recursos que sus fuerzas de seguridad dedican al control migratorio.
El mensaje resulta evidente: Rabat considera que el actual marco de cooperación beneficia a ambos países y advierte del coste de regresar a una dinámica permanente de enfrentamientos.
El Sáhara está en el origen del actual acercamiento
La etapa actual no puede entenderse sin recordar el profundo cambio de la política española respecto al Sáhara Occidental.
Las relaciones habían entrado en crisis en 2021 después de que España acogiera al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento médico.
En mayo de aquel año, más de 10 000 personas entraron en Ceuta en aproximadamente dos días coincidiendo con una fuerte relajación de los controles marroquíes.
La entonces embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, llegó a advertir de que «las decisiones tienen consecuencias».
La normalización definitiva llegó después de que Sánchez modificara la posición española sobre el Sáhara y pasara a considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto.
Aquel giro provocó una fuerte controversia en España y fue rechazado por diferentes fuerzas parlamentarias.
Desde entonces, Moncloa ha defendido que la nueva política ha permitido estabilizar una relación estratégica imprescindible.
Ceuta vuelve a poner a prueba la estrategia de Sánchez con Marruecos
Los acontecimientos del 30 de julio de 2026 vuelven a situar esa estrategia bajo presión.
El Gobierno defiende que no existen pruebas suficientes para acusar al Estado marroquí de organizar lo sucedido. Rabat sostiene prácticamente la misma tesis y denuncia una campaña política contra el reino.
En el otro lado, la oposición, las autoridades ceutíes y una investigación judicial reclaman esclarecer hasta el final qué conocían las autoridades marroquíes y cómo actuaron sus agentes sobre el terreno.
La documentación desclasificada añade otro elemento importante: los servicios españoles disponían de avisos previos sobre posibles intentos de entrada, aunque eso no significa necesariamente que conocieran de antemano la magnitud que alcanzarían los acontecimientos.
Una relación estratégica que no elimina las preguntas
España y Marruecos están condenados geográficamente a mantener una relación intensa. Comercio, inmigración, terrorismo, pesca, seguridad, Ceuta, Melilla y el Sáhara convierten al país vecino en un socio estratégico inevitable.
Pero precisamente esa dependencia mutua hace especialmente sensible cualquier crisis.
El comunicado de Rabat busca proteger la «nueva etapa» construida con Sánchez desde 2022 y rechaza frontalmente las sospechas de implicación marroquí en Ceuta.
Eso no resuelve, sin embargo, todas las preguntas.
La investigación deberá determinar qué ocurrió sobre el terreno, qué información manejaban ambos países y si hubo responsabilidades individuales o institucionales. Hasta entonces, ni las acusaciones políticas permiten dar por probada una operación organizada por Rabat ni el desmentido del Gobierno marroquí puede sustituir las conclusiones de los tribunales españoles.
La crisis de Ceuta se convierte así en una nueva prueba para la política exterior de Sánchez: mantener una cooperación imprescindible con Marruecos sin que esa relación impida esclarecer unos acontecimientos que afectan directamente a la seguridad y las fronteras de España.
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