La presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo considera de «extraordinaria gravedad» atribuir motivaciones políticas a las resoluciones judiciales y reclama respeto institucional en plena tensión por casos como Ceuta.
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha lanzado una contundente advertencia ante la creciente confrontación entre la Justicia y determinados responsables políticos: acusar a jueces y tribunales de decidir por motivos políticos y no jurídicos reviste una «extraordinaria gravedad».
«Cada vez que se ataca a un juez por una decisión se ataca al Estado de Derecho», afirmó Perelló durante la apertura del Año Judicial, celebrada en el Tribunal Supremo bajo la presidencia del rey Felipe VI y con la presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Sus palabras llegan en un momento especialmente delicado, marcado por las críticas políticas a algunas decisiones judiciales relacionadas con Ceuta y por la suspensión cautelar acordada por el Supremo respecto a determinadas inscripciones en el censo electoral vinculadas a la denominada Ley de Nietos.
Perelló rechaza las acusaciones de politización de los jueces
La presidenta del Poder Judicial reconoció que las resoluciones pueden ser discutidas y criticadas. Lo que considera inadmisible es convertir esa discrepancia en una acusación contra la imparcialidad personal de los magistrados.
La advertencia fue particularmente clara cuando esas críticas proceden de representantes públicos.
Según Perelló, las descalificaciones adquieren «una gravedad mayor» cuando proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, ya que atribuir a un juez una actuación deliberadamente política podría llegar incluso a implicar la imputación de una conducta ilícita.
Su intervención se produce después de que dirigentes del Gobierno y del PSOE hayan cuestionado actuaciones judiciales recientes.
El mismo día de la apertura judicial, el ministro Óscar Puente criticó a los jueces que, a su juicio, pretenden «hacer política» desde los tribunales.
Perelló evitó personalizar su discurso, pero el contexto político convirtió sus palabras en una advertencia difícil de separar de esas polémicas.
«Es insostenible» presionar públicamente a los jueces
Perelló defendió que la independencia judicial constituye uno de los pilares básicos del sistema constitucional.
Los jueces, sostuvo, deben adoptar sus resoluciones conforme al Derecho y «sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo».
Por ello, calificó de «insostenible» utilizar la descalificación pública de los magistrados como un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción.
La presidenta del Supremo reclamó «respeto y lealtad institucional» entre los diferentes poderes del Estado.
«La lealtad institucional constituye un principio estructural del Estado constitucional», recordó, y obliga a cada poder público a reconocer la legitimidad y las competencias de los demás.
Perelló admite que los jueces pueden equivocarse
La presidenta del CGPJ introdujo, sin embargo, una precisión relevante: la independencia judicial no significa que las decisiones de los tribunales sean infalibles ni que estén exentas de crítica.
Perelló admitió expresamente que los jueces pueden cometer errores al aplicar el Derecho.
Para corregirlos existe precisamente el sistema de recursos previsto por el ordenamiento jurídico.
Su tesis es que una cosa es recurrir o criticar razonadamente una resolución y otra distinta atribuir al magistrado intenciones políticas o desacreditarlo personalmente.
Cuando se cruza esa línea, sostuvo, el daño no afecta únicamente al juez señalado.
También deteriora la confianza pública en el conjunto de la Justicia.
Ceuta entra de lleno en la apertura del Año Judicial
La situación de Ceuta tuvo un protagonismo especial durante el acto.
Perelló agradeció el trabajo de los jueces implicados en la respuesta institucional a la crisis y defendió que la ciudad necesita una actuación que preserve «la integridad de las fronteras» y «el control ordenado de los accesos», pero garantizando simultáneamente los derechos previstos en el ordenamiento jurídico.
La presidenta del Supremo también recordó la actuación judicial ante el accidente ferroviario de Adamuz y los incendios forestales registrados durante el verano.
Su mensaje fue que, incluso ante situaciones extraordinarias, los ciudadanos deben poder confiar en que los jueces continuarán aplicando la ley y protegiendo los derechos de los afectados.
Peramato reclama recuperar la normalidad en Ceuta
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, también abordó la crisis ceutí durante su primera intervención en una apertura del Año Judicial desde que asumió el cargo.
Peramato defendió la necesidad de recuperar una situación de «plena seguridad y normalidad» en Ceuta.
Añadió que garantizar la legalidad y la seguridad no es incompatible con los principios de humanidad y respeto a la dignidad.
La fiscal general trasladó además su solidaridad con los ciudadanos de la ciudad autónoma y reconoció el trabajo desarrollado por instituciones, organizaciones sociales, voluntarios y fiscales.
Para reforzar la capacidad de actuación del Ministerio Fiscal, anunció el envío de tres fiscales procedentes de la península a Ceuta, especialmente ante las necesidades relacionadas con la protección de menores.
La corrupción será una «prioridad» para la Fiscalía
Peramato dedicó otra parte importante de su discurso a la lucha contra la corrupción, que definió como una de las «prioridades estratégicas» del Ministerio Fiscal.
También reivindicó la actuación de la Fiscalía frente al narcotráfico y recordó a los guardias civiles fallecidos mientras perseguían narcolanchas en Barbate y Huelva.
La fiscal general aprovechó igualmente la apertura judicial para respaldar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en tramitación.
El proyecto pretende modificar profundamente el modelo penal español para que sean los fiscales quienes dirijan la investigación penal, función que actualmente corresponde fundamentalmente a los jueces de instrucción.
Peramato defendió la reforma, aunque reclamó que vaya acompañada de recursos suficientes, refuerzo de plantillas y modernización tecnológica.
La fiscal general también denuncia ataques contra fiscales
La advertencia de Perelló sobre los jueces encontró un paralelismo en el discurso de Peramato.
La fiscal general denunció que determinadas decisiones de los fiscales son cuestionadas atribuyéndoles «motivaciones espurias», en lugar de analizar los fundamentos jurídicos que las sustentan.
También criticó la tendencia a dividir públicamente a los miembros del Ministerio Fiscal entre «buenos y malos fiscales» dependiendo de si sus decisiones benefician o perjudican a una determinada posición política.
Peramato reclamó además más autonomía para la Fiscalía y una reforma de su Estatuto Orgánico.
Un Año Judicial marcado por la tensión entre Justicia y política
El acto celebrado en el Supremo estuvo presidido por Felipe VI y reunió a representantes del Gobierno, de la alta magistratura y de las principales instituciones.
Entre los asistentes estuvo también Alberto Núñez Feijóo, que regresó este año después de ausentarse en 2025 como protesta por la presencia del entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, que en aquel momento estaba procesado y que posteriormente fue condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos.
La intervención de Perelló adquiere especial relevancia precisamente por el clima en el que comienza el curso judicial.
Las decisiones sobre Ceuta, la Ley de Nietos y otras causas de enorme repercusión política han elevado la presión sobre los tribunales y alimentado nuevamente el debate sobre los límites de la crítica política a la Justicia.
La presidenta del CGPJ ha trazado su propia línea roja: las resoluciones pueden criticarse y recurrirse; lo que considera de extrema gravedad es acusar a los jueces de dictarlas por intereses políticos sin fundamento.
Su mensaje sitúa así la defensa de la independencia judicial en el centro del nuevo curso: cuando la discrepancia con una sentencia termina convirtiéndose en una descalificación personal contra quien la dicta, sostiene Perelló, el daño deja de afectar a un magistrado concreto y alcanza a la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho.
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