El juez Ismael Moreno afronta la recta final de una de las piezas del caso Koldo, centrada en contratos de material sanitario y otras actuaciones investigadas. Anticorrupción prepara su futura acusación con el precedente de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
La trama Koldo se encamina hacia un nuevo frente judicial. Tras el procedimiento seguido en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, la Audiencia Nacional se aproxima ahora al cierre de la instrucción de otra de las piezas que investiga el juez Ismael Moreno.
El denominado caso Mascarillas comprende contratos públicos para adquirir material sanitario y actuaciones relacionadas con personas que quedaron fuera del procedimiento del Supremo. Según la información publicada, la Fiscalía Anticorrupción ya trabaja con la perspectiva de preparar su escrito de acusación cuando el magistrado dé por concluida formalmente la investigación.
La causa afecta a más de 15 investigados y constituye uno de los tres grandes frentes que mantiene abiertos Moreno alrededor del caso Koldo.
Conviene precisar, no obstante, la situación procesal: la instrucción todavía no ha concluido y los investigados en esta pieza conservan plenamente su presunción de inocencia. El contenido de una eventual acusación deberá concretarse cuando termine esta fase.
Ismael Moreno ultima la instrucción del caso Mascarillas
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional investiga actualmente tres grandes ramificaciones relacionadas con la trama: la pieza de los contratos de material sanitario, las presuntas comisiones vinculadas a adjudicaciones de obra pública y la investigación sobre pagos en efectivo vinculados al PSOE.
Esta última permanece bajo secreto y puede tener importantes consecuencias judiciales dependiendo de lo que determine la investigación. Entre las hipótesis examinadas figura una posible derivada relacionada con presunta financiación irregular, extremo que por ahora no puede darse por acreditado.
La pieza que se encuentra más próxima a completar su instrucción sería precisamente la relacionada con las contrataciones sanitarias.
Según fuentes fiscales citadas por la información original, Anticorrupción ya tiene puesta la mirada en el escrito de acusación que deberá elaborar después de que Moreno dé por finalizadas las diligencias pendientes.
Este viernes está prevista, además, la declaración de Juan Carlos Cueto, investigado por su presunta vinculación con la estructura empresarial relacionada con Soluciones de Gestión.
Otro caso Mascarillas después del juicio del Supremo
Para entender el nuevo procedimiento hay que regresar al reparto competencial que se produjo en la investigación.
El Tribunal Supremo juzgó a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama debido a la condición de aforado que mantenía el exministro cuando se acordó la apertura del juicio oral.
La causa tuvo que dividirse.
El Supremo se quedó con la parte necesaria para juzgar al entonces diputado, mientras que las actuaciones correspondientes a otras personas continuaron en la Audiencia Nacional.
Esta circunstancia explica por qué varios de quienes comparecieron como testigos ante el Alto Tribunal aparecen ahora como investigados en el procedimiento dirigido por Moreno.
La Fiscalía podrá utilizar como referencia el material probado y la sentencia condenatoria del Supremo, pero el nuevo procedimiento deberá determinar individualmente la responsabilidad de cada acusado en los hechos concretos que finalmente lleguen a juicio.
No cabe trasladar automáticamente una condena de un procedimiento a personas que no fueron juzgadas en él.
Koldo García y Aldama vuelven a aparecer en la investigación
Entre los principales nombres incluidos en esta pieza figuran Koldo García, Víctor de Aldama, Joseba García, Patricia Úriz, Rubén Villalba, Jéssica Rodríguez e Isabel Pardo de Vera, entre otros investigados.
La investigación pretende esclarecer la presunta existencia de una estructura que habría utilizado contactos e influencia para intervenir en determinadas contrataciones públicas durante la pandemia.
El nuevo procedimiento amplía el foco más allá de las adjudicaciones del Ministerio de Transportes que formaron parte del juicio celebrado en el Tribunal Supremo.
La Audiencia Nacional examina otros contratos relacionados con la adquisición de material sanitario por diferentes administraciones.
Entre ellas aparecen operaciones efectuadas en Canarias y Baleares, comunidades que durante aquel periodo estaban gobernadas respectivamente por Ángel Víctor Torres y Francina Armengol.
La aparición de esas administraciones en contratos investigados no implica por sí misma responsabilidad penal de quienes presidían sus gobiernos. Será la investigación judicial la que delimite qué actuaciones concretas, personas y decisiones pueden tener relevancia penal.
La contratación de Jéssica Rodríguez, otro frente del procedimiento
El caso tampoco se limita a las mascarillas.
Una de sus derivadas afecta a la contratación de Jéssica Rodríguez, quien se encuentra investigada dentro de esta pieza.
La instrucción analiza las circunstancias de su incorporación a empresas públicas y la posible intervención de otras personas para facilitarla.
Entre las investigadas se encuentra Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, por su presunta participación en actuaciones relacionadas con esa contratación.
También aparece Joseba García, hermano de Koldo García.
Según la investigación descrita, Joseba habría actuado como persona de referencia para Rodríguez en relación con sus etapas en Ineco y Tragsatec, aunque él trabajaba en Ineco y no ocupó un cargo en Tragsa.
Precisamente estas circunstancias tendrán que ser delimitadas durante el procedimiento para establecer qué decisiones existieron realmente y quién tenía capacidad para adoptarlas.
Anticorrupción mira a la sentencia del Supremo
Uno de los elementos jurídicamente más importantes será el peso que tenga el procedimiento ya celebrado en el Tribunal Supremo.
Buena parte de las personas ahora investigadas comparecieron allí como testigos, mientras que el banquillo quedó limitado a Ábalos, Koldo y Aldama por la estructura procesal derivada del aforamiento del exministro.
La Fiscalía utilizará previsiblemente los hechos ya acreditados judicialmente que puedan resultar relevantes para esta segunda causa, pero tendrá que construir una acusación específica contra cada persona.
Ese matiz es fundamental.
Una sentencia previa puede convertirse en un precedente probatorio relevante, pero no sustituye el derecho de defensa ni la valoración individual de las pruebas en el nuevo procedimiento.
Más de 15 investigados en la pieza de la Audiencia Nacional
El eventual juicio tendrá una dimensión superior en número de personas afectadas.
La investigación alcanza a más de 15 personas, frente al procedimiento más reducido que llegó al Supremo.
La hipótesis investigada gira alrededor de posibles comisiones ilegales a cambio de influencia en contratos públicos para la compra de material sanitario, además de otras actuaciones incorporadas a la pieza.
Será el futuro auto que eventualmente acuerde continuar el procedimiento el que determine qué hechos llegan finalmente a juicio.
Hasta entonces, hablar de un nuevo juicio es describir el horizonte procesal hacia el que avanza la investigación, no una apertura de juicio oral ya acordada.
La trama Koldo mantiene otras dos investigaciones abiertas
El cierre de esta instrucción no supondría el final del denominado caso Koldo.
Moreno continúa trabajando sobre otras dos piezas especialmente relevantes.
Una está relacionada con las presuntas comisiones en adjudicaciones de obra pública. En este frente, la Audiencia Nacional permanece a la espera de nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La otra investigación examina los pagos en efectivo vinculados al PSOE.
Esta pieza permanece secreta y el magistrado analiza un importante volumen de documentación. Solo después de examinar ese material podrá determinar si procede practicar nuevas diligencias y qué personas deben responder ante el juzgado.
La posible existencia de financiación irregular constituye por ahora una hipótesis bajo investigación, no un hecho judicialmente probado.
El caso Koldo afronta una nueva etapa judicial
La proximidad del cierre de la pieza de las mascarillas coloca nuevamente a la trama Koldo en el centro de la actualidad judicial.
La relevancia del procedimiento reside tanto en el número de investigados como en su conexión con unos hechos que ya han dado lugar a una sentencia en el Tribunal Supremo.
Ahora será la Audiencia Nacional la encargada de determinar la eventual responsabilidad de quienes quedaron fuera de aquel primer procedimiento y de analizar contratos y actuaciones adicionales.
El avance de esta pieza también permitirá comprobar hasta dónde llega judicialmente una investigación que comenzó alrededor de las compras extraordinarias realizadas durante la pandemia y que posteriormente fue abriendo nuevas ramificaciones.
El próximo movimiento decisivo corresponde al juez Ismael Moreno: terminar las diligencias pendientes y decidir si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento contra cada uno de los investigados.
Después llegará el turno de Anticorrupción y del resto de acusaciones, que tendrán que concretar qué delitos atribuyen a cada persona y con qué pruebas pretenden sostenerlos.
La Audiencia Nacional se prepara así para convertirse en el siguiente gran escenario judicial del caso Koldo, mientras otras piezas permanecen todavía abiertas y a la espera de nuevas diligencias.
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