Feijóo responde al comunicado de Rabat y exige respeto a la investigación judicial sobre los acontecimientos de Ceuta. El PP atribuye a Marruecos responsabilidad «por acción u omisión» y reclama al Gobierno explicaciones sobre los retornos.
El Partido Popular ha elevado el tono frente a Marruecos tras las críticas lanzadas desde Rabat por las acusaciones relacionadas con los graves acontecimientos registrados en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha respondido con un comunicado en el que fija una línea roja: «Nada está por encima de la defensa de España».
El PP sostiene que lo ocurrido en la ciudad autónoma debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias y reclama a Marruecos «máximo respeto a las instituciones españolas» y al procedimiento judicial actualmente abierto.
La formación califica los acontecimientos de Ceuta como «un ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular» y atribuye a Marruecos responsabilidad «por acción u omisión». Se trata de la posición política del PP; la eventual responsabilidad concreta del Estado marroquí no ha sido establecida mediante una resolución judicial firme.
El PP responde a Marruecos y reivindica la soberanía española
El comunicado llega después de que el Ministerio de Exteriores marroquí rechazara las acusaciones sobre una posible implicación de Rabat en lo sucedido en Ceuta y criticara el creciente enfrentamiento político y judicial generado en España.
La respuesta del PP pone el foco precisamente en la independencia de los tribunales españoles.
«Corresponde exclusivamente a la Justicia española, en el ejercicio de su independencia y de nuestra soberanía nacional, determinar los hechos, valorar las pruebas y, en su caso, establecer las responsabilidades que procedan», sostiene la formación.
El partido de Feijóo añade que ningún posicionamiento, proceda de España o del extranjero, debería utilizarse para «interferir, condicionar o deslegitimar» el procedimiento.
La advertencia adquiere especial importancia después de que Rabat expresara su malestar por las acusaciones surgidas desde sectores políticos españoles y cuestionara el tratamiento que está recibiendo el episodio.
Feijóo mantiene la presión sobre Rabat
El PP no rectifica sus acusaciones después de la respuesta marroquí. Al contrario, vuelve a insistir en ellas.
«Marruecos es responsable de lo ocurrido por acción u omisión», sostiene el comunicado.
Los populares reclaman ahora una «evaluación rigurosa e inaplazable» de lo ocurrido y exigen garantías verificables para impedir que una situación semejante pueda repetirse.
El PP considera además que la relación bilateral debe estar sustentada en reciprocidad, transparencia y respeto a la soberanía española, especialmente cuando están en juego Ceuta y Melilla.
Esta posición aumenta la distancia entre Feijóo y el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha defendido durante las últimas semanas que no existen pruebas suficientemente sólidas para concluir que el Estado marroquí organizara deliberadamente los acontecimientos.
La Justicia deberá determinar qué ocurrió realmente en Ceuta
La distinción entre las acusaciones políticas y los hechos judicialmente acreditados resulta fundamental.
Los documentos desclasificados han confirmado que los servicios españoles manejaban alertas antes del 30 de julio sobre posibles intentos de entrada en Ceuta. Esas advertencias habían detectado convocatorias difundidas mediante redes sociales y servicios de mensajería.
El CNI disponía el 29 de julio de información sobre posibles intentos de entrada durante la semana de la Fiesta del Trono marroquí.
También existían evaluaciones policiales sobre diferentes escenarios de presión fronteriza.
Sin embargo, la existencia de esas alertas no demuestra automáticamente que el Gobierno marroquí diseñara u ordenara los acontecimientos posteriores. El propio CNI ha reconocido que no consiguió anticipar completamente su magnitud y naturaleza.
Ese es precisamente uno de los aspectos que deberá esclarecer la investigación.
El PP habla de «ataque híbrido»
La expresión utilizada por los populares introduce un elemento especialmente sensible.
El PP considera que se produjo un «ataque híbrido» mediante la instrumentalización de la inmigración irregular.
El concepto de amenaza híbrida suele utilizarse para describir acciones que combinan diferentes instrumentos —políticos, económicos, informativos, tecnológicos o migratorios— para ejercer presión sobre otro Estado sin recurrir a una confrontación militar convencional.
Pero en el caso concreto de Ceuta, esa calificación corresponde por ahora al PP. No debe confundirse con una conclusión judicial que haya establecido que Marruecos ejecutó deliberadamente una operación híbrida contra España.
La investigación abierta será determinante para aclarar qué sucedió al otro lado de la frontera, qué órdenes recibieron las fuerzas marroquíes y cuál fue su actuación efectiva durante las horas críticas.
Los populares plantean dos preguntas a Marruecos
El comunicado de Feijóo también dirige preguntas concretas a Rabat.
El PP quiere saber por qué no se han ejecutado determinados retornos de personas que entraron irregularmente si Marruecos se ha comprometido oficialmente a aceptarlos.
La segunda cuestión se refiere a los menores.
«¿Por qué se mantiene a los menores alejados de sus familias, pese a que Marruecos ha solicitado urgentemente su regreso?», pregunta la formación.
La situación de los menores exige, en cualquier caso, garantías específicas. Los procedimientos de retorno no pueden realizarse automáticamente por el mero hecho de existir una petición o acuerdo político, sino que deben respetar la legislación aplicable, la identificación individual, las garantías de protección y el interés superior del menor.
El PP traslada también la responsabilidad al Ejecutivo español y reclama que explique qué está impidiendo resolver la crisis si existen mecanismos diplomáticos y administrativos para hacerlo.
Ceuta vuelve a tensar las relaciones entre España y Marruecos
La controversia llega en un momento especialmente delicado de las relaciones bilaterales.
Marruecos reivindica la etapa iniciada en 2022 con el Gobierno de Pedro Sánchez como un periodo de mayor cooperación en inmigración, seguridad, comercio y lucha antiterrorista.
El Ejecutivo español también ha defendido reiteradamente los beneficios de mantener una relación estable con Rabat.
Pero Ceuta y Melilla continúan siendo uno de los puntos más sensibles de esa relación.
La crisis migratoria de mayo de 2021 ya evidenció hasta qué punto una relajación de los controles en el lado marroquí puede tener consecuencias inmediatas sobre territorio español. Aquella crisis coincidió con el grave enfrentamiento diplomático provocado por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
La posterior reconciliación llegó acompañada del cambio de posición de Sánchez sobre el Sáhara Occidental, al respaldar la propuesta marroquí de autonomía como la base «más seria, realista y creíble» para intentar resolver el conflicto.
Las alertas del CNI añaden presión al Gobierno
La confrontación con Marruecos coincide además con otra crisis política dentro de España: quién conocía las alertas antes del 30 de julio.
La polémica se ha agravado después de que Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, presentara su dimisión y asegurara que trasladó personalmente a Miguel Ángel Pérez Triano la información recibida del CNI el 29 de julio.
Su versión contradice la explicación del delegado, quien había sostenido que su jefe de gabinete recibió la comunicación pero no se la transmitió.
La controversia resulta relevante porque desplaza el debate hacia una pregunta mucho más concreta: qué sabía cada responsable antes de la crisis y qué hizo después de recibir la información.
A ello se suma la afirmación de Sanz de que existirían informes sobre avisos enviados desde la Delegación hacia diferentes ministerios.
Estas circunstancias deberán acreditarse documentalmente.
El PP también aumenta la presión sobre Sánchez
La respuesta a Marruecos tiene, por tanto, dos destinatarios.
El primero es Rabat. El segundo es Pedro Sánchez.
El PP considera que el Gobierno debe aclarar todas las circunstancias de los acontecimientos y garantizar que la relación estratégica con Marruecos no limite la capacidad española para investigar posibles responsabilidades.
Moncloa mantiene una posición diferente: cooperación con Marruecos, investigación de los hechos y rechazo a atribuir al Estado vecino una operación deliberada mientras no existan pruebas concluyentes.
La diferencia entre ambas posiciones promete convertirse en uno de los grandes focos de confrontación política del nuevo curso.
«Ceuta y Melilla son España»
El comunicado popular termina con una afirmación deliberadamente rotunda: «Ceuta y Melilla son España».
El PP asegura que desea mantener buenas relaciones con Marruecos, pero condiciona esa cooperación al «respeto mutuo, lealtad institucional, transparencia, reciprocidad y pleno respeto a la soberanía de ambos Estados».
Ese equilibrio será precisamente el desafío.
Marruecos es un socio esencial para España en inmigración, seguridad, comercio y lucha contra el terrorismo. Al mismo tiempo, la defensa de la cooperación bilateral no puede sustituir el esclarecimiento de unos acontecimientos que afectaron directamente a una frontera española.
El PP ha decidido situarse en ese terreno y endurecer su mensaje frente a Rabat. Marruecos niega cualquier implicación estatal deliberada. El Gobierno de Sánchez afirma que no existen pruebas sólidas para sostenerla.
Será la investigación la que tenga que determinar las responsabilidades.
Hasta entonces, la posición de Feijóo queda resumida en una frase con la que pretende marcar distancias tanto con Rabat como con Moncloa: «Nada está por encima de la defensa de España».
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