La aplicación de la amnistía abre la puerta al regreso del líder de Junts, mientras la Generalitat debe resolver cómo articular su protección policial tras el polémico episodio de 2024.
El regreso de Carles Puigdemont a Cataluña ha dejado de ser una hipótesis política para convertirse en una cuestión operativa para las instituciones catalanas. El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto las órdenes nacionales de busca, captura y detención que pesaban sobre el expresidente y sobre los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la amnistía al delito de malversación.
Ahora se abre un escenario diferente: Puigdemont puede regresar sin enfrentarse al mismo dispositivo policial que condicionó su entrada en Barcelona en agosto de 2024, pero su condición de expresidente plantea además la cuestión de su seguridad y del papel que pueden desempeñar los Mossos d’Esquadra.
El asunto resulta especialmente sensible después de que el anterior regreso de Puigdemont terminara con el expresidente desapareciendo en pleno centro de Barcelona y con una investigación posterior sobre la actuación de varios agentes.
El regreso de Puigdemont cambia completamente el escenario policial
El 6 de octubre de 2026, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejó sin efecto las órdenes nacionales de busca y captura y detención contra Puigdemont, Comín y Lluís Puig. La decisión se produjo después del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la Ley Orgánica de Amnistía.
La situación actual es, por tanto, sustancialmente distinta a la de 8 de agosto de 2024.
Entonces, Puigdemont regresó a Barcelona cuando todavía existía una orden de detención. Apareció públicamente junto al Arco de Triunfo, pronunció un discurso ante sus seguidores y posteriormente desapareció antes de llegar al Parlament.
Los Mossos activaron la denominada Operación Jaula, con controles en las principales vías de salida de Barcelona y posteriormente en otros puntos de Cataluña. El dispositivo no consiguió localizar al expresidente.
Ese episodio provocó una profunda controversia sobre la planificación policial y sobre la actuación de determinados agentes. Tres mossos llegaron a quedar investigados por su posible relación con la huida, aunque las responsabilidades individuales deben distinguirse de la actuación general del cuerpo.
¿Quién debe proteger ahora a Puigdemont?
La cuestión de la seguridad no es nueva.
Puigdemont ya reclamó en 2023 que la Generalitat le asignara protección policial en Bélgica alegando un incremento de su nivel de riesgo. La petición generó entonces un conflicto sobre qué Administración y qué cuerpo policial podían proporcionar esa protección fuera de España.
En aquel momento también existieron dudas sobre si podían intervenir los Mossos fuera de Cataluña y bajo qué autorización.
La situación actual es diferente porque Puigdemont prepara un eventual regreso a Cataluña y, además, conserva su condición de expresidente de la Generalitat.
Los Mossos son la policía propia de Cataluña y entre sus funciones se encuentra la protección de determinadas autoridades. La propia Generalitat define al cuerpo como la policía de la comunidad autónoma y establece entre sus ámbitos de actuación la seguridad y protección de autoridades.
Por ello, la eventual protección de Puigdemont puede analizarse desde dos planos distintos:
- La seguridad personal que pueda determinarse en función de su nivel de riesgo.
- La protección institucional derivada de su condición de expresidente.
No son necesariamente conceptos idénticos y su aplicación concreta depende de las decisiones de las autoridades competentes.
El precedente de 2024 pesa sobre los Mossos
El regreso de Puigdemont no se produce en un vacío institucional.
En agosto de 2024, el expresidente consiguió aparecer públicamente en Barcelona pese a que existía una orden de detención. Después abandonó el lugar sin ser arrestado.
Los Mossos reconocieron entonces que habían diseñado un dispositivo para garantizar la seguridad del pleno de investidura de Salvador Illa y detener al expresidente en las circunstancias que permitieran hacerlo sin generar problemas de orden público. Cuando comprobaron que Puigdemont no se encontraba en la comitiva que avanzaba hacia el Parlament, activaron la Operación Jaula.
El episodio provocó críticas dentro y fuera del cuerpo.
Los sindicatos policiales reclamaron explicaciones a los responsables políticos y policiales, mientras que desde otras organizaciones policiales se cuestionó la decisión de confiar exclusivamente en los Mossos la ejecución de la orden de detención.
La controversia se intensificó después de conocerse que el vehículo utilizado para la huida estaba vinculado a un agente del cuerpo.
Un episodio que todavía proyecta sombras sobre la policía catalana
La actuación policial durante aquel regreso continúa siendo uno de los antecedentes más delicados cuando se analiza el nuevo escenario.
No obstante, es importante separar los hechos acreditados de las acusaciones o interpretaciones políticas.
Está acreditado que Puigdemont apareció públicamente, pronunció un discurso y posteriormente abandonó Barcelona sin ser detenido. También se activó una operación policial para intentar localizarlo.
Otra cuestión distinta es determinar si existió una colaboración organizada desde dentro de los Mossos. En este punto, las investigaciones y procedimientos abiertos deben distinguirse de cualquier conclusión definitiva sobre responsabilidades individuales.
La propia dirección de los Mossos defendió entonces que no existió un acuerdo previo para permitir la fuga.
La amnistía elimina el principal obstáculo para volver
El elemento que ha cambiado el tablero es la amnistía.
La Ley Orgánica 1/2024 estableció un régimen específico para determinados hechos relacionados con el proceso independentista catalán. La Generalitat ha desarrollado incluso procedimientos administrativos para aplicar la norma a determinadas sanciones vinculadas con aquel contexto.
En el caso de Puigdemont, la batalla jurídica se concentró especialmente en la malversación.
El Tribunal Constitucional ha avalado finalmente la aplicación de la amnistía en este ámbito, lo que permitió a Llarena dejar sin efecto las órdenes nacionales de detención.
Eso no significa que todas las consecuencias jurídicas del procés hayan desaparecido automáticamente para todas las personas implicadas. La aplicación de la ley debe hacerse individualmente y de acuerdo con las resoluciones judiciales correspondientes.
El propio caso de Lluís Puig demuestra que la situación procesal de los distintos dirigentes no tiene por qué avanzar exactamente al mismo ritmo.
Puigdemont todavía no ha fijado públicamente una fecha definitiva
Aunque el camino judicial se ha despejado considerablemente, Puigdemont no ha anunciado una fecha definitiva para instalarse de nuevo en Cataluña.
Su entorno ha planteado diferentes escenarios para el regreso, mientras Junts insiste en presentar la aplicación de la amnistía como un paso político de gran relevancia.
El propio Puigdemont ha vinculado su regreso a la culminación del procedimiento judicial que afecta a su caso.
Además, el contexto político español se encuentra alterado por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026, después de la disolución de las Cortes el 6 de octubre. El nuevo Congreso y Senado se constituirán el 23 de diciembre.
Ese calendario añade un componente político al posible regreso, aunque cualquier decisión sobre su fecha concreta corresponde al propio Puigdemont y a su entorno.
La protección de un expresidente frente a la actuación policial
Aquí aparece una de las cuestiones más delicadas.
Una cosa es que Puigdemont pueda regresar libremente a Cataluña porque ya no existe una orden nacional de detención en vigor y otra diferente es determinar qué dispositivo de seguridad debe acompañarlo.
La protección de una autoridad no implica que los agentes encargados de garantizarla pierdan sus competencias ordinarias. Del mismo modo, la existencia de escoltas no convierte a una persona protegida en inmune frente a una actuación judicial.
La diferencia es importante porque el precedente de 2024 alimentó precisamente el debate sobre hasta dónde puede llegar la función de protección cuando la persona protegida se encuentra en el centro de una controversia judicial.
En el escenario actual, sin una orden de detención vigente, el problema jurídico que se planteó entonces es diferente.
Los Mossos afrontan ahora una prueba institucional distinta
La policía catalana se enfrenta esta vez a un reto de naturaleza diferente.
En 2024 debía ejecutar una orden de detención en un contexto de enorme concentración política y social. Ahora, después de la decisión judicial que deja sin efecto la orden, el desafío consiste principalmente en garantizar la seguridad de Puigdemont y del entorno institucional que pueda acompañarlo.
La cuestión será especialmente relevante si el expresidente vuelve a participar en actos públicos, se desplaza por Cataluña o retoma una actividad política presencial.
Los Mossos tienen además una responsabilidad institucional que va más allá de cualquier dirigente concreto: preservar la seguridad pública y actuar conforme a las decisiones judiciales y a la legislación vigente.
Un regreso cargado de memoria política
El posible retorno de Puigdemont tiene también una dimensión simbólica.
El dirigente de Junts abandonó España en 2017, después de la declaración unilateral de independencia y de la intervención de las instituciones catalanas por el Gobierno central. Desde entonces, su trayectoria política se ha desarrollado fundamentalmente desde el extranjero.
Su regreso, por tanto, no será simplemente el desplazamiento de un ciudadano desde Bélgica hasta Cataluña.
Será el retorno de una de las figuras centrales del procés después de casi nueve años de conflicto judicial y político.
El episodio de 2024 demostró, además, que cualquier aparición pública de Puigdemont puede convertirse inmediatamente en un acontecimiento político y policial de primer orden.
La incógnita que queda abierta
El escenario actual contiene una paradoja institucional.
Los Mossos tuvieron que intentar detener a Puigdemont en 2024 y ahora podrían ser parte del dispositivo encargado de garantizar su seguridad si regresa como expresidente.
Las circunstancias jurídicas son diferentes y no existe una contradicción automática entre ambas funciones. Pero el antecedente explica por qué cualquier decisión sobre su protección será observada con especial atención.
La Generalitat tendrá que definir el dispositivo correspondiente dentro del marco legal, mientras la dirección de los Mossos deberá garantizar que la protección personal de un expresidente sea compatible con las competencias policiales y judiciales.
La clave ya no es si Puigdemont puede entrar en Cataluña sin ser detenido. La orden que impedía su regreso ha quedado sin efecto.
La cuestión que ahora comienza es otra: cómo se gestionará institucionalmente el regreso de quien durante años estuvo fuera de España por la causa del procés y que, tras la aplicación de la amnistía, vuelve a ocupar el centro de la política catalana.
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