Josué Íñiguez defiende la actuación de la Policía Local, que ejecutó una orden judicial en Pedro Hidalgo, pero cuestiona que una familia con dos menores se quede sin alternativa habitacional.
El desahucio de Jennifer y sus dos hijos menores en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, ha abierto un nuevo debate sobre la ejecución de las órdenes judiciales, la actuación policial y la falta de soluciones habitacionales para familias vulnerables.
El concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Josué Íñiguez, reconoció este miércoles que las imágenes del lanzamiento son difíciles de asumir, aunque defendió que los agentes actuaron bajo las instrucciones de la autoridad judicial. Al mismo tiempo, cuestionó que una familia pueda quedarse sin vivienda sin disponer de una alternativa.
«Es una imagen fea y que no me gusta, pero los policías locales actuaron bajo las órdenes de la judicatura y en calidad de policía judicial», afirmó el edil, según recoge Canarias7. Íñiguez añadió que los agentes «hicieron el trabajo lo mejor que pudieron y supieron».
Sus declaraciones reflejan una tensión que va más allá del operativo policial: cumplir una resolución judicial no resuelve por sí solo el problema social de una familia que pierde su hogar.
Josué Íñiguez defiende a la Policía Local, pero cuestiona el desahucio
El responsable municipal de Seguridad admitió que la presencia de la Policía Local en un desahucio puede generar rechazo entre los ciudadanos. Sin embargo, recordó que los agentes deben cumplir las órdenes judiciales cuando actúan en funciones de policía judicial.
«Entiendo que a los ciudadanos no les guste ver a Policía Local en esa situación. A mí no me gusta y a la Policía Local tampoco, pero tienen que seguir las órdenes de la autoridad judicial», señaló.
El concejal separó así dos cuestiones: la responsabilidad de los agentes durante el operativo y la situación de la familia afectada. Su defensa de la intervención policial no le impidió expresar su desacuerdo con el resultado social del lanzamiento.
«No parece razonable y justo que se desahucie a una familia sin una solución habitacional», sentenció.
La declaración introduce un matiz importante en el debate. Íñiguez no cuestionó la existencia de una resolución judicial, sino que criticó que el lanzamiento se produzca sin una alternativa residencial para los afectados.
Qué ocurrió en el desahucio de Jennifer en Pedro Hidalgo
El lanzamiento se llevó a cabo el martes 13 de octubre de 2026 en Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria. Jennifer, madre de dos hijos menores, perdió la vivienda en un operativo que había generado movilización vecinal y protestas.
Según la información publicada por Canarias7, alrededor de un centenar de personas se concentró para intentar frenar el desahucio. Durante la intervención se produjeron quejas por el uso de la fuerza policial, que algunos participantes en el piquete consideraron desproporcionada y violenta.
Estas críticas forman parte de la controversia pública sobre el operativo, pero la información disponible en la noticia no aporta una investigación independiente que permita determinar si los agentes incurrieron en una actuación irregular.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) respaldó públicamente a los policías locales y rechazó las acusaciones contra su intervención.
La noticia tampoco detalla las circunstancias jurídicas completas del procedimiento, como el origen de la deuda o del conflicto que desembocó en el lanzamiento, ni precisa qué alternativas habitacionales se habían ofrecido previamente a Jennifer.
CSIF respalda a los agentes y niega que la intervención fuera violenta
La respuesta sindical se produjo en un contexto de críticas a la actuación policial. CSIF expresó su «más firme apoyo y reconocimiento a los agentes de la Policía Local» y calificó su intervención de profesional, rigurosa e impecable.
El sindicato sostuvo que el dispositivo se desarrolló en cumplimiento de un mandato judicial y bajo los principios de proporcionalidad y contención.
Además, aseguró que el lanzamiento terminó sin detenciones ni personas lesionadas. «La intervención se saldó de forma pacífica, sin que se registrara ningún detenido ni ningún lesionado», afirmó la organización sindical.
CSIF también pidió respeto para los agentes y denunció lo que considera una descontextualización y una criminalización injustificada de su trabajo.
Conviene distinguir entre las posiciones expresadas por las partes. El sindicato defiende que la intervención fue proporcionada, mientras que algunos participantes en la protesta denunciaron un uso excesivo de la fuerza. Con los datos publicados en la información de origen, no es posible establecer de manera independiente cuál de las dos valoraciones describe con mayor precisión todos los momentos del operativo.
La ausencia de detenidos o lesionados, según CSIF, tampoco resuelve por sí sola cualquier controversia sobre la proporcionalidad de una intervención policial. Para valorar esa cuestión sería necesario conocer el desarrollo completo de los hechos y, si existieran, las grabaciones, denuncias o actuaciones de los órganos competentes.
El debate de fondo: ejecutar una orden judicial y garantizar una alternativa habitacional
El caso de Jennifer vuelve a poner sobre la mesa una cuestión especialmente sensible: cómo compatibilizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales con la protección de las familias que atraviesan dificultades residenciales.
Un desahucio es el resultado de un procedimiento legal que puede terminar con una orden de lanzamiento. La intervención policial, cuando resulta necesaria, busca ejecutar esa resolución. Pero el cumplimiento del mandato judicial y la respuesta social ante una familia que pierde su vivienda son asuntos distintos, aunque estén relacionados.
En este caso, Íñiguez expresó su rechazo a que una familia con menores quede sin una solución habitacional. Sus palabras sitúan el foco en la responsabilidad de las administraciones para detectar situaciones de vulnerabilidad, valorar los recursos disponibles y coordinar las actuaciones que correspondan.
La existencia de menores añade una dimensión de protección que exige examinar las circunstancias concretas de la familia y las medidas que se hayan adoptado. No obstante, la información publicada no permite afirmar si se ofreció alojamiento alternativo, si hubo una intervención previa de los servicios sociales o si existían recursos disponibles en el momento del lanzamiento.
Por eso, el debate no debería limitarse a una oposición simplista entre quienes defienden a la Policía y quienes critican los desahucios. La legalidad de la actuación policial, las garantías del procedimiento judicial y la atención social a la familia requieren análisis diferenciados.
Una polémica que exige respuestas y datos
El desahucio de Jennifer ha dejado dos mensajes contrapuestos, pero no necesariamente incompatibles. Por un lado, CSIF defiende que los agentes cumplieron correctamente una orden judicial. Por otro, el concejal de Seguridad reconoce que la imagen del lanzamiento resulta desagradable y cuestiona que la familia se quede sin alternativa residencial.
La información disponible confirma la existencia de críticas al operativo y de un respaldo sindical a los policías. Sin embargo, no ofrece elementos suficientes para concluir que hubo una actuación policial ilegal ni para descartar de forma definitiva cualquier posible exceso.
También quedan preguntas relevantes sobre la respuesta institucional: qué valoración hicieron los servicios sociales, si se estudiaron alternativas habitacionales y qué recursos pueden activarse para evitar que una familia con menores quede en una situación de desprotección.
El caso pone de manifiesto una realidad incómoda para las administraciones: una orden judicial puede ejecutarse y, aun así, persistir un problema social que exige una respuesta pública. Cumplir la ley es esencial, pero la gestión de la vulnerabilidad requiere algo más que un operativo policial.
La cuestión de fondo sigue abierta: ¿cómo garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales sin dejar desatendidas a las familias que carecen de una alternativa habitacional?
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