Varios periodistas e influencers marroquíes promueven el voto al PSOE entre ciudadanos con nacionalidad española de origen marroquí. Las denuncias sobre una posible estrategia coordinada abren el debate sobre la influencia exterior en las elecciones.
«Tenemos que ayudar a Sánchez para que él también nos ayude». La frase atribuida al periodista marroquí Soulaiman Raissouni resume el argumento que se repite en varios vídeos difundidos en redes sociales de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
Distintos comunicadores, analistas y páginas digitales vinculadas a la diáspora marroquí en España han publicado mensajes favorables a la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa. Algunos se dirigen expresamente a ciudadanos de origen marroquí que ya tienen la nacionalidad española y les animan a votar al PSOE.
La información publicada por EL ESPAÑOL sostiene que estos llamamientos comparten mensajes y objetivos, y recoge las advertencias del analista saharaui Taleb Alisalem sobre una posible estrategia de movilización coordinada. Sin embargo, conviene distinguir entre la existencia de mensajes electorales públicos y la atribución de una operación organizada al Estado marroquí, algo que no queda acreditado únicamente con los vídeos citados.
El episodio plantea preguntas relevantes sobre las relaciones entre España y Marruecos, el papel de los creadores de contenido en las campañas electorales y los límites entre la legítima expresión política de ciudadanos españoles y una eventual injerencia extranjera.
Qué mensajes promueven el voto al PSOE
Según la investigación publicada el 15 de octubre por EL ESPAÑOL, varios comunicadores con audiencias numerosas presentan a Sánchez como un dirigente favorable a los intereses de Marruecos y defienden que su continuidad beneficia tanto a los inmigrantes como a las relaciones entre ambos países.
Uno de los nombres citados es Soulaiman Raissouni, antiguo redactor jefe del diario marroquí Akhbar Al Youm. En los vídeos recogidos por el periódico, Raissouni defiende el apoyo a Sánchez por su posición respecto a Marruecos y la política migratoria.
Otro de los comunicadores mencionados es Zouhair Selmouni, que ha llamado expresamente a votar a los ciudadanos de origen marroquí que poseen nacionalidad española. En uno de los mensajes reproducidos por el medio, sostiene que deben acudir a las urnas y apoyar al presidente socialista.
También aparece Mohamed Sbay, analista y creador de contenido que presenta las elecciones como una elección entre el progreso asociado al PSOE y un supuesto retroceso si cambia el Gobierno.
Los mensajes no se limitan a la política exterior. En esos canales también se abordan asuntos como la vivienda, las prestaciones sociales, la inmigración, los pactos parlamentarios y las visitas de los Reyes a Ceuta y Melilla.
La estrategia comunicativa descrita por el periódico consiste en vincular cuestiones cotidianas de la política española con las consecuencias que un cambio de Gobierno podría tener para los inmigrantes y para las relaciones con Rabat.
Los vídeos se dirigen a ciudadanos que tienen derecho a votar en España
Uno de los aspectos centrales de la información es el llamamiento a personas nacidas en Marruecos que han adquirido la nacionalidad española. Una vez que cumplen los requisitos legales para ejercer el sufragio, estos ciudadanos tienen los mismos derechos electorales que los demás españoles en las elecciones generales.
EL ESPAÑOL estima en unas 250 000 personas el número de posibles votantes españoles nacidos en Marruecos, a partir de datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra debe interpretarse como una estimación de población, no como un recuento oficial de electores que apoyen a un partido ni como prueba de que todos hayan recibido los mensajes.
Los llamamientos políticos dirigidos a estos ciudadanos son relevantes porque muestran el interés de determinados comunicadores por movilizar a una audiencia concreta. Pero el origen nacional o familiar no permite deducir la orientación política de una persona: los ciudadanos de origen marroquí, como el resto del electorado, mantienen opiniones y preferencias diversas.
La cuestión democrática no es que un grupo de ciudadanos participe en una campaña o apoye a una formación política. La cuestión que puede generar controversia es si existe una coordinación externa destinada a influir en el debate electoral español y, en ese caso, quién la organiza, con qué medios y con qué alcance.
Taleb Alisalem denuncia un posible mensaje coordinado
El analista saharaui Taleb Alisalem considera que los llamamientos no son episodios aislados. En declaraciones recogidas por EL ESPAÑOL, sostiene que varios comunicadores y páginas digitales están difundiendo mensajes coincidentes a favor del PSOE.
Alisalem apunta a las redes asociativas, familiares y comunitarias como posibles canales para extender esos mensajes entre ciudadanos de origen marroquí residentes en España. También afirma que el temor a perder ayudas sociales puede utilizarse como argumento de movilización electoral.
El analista va más allá y atribuye la dinámica al régimen marroquí, calificándola de injerencia. Esa es su interpretación de los hechos, no una conclusión judicial ni una constatación oficial acreditada en la información publicada.
Para demostrar que existe una operación coordinada por el Estado marroquí sería necesario contar con pruebas adicionales: comunicaciones que acrediten instrucciones comunes, financiación, vínculos operativos verificables o documentación que permita identificar a los responsables. La coincidencia de mensajes puede justificar preguntas e investigaciones, pero no basta por sí sola para demostrar una dirección gubernamental.
La distinción importa. La influencia política extranjera es una cuestión que merece escrutinio, pero las acusaciones de injerencia deben sustentarse en evidencias verificables.
El precedente de las elecciones de 2023
La información publicada por EL ESPAÑOL sitúa los actuales llamamientos en una trayectoria que, según sus fuentes, ya se manifestó durante las elecciones municipales y generales de 2023.
Uno de los antecedentes citados es Aïcha El Gourgi, vinculada al Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y representante en España de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) de Marruecos. El medio informó de que publicó mensajes animando a ciudadanos españoles de origen marroquí a votar al PSOE.
La publicación de esos mensajes se enmarca en la relación política entre el PSOE y la formación marroquí. La existencia de cooperación entre partidos, sin embargo, no demuestra por sí misma que el Gobierno de Marruecos organizara o financiara una campaña electoral en España.
El artículo también recuerda unas declaraciones de Enaam Mayara, entonces presidente de la Cámara de Consejeros de Marruecos, que defendió en 2023 la importancia de la comunidad marroquí en España como instrumento de apoyo e influencia política. Esas palabras constituyen un antecedente relevante para examinar el interés de actores marroquíes por la movilización de la diáspora, aunque no acreditan por sí solas una operación estatal vinculada a la convocatoria de 2026.
La cuestión pendiente es si los mensajes actuales responden a iniciativas individuales de comunicadores y organizaciones o si existen pruebas de una coordinación más amplia.
Ceuta, Melilla y la relación entre Sánchez y Rabat
Parte de la controversia tiene una dimensión que trasciende la campaña electoral. En los contenidos analizados por el periódico aparecen referencias a Ceuta y Melilla, la política migratoria española y las relaciones con Marruecos.
Algunos de los vídeos citados presentan las dos ciudades autónomas como territorios «ocupados», una formulación que refleja una reivindicación política marroquí y que choca con la soberanía española sobre ambas ciudades.
Este elemento explica por qué la campaña descrita ha despertado interés en España: los mensajes no solo hablan de prestaciones sociales o vivienda, sino que también conectan la continuidad del Gobierno con asuntos sensibles de política exterior y territorial.
No obstante, es necesario separar los discursos de los influencers de las decisiones oficiales de Rabat. Que un comunicador defienda determinadas posiciones sobre Ceuta, Melilla o Sánchez no demuestra automáticamente que actúe por encargo del Gobierno marroquí.
Para evaluar una eventual influencia exterior, resulta más útil examinar hechos concretos: quién difunde los mensajes, cómo se financian los canales, si hay coordinación demostrable y qué vínculos existen con instituciones oficiales.
Qué dice esta campaña sobre las redes sociales y las elecciones
El caso ilustra cómo YouTube, Facebook y otras plataformas permiten que comunicadores con grandes audiencias intervengan en debates electorales de países distintos al suyo. Los contenidos en árabe pueden dirigirse tanto a personas que viven en Marruecos como a ciudadanos españoles con vínculos familiares, culturales o lingüísticos con ese país.
La difusión digital también dificulta distinguir entre una campaña espontánea, una iniciativa de varias cuentas independientes y una acción organizada. Para establecer esa diferencia se necesitan datos sobre la circulación de los mensajes, las relaciones entre las cuentas y los recursos utilizados.
En términos democráticos, conviene distinguir tres escenarios:
- Apoyo político legítimo: ciudadanos, asociaciones o comunicadores expresan públicamente su preferencia por un partido.
- Campaña coordinada: varias cuentas u organizaciones acuerdan mensajes y acciones para amplificar una determinada posición, algo que debe acreditarse con pruebas.
- Injerencia extranjera: un Estado u otro actor externo interviene de manera organizada en el proceso político de otro país. Esta acusación exige evidencias que identifiquen la intervención y sus responsables.
Los tres supuestos no son equivalentes. Confundirlos puede conducir tanto a minimizar una intervención real como a acusar sin pruebas a personas u organizaciones que ejercen legítimamente su libertad de expresión.
Qué se sabe y qué sigue sin estar demostrado
A partir de la información publicada por EL ESPAÑOL, pueden distinguirse los siguientes elementos:
- Hay llamamientos públicos a votar al PSOE difundidos por determinados periodistas, influencers y páginas vinculadas a audiencias marroquíes.
- Algunos mensajes se dirigen expresamente a ciudadanos de origen marroquí que tienen nacionalidad española.
- La información recoge declaraciones de Taleb Alisalem, que interpreta las coincidencias como una estrategia coordinada.
- El artículo recuerda antecedentes de movilización política y mensajes favorables al PSOE durante las elecciones de 2023.
- La cifra de 250 000 personas nacidas en Marruecos con nacionalidad española es una estimación demográfica citada por el medio, no una medición del voto potencial al PSOE.
- La información publicada no demuestra por sí sola que Mohamed VI o el Gobierno marroquí hayan ordenado, financiado o dirigido la campaña actual.
Este último punto es fundamental para mantener el rigor informativo. Las posibles conexiones con instituciones marroquíes, la existencia de financiación y el grado de coordinación requieren pruebas independientes.
Tampoco puede deducirse de los vídeos que los ciudadanos a los que se dirigen vayan a seguir sus recomendaciones. La intención de movilizar un electorado no equivale a demostrar que se haya conseguido modificar su comportamiento.
Un debate que exige transparencia y pruebas
La campaña descrita por EL ESPAÑOL plantea preguntas legítimas sobre la relación entre comunicación política, redes sociales e intereses internacionales. España tiene motivos para examinar con atención cualquier indicio verificable de intervención extranjera en sus elecciones, con independencia del país del que proceda.
Pero la respuesta debe basarse en hechos comprobados. La participación política de los españoles de origen marroquí forma parte de sus derechos ciudadanos; las eventuales operaciones organizadas desde el exterior, si se acreditan, constituyen una cuestión distinta que merece una investigación específica.
La cuestión de fondo no es a quién deben votar los ciudadanos españoles, sino si todos los actores que intervienen en el debate electoral respetan las reglas de transparencia y si existen pruebas de una intervención externa organizada.
La campaña está documentada en los mensajes citados por el medio; la supuesta dirección estatal marroquí sigue siendo una acusación atribuida a sus fuentes, no un hecho demostrado por la información disponible.
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