España vuelve a aparecer en el mapa europeo de la pobreza por una razón preocupante: cinco de las 24 regiones de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza o exclusión social son españolas. Los datos de Eurostat correspondientes a 2025 muestran una concentración de dificultades económicas y sociales que contrasta con la imagen de crecimiento que ofrecen algunos indicadores macroeconómicos.
El organismo estadístico europeo contabiliza 92,7 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en toda la UE, el equivalente al 20,9 % de la población comunitaria. Dentro de ese escenario, las regiones españolas figuran entre los territorios con mayores tasas de vulnerabilidad, junto con zonas de Bulgaria, Grecia, Italia, Francia y Rumanía.
El dato plantea una pregunta incómoda para España: ¿hasta qué punto el crecimiento económico está llegando a los hogares que más dificultades tienen para pagar la vivienda, llenar la cesta de la compra y mantener unas condiciones de vida dignas?
Eurostat sitúa a cinco regiones españolas entre las más vulnerables
El informe publicado por Eurostat el 16 de octubre de 2026, con datos de 2025, identifica 24 regiones europeas donde al menos el 31,5 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. España aporta cinco territorios a esa lista.
Esto significa que algo más de una quinta parte de las regiones incluidas en ese grupo pertenece a España. La proporción resulta especialmente relevante porque evidencia que las dificultades sociales no se distribuyen de forma uniforme dentro de la Unión Europea, sino que se concentran en determinadas zonas.
El fenómeno afecta especialmente a regiones del sur y del este de Europa, así como a territorios ultraperiféricos. La clasificación europea también incluye cuatro regiones italianas, cuatro griegas, cuatro búlgaras, tres territorios ultraperiféricos franceses y dos regiones rumanas, además de dos áreas urbanas de Europa occidental: Bruselas y Bremen.
La estadística no significa que toda la población de esas regiones sea pobre. Lo que señala es que una proporción muy elevada de sus habitantes reúne al menos una de las condiciones que componen el indicador europeo de pobreza o exclusión social.
Melilla supera el 43 % de población en riesgo
Entre los casos más graves figura Melilla, donde Eurostat sitúa el riesgo de pobreza o exclusión social en el 43,7 % de la población. La cifra coloca a la ciudad autónoma entre los cinco territorios de toda la Unión Europea donde el indicador supera el doble de la media comunitaria.
El dato europeo muestra la magnitud de la vulnerabilidad social en Melilla. Más de cuatro de cada diez residentes se encuentran en una situación que puede estar relacionada con bajos ingresos, carencias materiales o una vinculación insuficiente con el empleo.
La situación de Melilla debe analizarse teniendo en cuenta sus características económicas y geográficas, pero sin convertir el contexto en una excusa para normalizar los resultados. Las cifras obligan a examinar la capacidad de las políticas públicas para generar empleo estable, mejorar la formación y facilitar el acceso a oportunidades laborales.
La pobreza no depende de un único factor. La estructura productiva, el nivel educativo, la disponibilidad de empleos cualificados, el coste de la vivienda y la eficacia de las ayudas sociales pueden influir de manera diferente en cada territorio.
Por ello, una tasa elevada no demuestra por sí sola el fracaso de una medida política concreta, pero sí constituye una señal de que las condiciones de vida requieren atención y evaluación.
Andalucía continúa entre los territorios con mayores dificultades sociales
La situación de Andalucía añade una dimensión especialmente relevante al debate español. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía y los datos difundidos por la prensa a partir de su informe, el 34,7 % de la población andaluza, alrededor de 2,4 millones de personas, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social.
La cifra fue publicada por El País el 15 de octubre de 2026, que señaló que Andalucía llevaba 16 años consecutivos encabezando la clasificación española por este indicador. Aunque la tasa había mejorado en 0,9 puntos respecto al año anterior, la comunidad seguía registrando una proporción muy elevada de población vulnerable.
El dato refleja un problema persistente. Andalucía cuenta con grandes áreas urbanas, actividad turística, agricultura, industria y servicios, pero una parte importante de sus residentes continúa teniendo dificultades para transformar la actividad económica en seguridad material.
Entre los factores señalados en el debate sobre la pobreza andaluza destacan la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda y la vulnerabilidad de hogares con menores, personas con discapacidad y familias que destinan una proporción elevada de sus ingresos al alquiler.
También es importante recordar que tener empleo no garantiza estar fuera del riesgo de pobreza. Los salarios bajos, la temporalidad, las jornadas parciales involuntarias y los gastos básicos pueden dejar a una familia en una situación económica frágil incluso cuando alguno de sus miembros trabaja.
El crecimiento económico no siempre llega al bolsillo
Uno de los principales problemas que revela esta fotografía europea es la distancia entre los indicadores agregados de la economía y la experiencia cotidiana de los hogares.
El crecimiento del producto interior bruto, la creación de empleo o el aumento de la afiliación a la Seguridad Social son datos relevantes para evaluar la actividad económica. Sin embargo, no describen por sí solos cómo se reparte la renta ni cuánto dinero queda disponible a final de mes después de pagar la vivienda, la alimentación, la energía y el transporte.
Un país puede crecer económicamente y mantener bolsas de pobreza importantes si los beneficios del crecimiento no se traducen en mejores salarios, empleos estables y una reducción de las desigualdades territoriales.
La vivienda se ha convertido en uno de los elementos centrales de esa tensión. Cuando el alquiler o la hipoteca absorben una parte excesiva de los ingresos, disminuye la capacidad de los hogares para afrontar imprevistos, ahorrar o cubrir otros gastos esenciales.
A ello se añaden las diferencias entre territorios en productividad, cualificación profesional, acceso a servicios y oportunidades de empleo. Esas desigualdades dificultan que una persona pueda mejorar sus condiciones de vida simplemente cambiando de trabajo dentro de una economía regional con pocas alternativas laborales.
La cuestión económica no es únicamente cuánto crece España, sino cuánto de ese crecimiento mejora la vida de quienes tienen menos recursos.
Qué mide exactamente el indicador europeo de pobreza
Para interpretar correctamente las cifras es necesario distinguir entre pobreza monetaria y riesgo de pobreza o exclusión social.
Eurostat utiliza el indicador conocido como AROPE, que reúne tres dimensiones. Una persona se considera en riesgo de pobreza o exclusión social si cumple al menos una de las condiciones contempladas.
- Riesgo de pobreza monetaria: ingresos disponibles equivalentes inferiores al 60 % de la mediana nacional, después de transferencias sociales.
- Carencia material y social severa: imposibilidad de afrontar determinados gastos o mantener condiciones de vida consideradas esenciales.
- Baja intensidad laboral: hogares en los que sus miembros en edad de trabajar han tenido una participación reducida en el empleo durante el periodo de referencia.
El indicador permite detectar situaciones de vulnerabilidad que no aparecen si se observa exclusivamente la renta. Una familia puede superar el umbral monetario de pobreza y, aun así, sufrir privaciones importantes o depender de una actividad laboral muy limitada.
También conviene evitar una interpretación errónea: el 31,5 % no es el umbral de ingresos que convierte a una persona en pobre. Es la tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social que Eurostat utiliza para identificar el grupo de regiones con resultados más elevados en su informe de 2025.
La metodología es importante para comparar territorios, aunque no sustituye a un análisis detallado de los salarios, el coste de la vida, el acceso a la vivienda o la distribución de las ayudas en cada región.
Una brecha territorial que persiste en Europa
El informe de Eurostat también muestra que las diferencias regionales son profundas dentro de la propia Unión Europea. Mientras 24 regiones registran tasas iguales o superiores al 31,5 %, otras 24 mantienen el indicador por debajo del 13 %.
Entre las zonas con menor riesgo figuran varias regiones de Chequia, el norte de Italia y Bélgica, además de áreas metropolitanas de Europa central y oriental. La distancia entre ambos extremos muestra que la vulnerabilidad social no es inevitable ni uniforme en el conjunto europeo.
La región francesa de Guayana registró la tasa más alta, con un 54,8 %. Calabria, en Italia, alcanzó el 45,3 %, y Sicilia, el 44 %. La isla francesa de La Reunión registró el 42,3 %, mientras que Melilla llegó al 43,7 %.
Estos resultados no permiten concluir que un único modelo económico explique todas las diferencias. Las regiones europeas presentan estructuras demográficas, mercados laborales, niveles de renta y circunstancias geográficas distintas.
Sí permiten afirmar que las políticas nacionales y regionales deben evaluarse por sus resultados sociales, además de por el gasto que anuncian o las medidas que ponen en marcha.
Ayudas sociales, empleo y vivienda: los tres grandes desafíos
La reducción de la pobreza exige actuar sobre varios factores a la vez. Las ayudas públicas pueden evitar que hogares vulnerables caigan en situaciones aún más graves, pero su efecto debe medirse junto con la evolución de los ingresos, el empleo y el coste de los bienes esenciales.
En territorios con tasas elevadas de exclusión, las prioridades incluyen:
- Crear empleo estable y productivo. No basta con aumentar la ocupación si una parte de los nuevos puestos ofrece ingresos insuficientes o una continuidad muy limitada.
- Facilitar el acceso a la vivienda. El coste del alquiler y de la compra puede absorber una parte excesiva de los ingresos y dificultar la emancipación de los jóvenes.
- Mejorar la formación y las oportunidades laborales. La cualificación puede ampliar las opciones de empleo y reducir la dependencia de actividades estacionales o de baja productividad.
- Evaluar las ayudas públicas. Las prestaciones deben llegar a quienes las necesitan y comprobarse sus efectos sobre la pobreza, la exclusión y la autonomía económica.
- Reducir las diferencias territoriales. Las políticas deben tener en cuenta las particularidades de cada región y medir los resultados con indicadores comparables.
Estas medidas no son excluyentes. La protección social puede ser necesaria a corto plazo, mientras que la mejora de la productividad, la educación y el acceso al empleo resulta fundamental para reducir la vulnerabilidad de manera duradera.
La evaluación debe basarse en datos y no únicamente en anuncios políticos. Si una región mantiene tasas elevadas durante años, es razonable examinar qué programas funcionan, cuáles no producen resultados suficientes y qué obstáculos impiden que los hogares mejoren su situación.
La pobreza infantil y la vulnerabilidad de las familias
La pobreza tiene consecuencias que van más allá de los ingresos del presente. Cuando afecta a hogares con menores, puede limitar las oportunidades educativas, la alimentación, el acceso a actividades extraescolares y las condiciones de estudio.
Las familias con un único adulto a cargo, los hogares con varios menores y quienes afrontan gastos elevados de vivienda pueden encontrarse en una situación especialmente delicada. También las personas con discapacidad y quienes tienen dificultades para acceder al mercado laboral pueden necesitar apoyos específicos.
Estas situaciones no se resuelven únicamente con transferencias económicas, aunque las prestaciones pueden desempeñar un papel importante. También intervienen la disponibilidad de servicios públicos, la conciliación, la formación, la atención a la dependencia y la estabilidad del empleo.
Por eso, las tasas regionales deben complementarse con información desglosada por edad, tipo de hogar, situación laboral y nivel de ingresos. De ese modo es posible identificar a los grupos más afectados y diseñar medidas ajustadas a sus necesidades.
Qué revela el dato sobre España
La presencia de cinco regiones españolas entre las 24 con mayor riesgo de pobreza o exclusión social de la UE es una señal relevante de desigualdad territorial. No demuestra que todos los españoles tengan peores condiciones de vida que los ciudadanos de otros países, ni que el mismo fenómeno afecte por igual a todas las comunidades autónomas.
Lo que muestra es que España mantiene focos regionales de vulnerabilidad muy elevados dentro del contexto europeo, con una situación especialmente preocupante en Melilla y Andalucía.
El dato también invita a evitar dos simplificaciones. La primera sería presentar el crecimiento económico como prueba suficiente de bienestar general. La segunda, atribuir toda la pobreza a una única causa o a una sola administración sin analizar la evolución del empleo, la renta, la vivienda y las políticas sociales.
La respuesta requiere objetivos medibles, transparencia en el gasto y seguimiento de los resultados. Reducir el porcentaje de población en riesgo de pobreza debe ser una prioridad que pueda evaluarse año tras año, no solo una declaración de intenciones.
Conclusión: el reto de convertir el crecimiento en bienestar
Los datos publicados por Eurostat dibujan una realidad que merece atención: cinco regiones españolas figuran entre las 24 de la UE con mayor riesgo de pobreza o exclusión social, y Melilla registra una tasa del 43,7 %. En Andalucía, el indicador nacional alcanza el 34,7 %, según los datos difundidos por la Red Española contra la Pobreza y recogidos por El País.
La comparación europea no ofrece por sí sola una explicación definitiva, pero sí identifica un problema que no puede resolverse únicamente con indicadores macroeconómicos positivos. Para los hogares vulnerables, la medida más inmediata de la economía sigue siendo la posibilidad de pagar la vivienda, afrontar los gastos esenciales y disponer de un empleo que proporcione estabilidad.
El desafío para las administraciones consiste en convertir el crecimiento en oportunidades reales, evaluar las políticas sociales con rigor y reducir las diferencias entre territorios. La pobreza no se combate solo con promesas ni se mide únicamente con el PIB: se combate cuando más personas pueden vivir con seguridad material y oportunidades de futuro.
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