Quince días antes de la entrada masiva de migrantes, las Fuerzas Armadas practicaron un dispositivo de contingencia. La investigación busca esclarecer por qué no se desplegó durante la crisis.
El Ejército estaba preparado, pero la orden nunca llegó
Ceuta afrontó el pasado verano una de las mayores crisis fronterizas de su historia reciente. Miles de personas entraron en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio de 2026, en un episodio que ha abierto interrogantes sobre la prevención, la coordinación entre las fuerzas de seguridad y la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez.
Ahora, una información publicada por El Español añade un elemento relevante: el Ejército habría realizado un simulacro de su plan de contingencia para defender Ceuta aproximadamente 15 días antes de la entrada masiva. Según fuentes militares citadas por ese medio, las unidades conocían sus cometidos y estaban preparadas para actuar, pero el dispositivo no recibió la orden de activación de las autoridades civiles competentes.
La información plantea una pregunta de enorme trascendencia para la seguridad nacional: si las Fuerzas Armadas habían ensayado cómo responder ante una crisis de estas características, ¿por qué no se activó el plan cuando se produjo la entrada masiva?
La respuesta no puede darse por cerrada. La investigación judicial continúa recopilando informes, comunicaciones y testimonios para reconstruir qué información manejaron las autoridades y qué decisiones adoptaron antes, durante y después de los acontecimientos.
Lo que sí está sobre la mesa es la necesidad de aclarar si existieron fallos de coordinación, una valoración insuficiente del riesgo o decisiones políticas que limitaron la respuesta operativa.
Qué se sabe del plan de contingencia ensayado en julio
Según El Español, el ejercicio militar se desarrolló alrededor de dos semanas antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio. Las fuentes militares consultadas por el periódico explican que los planes de contingencia coordinados por el jefe del Estado Mayor de la Defensa contemplan distintos escenarios de crisis, incluidos aquellos que no implican un ataque convencional.
Estos planes no se limitan a prever una agresión con carros de combate, artillería u otras capacidades militares. También pueden contemplar amenazas híbridas, es decir, situaciones en las que se combinan instrumentos de presión política, acciones asimétricas, operaciones de influencia, ciberataques o movimientos de población utilizados con una finalidad geopolítica.
En el caso de Ceuta, las fuentes citadas por El Español sostienen que los ejercicios preparan a las unidades para responder ante distintos escenarios y establecen las funciones que corresponderían a cada efectivo si se activa el dispositivo.
El periódico también señala que estos entrenamientos se realizan periódicamente, en torno a tres o cuatro veces al año, dentro de la preparación de las unidades de la Comandancia General de Ceuta.
Este matiz es fundamental: que exista un plan de contingencia no demuestra por sí solo que el Gobierno conociera con certeza la fecha y la magnitud de la crisis. Sí demuestra, según la información publicada, que el Ejército se preparaba para escenarios que podían exigir una respuesta extraordinaria.
La cuestión que ahora debe esclarecerse es qué información concreta estaba disponible en julio, quién la recibió y si fue valorada de forma suficiente antes de que se produjeran los acontecimientos.
Por qué el Ejército no puede actuar por iniciativa propia
Una de las claves del caso es la distribución legal de competencias entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles responsables de la seguridad interior.
Las fuentes militares citadas por El Español recuerdan que los militares no pueden intervenir unilateralmente en una situación como la ocurrida en Ceuta. Su despliegue debe ajustarse al marco legal y a las órdenes de las autoridades competentes.
La seguridad fronteriza y el control del orden público corresponden, en sus respectivos ámbitos, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las autoridades civiles. El Ejército puede desempeñar funciones de apoyo cuando existe habilitación legal y se ordena su intervención conforme a los procedimientos establecidos.
Según la información publicada, las unidades militares estaban preparadas y se pusieron a disposición de la autoridad civil competente. Sin embargo, el dispositivo no habría sido activado por la Delegación del Gobierno y los responsables de Interior que debían dirigir la respuesta.
Este punto desplaza el debate desde la preparación de los soldados hacia la cadena de decisión política y operativa. Si los efectivos no tenían autorización para ejecutar el plan, no basta con preguntar por qué no intervinieron: también hay que determinar quién podía dar la orden, qué información tenía y qué criterios utilizó para decidir.
La investigación debe aclarar, además, si las órdenes recibidas por los diferentes cuerpos fueron suficientemente precisas y si existieron discrepancias entre las instituciones encargadas de afrontar la emergencia.
La crisis del 30 y 31 de julio: una frontera desbordada
La entrada masiva de personas en Ceuta durante el verano provocó una crisis de seguridad, atención humanitaria y gestión administrativa. La ciudad, separada del territorio peninsular y situada en la frontera con Marruecos, tiene una capacidad limitada para absorber en poco tiempo un movimiento de población de semejante magnitud.
La dimensión exacta de la entrada y el número de personas que permanecieron posteriormente en la ciudad han sido objeto de distintas estimaciones y controversias. El Español ha publicado cifras superiores a 96 000 entradas, atribuidas a datos oficiales del Gobierno, mientras que otras informaciones han manejado recuentos diferentes en función del periodo y del método utilizado.
Es imprescindible distinguir entre el número de entradas registradas, las personas que cruzaron en un momento determinado, los retornos efectuados y quienes permanecieron en Ceuta. Son categorías diferentes y no deben presentarse como si representaran el mismo dato.
La crisis obligó a las autoridades a gestionar la presión sobre los servicios públicos, la atención a los menores y la situación de quienes quedaron en la ciudad. También provocó inquietud entre los residentes, especialmente por la capacidad de las instituciones para recuperar la normalidad y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.
En ese contexto, la pregunta sobre la activación del plan militar adquiere relevancia. Si las autoridades disponían de información previa sobre un posible aumento extraordinario de entradas, debían valorar qué medidas eran necesarias y cuáles podían ejecutarse legalmente.
Pero la existencia de una previsión genérica o de un ejercicio previo no permite concluir, por sí sola, que se conociera con precisión la dimensión final de los acontecimientos. Esa diferencia es precisamente uno de los asuntos que debe esclarecer la documentación solicitada por la Justicia.
Los avisos de inteligencia también están bajo investigación
La controversia sobre el plan militar coincide con otras informaciones relativas a los avisos que recibieron las autoridades antes de la crisis.
En las últimas semanas, varios medios han publicado datos sobre informes de inteligencia y comunicaciones entre responsables de seguridad y representantes de la Administración. La Audiencia Nacional investiga qué información se manejó en los días anteriores a la entrada masiva y qué decisiones se adoptaron.
Según una información de El País del 16 de octubre, el Centro Nacional de Inteligencia entregó a la jueza María Tardón documentación sobre los acontecimientos. El informe abordaría, entre otros aspectos, el conocimiento que podían tener las autoridades marroquíes de los movimientos de personas hacia la frontera.
Por su parte, El Español ha publicado informaciones anteriores sobre documentos que, según ese periódico, alertaban del riesgo de una entrada masiva y de una posible instrumentalización de los movimientos migratorios para ejercer presión sobre España.
Estas informaciones deben tratarse con cautela. Que se investigue si hubo avisos previos no significa que todas las hipótesis sobre una operación organizada estén judicialmente acreditadas. La atribución de responsabilidades al Gobierno marroquí, a funcionarios concretos o a responsables políticos españoles requiere pruebas y una valoración de las autoridades competentes.
Lo que la investigación sí pretende determinar es qué sabían los organismos de inteligencia, cuándo lo supieron, a quién transmitieron sus advertencias y cómo se utilizaron esos datos para planificar la respuesta.
Si se confirma que existían avisos específicos que no se tradujeron en medidas proporcionales al riesgo, sería necesario explicar por qué. Si, por el contrario, la información era incompleta o no permitía anticipar la dimensión real de la crisis, también habrá que establecerlo con documentación.
La jueza solicita informes militares y de seguridad
La investigación judicial ha adquirido especial importancia porque puede ayudar a reconstruir la secuencia de decisiones institucionales.
El 19 de octubre, El País informó de que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón había solicitado al Ejército informes de inteligencia y seguridad correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de julio y el 7 de agosto. También había citado a declarar como testigos a tres consejeros del Gobierno de Ceuta y a varios agentes de las fuerzas de seguridad.
La información de la Cadena SER publicada ese mismo día confirmó que la magistrada había requerido documentación de distintas unidades policiales y militares, además de registros audiovisuales y datos sobre reuniones celebradas durante los días clave.
Entre los elementos solicitados figuran documentos relacionados con la planificación, las comunicaciones entre instituciones y los movimientos registrados antes y durante la entrada masiva. La jueza también busca identificar a un confidente que, según declaraciones recogidas en la investigación, habría alertado sobre movimientos inusuales en Marruecos.
La finalidad de estas diligencias es reconstruir los hechos, determinar qué información estaba disponible y evaluar cómo actuaron las autoridades. La apertura de diligencias y la solicitud de informes no equivalen a una condena ni prueban por sí mismas una actuación delictiva.
A fecha de esta publicación, las informaciones citadas no permiten presentar como judicialmente probada una responsabilidad penal concreta por la falta de activación del plan militar.
El precedente de 2021 y las lecciones para la defensa de Ceuta
Ceuta ya vivió una crisis fronteriza de gran magnitud en mayo de 2021, cuando miles de personas entraron en la ciudad desde Marruecos en un corto espacio de tiempo.
Aquel episodio obligó a desplegar a las Fuerzas Armadas para colaborar en la respuesta y establecer un dispositivo de seguridad. Según las fuentes militares citadas por El Español, las lecciones de esa crisis se incorporaron a los ejercicios posteriores para preparar a los efectivos ante nuevos escenarios de presión fronteriza.
El antecedente de 2021 resulta importante porque demuestra que una entrada masiva de personas no es un escenario completamente desconocido para las autoridades españolas. Sin embargo, las circunstancias de cada crisis pueden variar, y la respuesta debe ajustarse a la información disponible, la legislación y los recursos existentes en cada momento.
La planificación militar busca evitar que, cuando se produzca una emergencia, los efectivos tengan que improvisar sus funciones. Los ejercicios establecen misiones, zonas de despliegue y mecanismos de coordinación. Pero la preparación no sustituye a la decisión de activar el dispositivo cuando corresponde.
El desafío consiste en garantizar que los planes no se queden en documentos o simulacros, sino que formen parte de una respuesta institucional coherente, con competencias claras y criterios definidos para situaciones excepcionales.
Qué es una amenaza híbrida y por qué importa en Ceuta
El concepto de amenaza híbrida describe una combinación de instrumentos militares y no militares utilizados para debilitar, presionar o desestabilizar a un Estado. Puede incluir campañas de desinformación, ciberataques, sabotajes, presión económica, operaciones encubiertas o la explotación de vulnerabilidades sociales y fronterizas.
En determinados contextos, el movimiento de población puede convertirse en un instrumento de presión política. Sin embargo, identificar ese riesgo no significa atribuir automáticamente una intención hostil a todas las personas que cruzan una frontera ni presumir que cada movimiento migratorio responde a una operación estatal.
En Ceuta, la investigación busca esclarecer si la entrada masiva estuvo precedida por una planificación o coordinación que las autoridades españolas pudieran haber detectado. Para sostener una conclusión sobre una operación híbrida concreta se necesitan pruebas sobre la organización, la participación de actores estatales o no estatales y la finalidad perseguida.
La importancia estratégica de Ceuta es evidente: se trata de territorio español en el norte de África, en una zona de especial sensibilidad para la seguridad fronteriza y las relaciones entre España y Marruecos.
Por eso, la planificación debe contemplar tanto las amenazas convencionales como los escenarios que pueden desbordar a los servicios policiales y administrativos sin llegar a constituir un ataque militar abierto.
La responsabilidad política: prevención, coordinación y transparencia
La información sobre el simulacro abre un debate que va más allá de la actuación de los soldados. La preparación militar es solo una parte de la respuesta estatal: también hacen falta inteligencia compartida, coordinación entre ministerios, órdenes claras y una estrategia para afrontar situaciones de presión fronteriza.
Si las autoridades recibieron advertencias concretas y no adoptaron medidas suficientes, tendrán que explicar los motivos. Si existieron desacuerdos entre Interior, Defensa, la Delegación del Gobierno y los responsables locales, será necesario aclarar qué ocurrió y cómo se gestionaron.
La transparencia resulta esencial porque la seguridad fronteriza afecta a la confianza de los ciudadanos en las instituciones. También porque los militares y los agentes policiales deben contar con instrucciones claras y una cobertura legal adecuada para realizar sus funciones.
No obstante, una crítica política rigurosa debe evitar anticipar conclusiones que corresponden a la investigación. La información disponible permite plantear preguntas sobre la planificación y la cadena de mando, pero no basta para afirmar que una autoridad concreta actuó deliberadamente para permitir la crisis.
La respuesta institucional debería incluir una cronología precisa de las alertas, las reuniones celebradas, los planes disponibles y las decisiones adoptadas. Ese registro permitiría distinguir entre errores de valoración, problemas de coordinación y posibles incumplimientos de las obligaciones legales.
Qué debe aclararse ahora
La investigación tendrá que responder, al menos, a cinco cuestiones fundamentales:
- Qué contemplaba exactamente el plan ensayado y qué condiciones debían cumplirse para activarlo.
- Qué informes de inteligencia y seguridad recibieron las autoridades durante las semanas anteriores a la crisis.
- Quién tenía la competencia para ordenar el despliegue y qué instrucciones se transmitieron a las unidades militares.
- Por qué no se activó el dispositivo, según la cadena de decisiones que pueda reconstruirse documentalmente.
- Qué cambios deben introducirse para mejorar la coordinación y la respuesta ante futuras emergencias fronterizas.
Las respuestas deben apoyarse en documentos, testimonios y pruebas verificables. La gravedad del episodio exige claridad, pero también rigor para no confundir sospechas, hipótesis de trabajo y hechos acreditados.
Ceuta necesita una estrategia de seguridad clara
El simulacro militar publicado por El Español pone de relieve una cuestión esencial: España necesita que sus planes de contingencia estén conectados con un sistema de decisión capaz de reaccionar con rapidez y dentro de la legalidad.
La preparación de las Fuerzas Armadas pierde eficacia si no existe una cadena de mando clara para decidir cuándo y cómo deben intervenir. Del mismo modo, una respuesta contundente no puede improvisarse al margen de las competencias legales ni ignorar las obligaciones de protección de las personas.
Ceuta requiere una política de seguridad fronteriza basada en la anticipación, la cooperación entre instituciones y la evaluación permanente de los riesgos. También necesita una relación con Marruecos que proteja los intereses españoles y evite que cualquier crisis fronteriza termine convirtiéndose en una emergencia para los residentes y los servicios públicos.
La pregunta decisiva no es únicamente por qué el Ejército no actuó, sino qué información tenía el Estado, quién debía decidir y por qué el dispositivo previsto no se activó. La documentación que recabe la Justicia será determinante para responder sin especulaciones.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se gestionó una crisis de esta magnitud. Y los responsables públicos tienen la obligación de ofrecer explicaciones verificables sobre la prevención, la coordinación y las decisiones que se tomaron.
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