Un inmigrante que ayudó a identificar a presuntos participantes en la entrada irregular del 30 de julio alertó a la jueza María Tardón de que teme regresar al centro de acogida. La Audiencia Nacional investiga también la actuación de responsables y agentes marroquíes.
El testigo teme que los demás internos sepan que colabora con la Policía
La investigación judicial sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio incorpora una preocupación que va más allá de la reconstrucción de los hechos: la seguridad de quienes están colaborando con las autoridades españolas.
Uno de los tres inmigrantes que han prestado declaración ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón manifestó el pasado miércoles que su vida podría correr peligro. Según publicó La Razón, que cita fuentes jurídicas, el testigo trasladó su temor al finalizar una comparecencia por videoconferencia desde Ceuta.
Su inquietud tiene un motivo concreto. El hombre se había ofrecido voluntariamente a colaborar con el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional y había participado en la identificación de personas que, según los investigadores, estuvieron presentes en la frontera durante la entrada masiva.
Al terminar su declaración, preguntó si debía regresar al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Le preocupaba que otros residentes lo hubieran visto salir acompañado por agentes policiales y dedujeran que estaba colaborando con la investigación.
El testigo considera que esa circunstancia podría despertar sospechas entre sus compañeros y comprometer su seguridad. También señaló que el recelo podría extenderse, según su percepción, al personal de las organizaciones de acogida y a los traductores.
La advertencia introduce un elemento sensible en una causa que depende, entre otras diligencias, de testimonios, reconocimientos de personas y análisis de imágenes. La protección de los declarantes resulta fundamental para que puedan colaborar sin presiones ni intimidaciones.
Tres inmigrantes han colaborado en la identificación de personas presentes en la frontera
El testigo forma parte de un grupo de tres inmigrantes que entraron a nado en Ceuta el 30 de julio y que posteriormente colaboraron con la Policía Nacional.
Según la información publicada por La Razón, los tres han ayudado a identificar a personas que aparecen en las imágenes analizadas por los investigadores. Entre ellas figurarían responsables policiales, informadores municipales y otros individuos a los que la Policía atribuye un posible papel de dinamización de la llegada de personas hacia la frontera.
Uno de los declarantes reconoció, en concreto, a dos supuestos «mkadam», término utilizado para referirse a informadores o auxiliares vinculados a la administración local marroquí. También identificó a un teniente y a un jefe policial que, según el análisis de las imágenes realizado por el CENIF, se encontraban en la zona fronteriza.
El inmigrante aseguró ante la magistrada que fue él quien decidió ofrecer su ayuda a las autoridades españolas. Su colaboración, por tanto, no habría sido consecuencia de una iniciativa de los agentes, sino de su propia voluntad, según el relato recogido por el periódico.
La identificación de estas personas puede resultar relevante para reconstruir cómo se desarrolló la concentración de migrantes y qué papel desempeñaron determinados individuos en los momentos previos y durante la entrada en territorio español.
No obstante, un reconocimiento realizado por un testigo no equivale por sí mismo a una prueba definitiva de responsabilidad penal. La instrucción deberá contrastar las declaraciones con las imágenes, los informes policiales y el resto de las diligencias antes de determinar si existen indicios suficientes contra alguna persona.
La Policía ha entregado a la jueza un vídeo con 24 presuntos dinamizadores
Uno de los elementos destacados de la investigación es el material audiovisual recopilado por el CENIF.
Según La Razón, la Policía ha entregado a la jueza Tardón un vídeo grabado en la frontera el 30 de julio en el que aparecen identificadas 24 personas consideradas presuntos dinamizadores de la entrada masiva.
El trabajo policial habría permitido reconocer a más de una veintena de individuos tras revisar las imágenes. El material ya se encuentra a disposición de la magistrada, que deberá valorar su contenido junto con los testimonios y los demás documentos incorporados a la causa.
Además, los investigadores han remitido otro vídeo centrado en la actuación de los agentes marroquíes uniformados que se encontraban en la zona. La información publicada apunta a que ese segundo material refleja una actitud que la Policía española considera pasiva durante el desarrollo de los acontecimientos.
Los tres inmigrantes que han colaborado con los investigadores habrían reconocido al menos a cinco de los presuntos dinamizadores que aparecen en las imágenes.
Este punto es relevante porque permite cruzar dos vías de investigación: por un lado, el análisis técnico de las grabaciones y, por otro, los reconocimientos efectuados por personas que estuvieron presentes en la frontera.
La jueza tendrá que determinar qué valor probatorio puede atribuirse a cada elemento y si las personas identificadas tuvieron realmente una intervención ilícita. Por el momento, las referencias a «dinamizadores» describen una línea de investigación policial, no una condena judicial.
El testigo sostiene que hubo permisividad de las autoridades marroquíes
Durante su declaración, el inmigrante también se refirió al comportamiento de las autoridades marroquíes durante la entrada masiva.
Según el relato recogido por La Razón, el testigo sostuvo que hubo permisividad por parte de los responsables del país vecino. Para explicar su percepción, comparó lo ocurrido con la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando miles de personas entraron en Ceuta en medio de una grave tensión diplomática entre España y Marruecos.
Aquella crisis coincidió con el traslado a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir atención médica. La decisión provocó un enfrentamiento político con Rabat y estuvo acompañada de una entrada masiva de personas en la ciudad autónoma.
El testigo afirmó que, cuando se concentra una multitud en la frontera y los presentes observan que hay pocos policías o autoridades, pueden interpretar que no encontrarán obstáculos para cruzar.
Se trata de una apreciación atribuida al declarante. La responsabilidad de las autoridades marroquíes y el grado de coordinación que pudo existir durante los hechos deberán establecerse mediante pruebas independientes.
En cualquier caso, la posible actuación de funcionarios y agentes del país vecino constituye uno de los asuntos centrales de la investigación. La colaboración de los tres inmigrantes puede aportar información sobre quiénes estaban en la zona y qué comportamientos observaron.
Otro testigo, antiguo sargento marroquí, teme las consecuencias de regresar a su país
La preocupación por la seguridad no se limita al inmigrante que teme volver al CATE.
Otro de los declarantes es un antiguo miembro de la Gendarmería Real de Marruecos, que había desempeñado funciones como sargento y estuvo destinado en el aeropuerto de Marrakech hasta el pasado 6 de marzo, según la información publicada por La Razón.
En una primera conversación con los investigadores, este hombre manifestó que, si regresaba a Marruecos, podrían encarcelarlo. Sin embargo, durante su declaración ante la jueza matizó esa afirmación.
El exmilitar explicó que su temor a acabar en prisión no estaría relacionado directamente con su entrada en Ceuta, sino con un conflicto administrativo que mantiene con las autoridades marroquíes por la cuantía de su jubilación. Según su versión, ese asunto se habría difundido ampliamente y podría acarrearle consecuencias.
También describió la desconfianza que, a su juicio, despierta entre otros residentes del centro de acogida el hecho de que la Policía española acuda a buscarlo para declarar.
El testimonio requiere especial cautela: el temor expresado por el antiguo gendarme no demuestra que exista una amenaza concreta ni permite concluir que las autoridades marroquíes hayan iniciado actuaciones contra él por colaborar con España.
Sí pone de manifiesto, sin embargo, las dificultades que pueden afrontar algunos testigos cuando mantienen vínculos personales, laborales o administrativos con el país del que proceden.
Los declarantes también alertan sobre militares marroquíes que cruzaron la frontera
Otro de los inmigrantes que comparecieron ante la magistrada se refirió a la situación de militares marroquíes que, según su testimonio, habrían cruzado la frontera durante la entrada masiva y abandonado sus puestos de trabajo.
El declarante sostuvo que algunos de esos soldados intentaban permanecer en Ceuta porque temían las consecuencias de regresar a Marruecos.
También relató que, cuando se aproximaron a la frontera el 30 de julio, algunos policías marroquíes les habrían indicado que bajaran hacia la playa. Una vez allí, según su versión, otros agentes les habrían instado a entrar en el agua.
La mayor parte de las personas que llegaron a Ceuta durante aquella jornada lo hicieron a nado, de acuerdo con las informaciones publicadas sobre el episodio.
Estos relatos deberán contrastarse con las grabaciones disponibles, los informes de los cuerpos policiales y las declaraciones de otros testigos. La investigación tendrá que aclarar si hubo instrucciones, tolerancia deliberada o una actuación descoordinada de los agentes desplegados en el lado marroquí.
La investigación también examina las decisiones de los responsables españoles
La causa dirigida por la jueza María Tardón no se limita a analizar lo sucedido en Marruecos. También trata de reconstruir qué información tenían las autoridades españolas antes de la entrada masiva, qué alertas recibieron y cómo se organizó la respuesta operativa.
En septiembre, la magistrada citó como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz. También solicitó a distintos organismos policiales y militares información sobre las alertas y los análisis de riesgos que pudieran haberse elaborado antes de los hechos.
En octubre amplió las diligencias y citó a tres consejeros del Gobierno de Ceuta y a tres policías nacionales que estuvieron de servicio durante la jornada. La jueza pidió además documentación sobre reuniones, comunicaciones e imágenes de los sistemas de vigilancia y control fronterizo.
Las declaraciones de los mandos policiales también han aportado detalles sobre las decisiones adoptadas en la playa. El 26 de octubre, el teniente coronel jefe de Operaciones de la Guardia Civil en Ceuta explicó ante la Audiencia Nacional que decidió mantener abierto el paso ante el riesgo de que la acumulación de personas provocara aplastamientos.
Según la información de la Cadena SER, el mando aseguró que tomó esa decisión por iniciativa propia y que existió discrepancia con la Policía Nacional, que inicialmente defendía cerrar el paso. Finalmente, un comisario medió y se optó por mantenerlo abierto.
El mismo mando afirmó que la noche anterior había observado seis embarcaciones marroquíes frente a la costa. También declaró que algunas embarcaciones menores recogían a personas en el agua y las acercaban a la playa.
Estos extremos forman parte de las declaraciones recogidas durante la instrucción. No constituyen, por sí solos, una conclusión judicial sobre la existencia de una operación organizada ni sobre la responsabilidad de las autoridades de uno u otro país.
La protección de los testigos, una cuestión clave para esclarecer lo ocurrido
La advertencia del inmigrante que teme regresar al centro de acogida plantea una cuestión que la investigación no puede dejar en segundo plano: cómo garantizar que los testigos puedan declarar con libertad y sin temor a represalias.
La colaboración de personas que estuvieron presentes en la frontera puede resultar especialmente útil cuando existen imágenes que necesitan ser interpretadas, individuos que deben ser identificados y episodios que no quedaron documentados desde todos los ángulos.
Pero esa colaboración pierde eficacia si los declarantes consideran que su seguridad puede verse comprometida por el hecho de hablar con la Policía o comparecer ante un tribunal.
La protección de los testigos no implica dar por ciertas todas sus afirmaciones. Significa garantizar que puedan declarar sin presiones y que sus testimonios sean sometidos a las comprobaciones judiciales correspondientes.
La causa de Ceuta tiene por delante varias preguntas esenciales: quién organizó o alentó los desplazamientos hacia la frontera, qué papel desempeñaron los agentes marroquíes, qué información llegó a las autoridades españolas y si la respuesta de los cuerpos de seguridad fue adecuada ante la magnitud de la llegada.
El testimonio de este inmigrante añade una nueva dimensión a la investigación: además de esclarecer lo ocurrido el 30 de julio, la Justicia debe garantizar que quienes aportan información puedan hacerlo sin miedo. La respuesta a esa cuestión será importante tanto para la protección de los declarantes como para la credibilidad de la investigación judicial.
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