Los dos destinos reciben cerca de tres millones de visitantes al año y reclaman cambiar la financiación municipal: denuncian que los vecinos soportan una parte importante del coste de los servicios que exige la actividad turística.
El turismo llena hoteles, pero también dispara la factura municipal
El turismo es uno de los grandes motores económicos de España. Genera empleo, actividad empresarial e ingresos para miles de negocios. Sin embargo, el éxito de destinos como Salou y Benidorm tiene una cara menos visible: el coste que supone mantener las calles limpias, garantizar la seguridad, recoger los residuos, conservar las playas y dimensionar los servicios públicos para atender a millones de visitantes.
Los ayuntamientos de ambas localidades sostienen que el actual sistema de financiación municipal no reconoce suficientemente esa realidad. Sus alcaldes reclaman una reforma de la Ley de Haciendas Locales que permita a los municipios turísticos participar en una parte de la recaudación del IVA generado por el consumo en su territorio.
El problema es especialmente evidente en Salou. La localidad tarraconense tiene unos 33.000 habitantes censados, pero recibe alrededor de tres millones de visitantes al año. Benidorm, por su parte, cuenta con unos 77.000 residentes y recibe una cifra turística similar.
La cuestión que plantean ambos consistorios es sencilla: ¿quién debe pagar los servicios públicos que necesita una ciudad cuando la población que utiliza sus calles, playas e infraestructuras multiplica durante buena parte del año el número de vecinos empadronados?
Salou aumenta su presupuesto un 66 % en cinco años
Las cuentas municipales reflejan la presión económica que denuncia el Ayuntamiento de Salou. El presupuesto ha pasado de 46,7 millones de euros en 2021 a 76,2 millones previstos para 2026. El incremento alcanza el 66 % en cinco ejercicios.
Una de las partidas que más ha crecido es el gasto corriente en bienes y servicios, que incluye buena parte de los contratos necesarios para mantener el funcionamiento diario de la ciudad.
Esta partida ha pasado de 19,9 millones de euros a 33,1 millones. Su peso sobre el presupuesto total también ha aumentado: representaba el 37,8 % en 2021 y alcanza el 42,8 % en 2026.
Además, durante este último ejercicio ha registrado un incremento del 13,6 %, según los datos recogidos en la información económica publicada por EL PAÍS.
El aumento responde, entre otros motivos, a la renovación y ampliación de contratos municipales relacionados con:
- Limpieza viaria y recogida de residuos.
- Jardinería y mantenimiento de espacios públicos.
- Socorrismo y servicios en las playas.
- Saneamiento y mantenimiento de edificios municipales.
- Iluminación pública y conservación de fuentes.
La memoria económica municipal también señala la puesta en marcha de una segunda fase del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria.
No se trata, por tanto, de una única factura vinculada a los visitantes. Son numerosos servicios que deben funcionar con una capacidad suficiente para atender a una población que cambia de manera considerable a lo largo del año.
Los vecinos y propietarios soportan parte del sobrecoste
El alcalde de Salou, Pere Granados (PSC), sostiene que el sistema actual obliga a los contribuyentes locales a asumir una parte significativa del coste de unos servicios dimensionados para una población muy superior a la residente.
El Ayuntamiento financia una parte importante de estos gastos mediante el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y las tasas municipales. Esto significa que contribuyen tanto los residentes como los propietarios de segundas residencias y los titulares de actividades económicas.
La reclamación municipal se apoya en una cuestión de equilibrio fiscal: si una localidad presta servicios a millones de personas que no figuran en su padrón, su financiación no debería depender exclusivamente de los recursos calculados a partir de su población censada y de los tributos que recaen sobre el tejido económico y los propietarios locales.
El consistorio ha defendido en distintas reuniones institucionales que Salou necesita un modelo que tenga en cuenta el volumen real de personas atendidas. En junio de 2026, Granados trasladó esta reivindicación al consejero de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau. Un mes después volvió a plantearla ante la delegada del Govern en Tarragona, Lucía López Cerdán.
El Ayuntamiento ha estimado en unos 14 millones de euros anuales el déficit asociado a la presión turística respecto a municipios catalanes de tamaño parecido y menor actividad turística. Se trata de una estimación municipal, no de una cifra auditada de forma independiente en la información consultada.
La Generalitat, según la comunicación institucional difundida tras la reunión de julio, señaló que el debate se encontraba todavía en una fase inicial y que no había adoptado una posición definitiva sobre la propuesta.
Benidorm: tres millones de turistas y una indemnización de 350 millones
La situación de Benidorm presenta otra dificultad añadida. A la presión que ejerce la actividad turística sobre los servicios municipales se suma una importante obligación económica derivada del conflicto urbanístico de Serra Gelada.
Una sentencia firme obliga al Ayuntamiento a indemnizar con alrededor de 350 millones de euros a los propietarios de unos terrenos que perdieron sus derechos de edificación tras su integración en el parque natural.
El conflicto se remonta a los suelos del sector APR-7 y a la controversia sobre los convenios y derechos urbanísticos vinculados a esos terrenos. La resolución judicial ha terminado convirtiéndose en una de las mayores obligaciones económicas afrontadas por un ayuntamiento español en un litigio de esta naturaleza.
El acuerdo alcanzado para ejecutar el pago establece un primer desembolso de 60 millones de euros antes de finalizar 2026. Para afrontar parte de esa cantidad, el consistorio ha recurrido al Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda, con una financiación prevista de 55 millones.
Después se contempla un periodo de carencia hasta 2030. A partir de 2031, el Ayuntamiento deberá destinar recursos anuales al pago de la deuda, con un horizonte máximo de 30 años. El acuerdo también contempla la entrega de terrenos para compensar parte de los intereses generados.
La carga resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que Benidorm había conseguido reducir su deuda neta de 58,2 millones a 32,8 millones de euros en el último año, según las cifras recogidas por EL PAÍS.
El alcalde, Toni Pérez (PP), asegura que el primer pago de 60 millones no ha obligado a recortar servicios ni a subir impuestos. El objetivo municipal, según sus declaraciones, es mantener esa línea pese a la obligación financiera.
La indemnización, por tanto, no debe confundirse con el gasto ordinario derivado del turismo: son dos problemas distintos que coinciden sobre las cuentas de una misma administración local.
Los ocho municipios turísticos reclaman cambiar la financiación
La reivindicación no se limita a Salou y Benidorm. Ambos forman parte de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa, integrada por ocho destinos españoles:
- Adeje.
- Arona.
- Benidorm.
- Calvià.
- Lloret de Mar.
- Salou.
- San Bartolomé de Tirajana.
- Torremolinos.
Según los datos difundidos por la propia alianza, estos municipios representan una parte reducida de la población española, pero concentran alrededor del 19 % de las pernoctaciones extranjeras y el 9 % de los turistas extranjeros que recibe España.
La organización sostiene que el volumen de visitantes obliga a mantener infraestructuras y servicios que no se corresponden con el tamaño de sus padrones municipales.
La presión tampoco se limita a los meses tradicionales de verano. La menor estacionalidad del turismo hace que muchos destinos reciban visitantes durante más meses, lo que prolonga las necesidades de limpieza, mantenimiento, seguridad y gestión de residuos.
Este fenómeno puede resultar positivo para la actividad económica, porque permite mantener negocios y puestos de trabajo durante más tiempo. Pero también exige que las administraciones locales dispongan de recursos suficientes para atender esa demanda.
Una ley de financiación municipal que deja fuera a casi todos
Uno de los puntos más controvertidos de la reclamación es el sistema que determina qué localidades pueden recibir financiación específica por su condición turística.
La normativa estatal establece unos criterios que, según los datos recogidos por EL PAÍS, permanecen sin cambios sustanciales desde hace 22 ejercicios. Para acceder a esa consideración, el municipio debe cumplir tres condiciones:
- No ser capital de provincia ni de comunidad autónoma.
- Tener entre 20.000 y 75.000 habitantes censados.
- Contar con más viviendas de segunda residencia que viviendas principales.
El resultado es llamativo: de los ocho municipios integrados en la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa, solo Salou cumple los requisitos.
La localidad recibe anualmente 286.854 euros, una cantidad que representa el 11,6 % del total de los fondos distribuidos por este mecanismo, según la información publicada.
La situación plantea un debate sobre la adecuación de los criterios legales a la realidad actual del turismo. Una localidad puede recibir millones de visitantes y soportar una demanda extraordinaria de servicios sin que su población empadronada le permita acceder a las ayudas previstas para municipios turísticos.
La cuestión no es únicamente cuánto dinero recibe cada ayuntamiento, sino si las reglas utilizadas para distribuirlo reflejan de verdad el coste de los servicios que presta.
La propuesta de los alcaldes: que una parte del IVA vuelva al territorio
La solución que defienden los alcaldes de Salou y Benidorm pasa por modificar el sistema de financiación local para que los municipios puedan participar en una parte del IVA generado por el consumo dentro de sus términos municipales.
La propuesta pretende vincular una parte de los recursos públicos al volumen de actividad económica que soporta cada localidad, en lugar de depender principalmente de criterios demográficos que pueden quedarse cortos en destinos con una población flotante muy elevada.
El alcalde de Benidorm rechaza, además, la implantación de una tasa turística como alternativa. Toni Pérez considera que supondría gravar actividades que ya soportan el IVA y que su alcance sería parcial y discriminatorio.
Esta posición abre una discusión económica y fiscal que va más allá de los dos municipios. La financiación local debe equilibrar las necesidades de los residentes, la actividad empresarial, los ingresos públicos y los costes asociados a los visitantes.
La participación municipal en el IVA tendría que concretarse mediante una reforma legal que definiera los criterios de reparto, los mecanismos de control y la relación con el resto de transferencias a las entidades locales.
También sería necesario determinar cómo evitar que los municipios con mayor capacidad económica concentren recursos en detrimento de localidades con menos actividad o necesidades sociales diferentes.
El debate de fondo: quién paga los costes del éxito turístico
El turismo aporta ingresos a hoteles, restaurantes, comercios, empresas de transporte y numerosas actividades vinculadas al ocio. También genera empleo y contribuye a la recaudación tributaria de las distintas administraciones.
Pero la actividad económica que genera un visitante no se traduce automáticamente en ingresos equivalentes para el ayuntamiento que debe atenderlo. Los recursos fiscales se distribuyen mediante distintos impuestos, competencias y mecanismos de financiación.
Esa diferencia explica buena parte de la reclamación de Salou y Benidorm. Los consistorios consideran que soportan una parte de los costes de una actividad que beneficia a un conjunto mucho más amplio de agentes económicos y administraciones.
La discusión no debería plantearse como una elección entre turismo y residentes. Los destinos necesitan visitantes para sostener una parte importante de su economía, pero también necesitan servicios públicos capaces de responder a la demanda sin trasladar toda la presión financiera a quienes viven allí durante todo el año.
El reto consiste en encontrar un modelo que reconozca la población real atendida, la actividad económica generada y el coste efectivo de los servicios municipales, con criterios transparentes y verificables.
Salou y Benidorm han puesto cifras a una contradicción del modelo turístico español: millones de visitantes pueden impulsar la economía de un destino y, al mismo tiempo, tensionar las cuentas del ayuntamiento que debe mantenerlo en funcionamiento. La pregunta pendiente es si la financiación municipal actual está preparada para esa realidad o si necesita una reforma de fondo.
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