El Tribunal Constitucional anula una resolución de Transportes sobre los servicios mínimos de una huelga de Ryanair y concluye que la Administración no concretó suficientemente qué trabajadores debían cubrirlos.
El fallo del Tribunal Constitucional supone un serio revés para la actuación del Ministerio de Transportes durante el Gobierno de Pedro Sánchez. El tribunal ha estimado el recurso de amparo presentado por Unión Sindical Obrera (USO) y ha determinado que la Administración vulneró el derecho fundamental a la huelga al establecer unos servicios mínimos cuya aplicación dejaba un margen de decisión excesivamente amplio a la empresa.
La resolución afecta a una huelga del personal de asistencia en tierra de Ryanair e Ihandling Aviation, convocada entre octubre de 2022 y enero de 2023, cuando el departamento de Transportes estaba dirigido por Raquel Sánchez. La controversia no se centra en si podían establecerse servicios mínimos —la Constitución permite limitaciones para garantizar los servicios esenciales—, sino en cómo fueron determinados y hasta qué punto la Administración podía dejar su concreción en manos de la empresa.
El Constitucional da la razón a USO frente a Transportes
El origen del conflicto está en una resolución del Ministerio de Transportes que establecía los servicios mínimos que debían mantenerse durante la huelga del personal de tierra.
USO consideró que esos servicios mínimos eran excesivos y que podían hacer impracticable el ejercicio efectivo del derecho de huelga. El sindicato recurrió la decisión administrativa y obtuvo inicialmente el respaldo de la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional entendió que la resolución carecía de suficiente motivación porque no concretaba mediante una cifra o porcentaje qué trabajadores debían prestar los servicios mínimos, dejando esa determinación posterior en manos de la empresa.
Sin embargo, el Tribunal Supremo corrigió posteriormente ese criterio al considerar que la resolución estaba suficientemente motivada y que no correspondía necesariamente a la autoridad gubernativa establecer mediante una cifra exacta el número de trabajadores afectados.
Ahora el Constitucional se sitúa en sentido contrario y anula tanto la resolución administrativa como la sentencia del Supremo que la había confirmado.
¿Qué reprocha exactamente el Tribunal Constitucional?
La clave del fallo está en la falta de concreción de los criterios utilizados para determinar el personal que debía cubrir los servicios mínimos.
El Tribunal Constitucional recuerda que el derecho de huelga, reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución, puede estar sujeto a límites cuando sea necesario garantizar servicios esenciales para la comunidad. Pero esos límites no pueden vaciar el contenido del derecho fundamental.
La doctrina constitucional exige que la autoridad encargada de establecer los servicios mínimos actúe con criterios suficientemente claros, objetivos y motivados.
En este caso, el problema detectado por el tribunal es que la resolución administrativa utilizaba fórmulas indeterminadas que permitían posteriormente a la empresa decidir qué trabajadores debían quedar afectados por los servicios mínimos.
Según el razonamiento recogido en la resolución, ese margen de actuación empresarial excedía la mera complementación técnica o funcional que puede corresponder a la empresa.
El Constitucional considera que se generaba así un grado de discrecionalidad incompatible con la necesaria imparcialidad en un conflicto laboral.
El punto decisivo: la Administración no puede desentenderse de los servicios mínimos
La sentencia tiene una consecuencia relevante más allá del caso concreto.
La Administración puede establecer servicios mínimos cuando resulte necesario proteger servicios esenciales de la comunidad. Pero no puede trasladar de facto a una de las partes del conflicto laboral la decisión sustancial sobre quién debe trabajar durante la huelga.
La empresa puede intervenir en aspectos técnicos relacionados con la organización de los servicios mínimos. Lo que no puede hacer, según la doctrina constitucional aplicada en este caso, es recibir un margen tan amplio que termine determinando materialmente el alcance de la restricción del derecho de huelga.
La diferencia es fundamental: una cosa es ejecutar técnicamente los servicios mínimos y otra decidir en la práctica qué trabajadores quedan obligados a prestarlos.
El fallo refuerza así la exigencia de que la autoridad administrativa justifique previamente sus decisiones y delimite con precisión su alcance.
Un nuevo choque entre el Constitucional y las decisiones del Gobierno
La sentencia llega además en un contexto político especialmente sensible: el 11 de noviembre de 2026, España afronta una jornada de huelga general convocada por varias organizaciones sindicales.
Entre las organizaciones convocantes figuran CCOO, UGT, CGT, CNT, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, la Confederación Intersindical y Solidaridad Obrera. La convocatoria se produce con el lema «Salarios, vivienda y precios» y a pocos días de las elecciones generales.
La coincidencia temporal entre ambos acontecimientos dota al fallo de una evidente relevancia política, aunque la sentencia del Constitucional se refiere a una huelga aérea de 2022-2023 y no a la huelga general de noviembre de 2026.
Ese matiz resulta esencial para evitar una interpretación incorrecta: el tribunal no está resolviendo sobre la legalidad de la actual huelga general, sino sobre una actuación administrativa adoptada años atrás.
El caso vuelve a poner bajo el foco la ausencia de una Ley de Huelga
El conflicto también reabre una de las anomalías legislativas más antiguas del ordenamiento español.
El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce expresamente el derecho de huelga y establece que una ley debe regular su ejercicio y garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Sin embargo, España continúa sin una ley orgánica específica que desarrolle de forma completa el derecho de huelga.
La regulación fundamental sigue descansando en buena medida sobre el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, junto con la interpretación realizada durante décadas por los tribunales, especialmente el Constitucional.
Ha habido intentos de aprobar una nueva regulación. Uno de los más destacados fue el proyecto de 1993, que finalmente no llegó a convertirse en ley.
El resultado es un escenario en el que una cuestión constitucionalmente tan sensible como determinar qué trabajadores deben mantener servicios esenciales durante una huelga continúa dependiendo en buena medida de normas preconstitucionales y de una extensa doctrina judicial.
Un precedente que obliga a extremar la motivación de los servicios mínimos
La decisión del Constitucional no significa que cualquier servicio mínimo elevado sea automáticamente ilegal.
El tribunal mantiene que los servicios esenciales pueden justificar restricciones al derecho de huelga, siempre que estas sean constitucionalmente legítimas, estén suficientemente justificadas y respeten el contenido esencial del derecho.
La cuestión determinante es la proporcionalidad y la concreción de la medida.
En términos prácticos, las Administraciones deberán prestar especial atención a:
- Justificar de manera suficiente por qué los servicios mínimos son necesarios.
- Definir con claridad los criterios utilizados para determinar el personal afectado.
- Evitar fórmulas excesivamente genéricas que permitan una discrecionalidad posterior difícilmente controlable.
- Diferenciar entre la decisión administrativa sobre los servicios mínimos y su posterior organización técnica por parte de la empresa.
- Garantizar que la restricción del derecho fundamental no termine siendo más intensa de lo necesario.
El propio Tribunal Constitucional recuerda que su doctrina sobre el derecho de huelga se remonta, entre otras resoluciones, a la STC 11/1981 y ha sido desarrollada posteriormente en numerosos pronunciamientos.
El antecedente de septiembre que refuerza el nuevo fallo
La resolución conocida ahora no aparece aislada.
El 22 de septiembre de 2026, el Constitucional dictó la Sentencia 62/2026, también relacionada con los servicios mínimos establecidos durante una huelga en el transporte aéreo.
Aquella resolución concluyó que una decisión administrativa carecía de la concreción necesaria respecto a los criterios para determinar el personal de cabina encargado de cubrir los servicios mínimos. El fallo fue publicado posteriormente en el Boletín Oficial del Estado.
El propio Tribunal Constitucional sitúa ambos pronunciamientos dentro de su doctrina general sobre el derecho fundamental a la huelga y la fijación de servicios mínimos en servicios esenciales.
Por tanto, el asunto no parece limitarse a una discrepancia puntual sobre una resolución concreta de Transportes. El tribunal está perfilando con mayor precisión qué puede hacer la Administración y qué límites tiene cuando determina los servicios mínimos.
La cuestión de fondo: proteger al ciudadano sin vaciar la huelga
El equilibrio constitucional es complejo.
Por un lado, la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores. Por otro, determinados servicios —como algunos relacionados con el transporte, la sanidad o la seguridad— pueden afectar directamente a derechos e intereses de millones de ciudadanos.
El Estado tiene la obligación de garantizar que esos servicios esenciales continúen funcionando.
Pero precisamente porque los servicios mínimos restringen un derecho fundamental, la Administración debe explicar y justificar con precisión por qué establece cada limitación y hasta dónde llega.
La sentencia del Constitucional refuerza esa segunda exigencia.
Desde una perspectiva institucional, el mensaje es claro: la Administración no puede diseñar unos servicios mínimos imprecisos y dejar posteriormente en manos de la empresa una parte sustancial de la decisión.
Y desde el punto de vista político, el fallo vuelve a colocar bajo el foco una cuestión incómoda: España lleva décadas sin aprobar una regulación integral del derecho de huelga, pese a que la propia Constitución reclamó expresamente su desarrollo legislativo.
La controversia, por tanto, no termina con la anulación de una resolución de Transportes. El caso plantea una cuestión mucho más amplia sobre los límites del poder administrativo, la protección de los servicios esenciales y las garantías reales de un derecho fundamental.
El Constitucional ha dejado claro que garantizar los servicios esenciales no autoriza a la Administración a actuar sin concreción. Y la ausencia de una Ley de Huelga sigue dejando abierta una de las asignaturas pendientes del sistema constitucional español.
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