Semaf cambia la fecha del paro previsto para el 12 de noviembre tras aprobar el Gobierno un decreto de seguridad ferroviaria. La huelga del día 17 sigue en pie y el sindicato exige que los compromisos pendientes se conviertan en normas efectivas.
La tensión en el ferrocarril español no ha terminado. El anuncio del Gobierno de nuevas medidas de seguridad ha permitido ganar unos días, pero no ha cerrado el conflicto con los maquinistas. El sindicato mayoritario del colectivo, Semaf, ha decidido trasladar al 23 de noviembre la huelga que estaba prevista para este jueves, día 12.
La decisión llega después de que el Consejo de Ministros aprobara el Real Decreto-ley 34/2026, de 10 de noviembre, con medidas para reforzar la seguridad operacional ferroviaria y ampliar la protección social de los profesionales. Sin embargo, el sindicato no considera que el problema esté resuelto: mantiene la convocatoria del 17 de noviembre para todo el sector y advierte de que seguirá movilizándose mientras no se materialicen los acuerdos pendientes.
El cambio de calendario supone una tregua condicionada, no una desconvocatoria definitiva. Los usuarios del tren deberán seguir atentos a las próximas decisiones, porque noviembre continúa marcado por la incertidumbre en los servicios ferroviarios.
Semaf aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para el día 12
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) comunicó el 10 de noviembre que sustituía la convocatoria prevista para el jueves 12 por una nueva jornada de huelga el lunes 23.
El motivo inmediato es la aprobación del nuevo real decreto-ley por parte del Ejecutivo. La organización sindical considera que la norma representa un primer avance en las reivindicaciones que viene planteando sobre seguridad, condiciones de conducción y protección de los trabajadores.
Semaf sostiene que la movilización ha contribuido a que el Gobierno pase de los compromisos políticos a la aprobación de medidas concretas. En su comunicado, el sindicato presenta el decreto como un resultado de la presión ejercida por los profesionales en las jornadas de paro anteriores.
Pero la organización no ha dado por terminado el conflicto. Su decisión consiste en conceder al Ejecutivo un margen limitado para que apruebe y publique los acuerdos que todavía faltan. El sindicato quiere comprobar que las promesas se traducen en disposiciones normativas y no se quedan en anuncios o documentos de negociación.
La diferencia es importante: el paro del 12 se aplaza, pero la presión sindical continúa.
La huelga del 17 de noviembre se mantiene
Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es que el cambio de fecha no afecta a todas las movilizaciones.
Semaf mantiene la convocatoria del 17 de noviembre en todo el sector ferroviario, mientras que el nuevo paro del día 23 sustituye al inicialmente previsto para el 12 en el ámbito de Renfe.
Por tanto, el calendario anunciado por el sindicato queda marcado por dos fechas:
- 17 de noviembre: se mantiene la convocatoria de huelga para todo el sector ferroviario.
- 23 de noviembre: nueva fecha del paro que estaba previsto inicialmente para el 12 en el Grupo Renfe.
Esta distinción evita una confusión que puede afectar a los viajeros: no se ha anunciado la cancelación de todas las jornadas de huelga, sino una modificación parcial del calendario.
La continuidad de las movilizaciones refleja que las negociaciones siguen abiertas y que el sindicato considera insuficientes los avances alcanzados hasta ahora. La aprobación del decreto ha cambiado el escenario, pero no ha eliminado las discrepancias.
Qué medidas incluye el Real Decreto-ley 34/2026
El Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 34/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 11 de noviembre de 2026 bajo la referencia BOE-A-2026-23603.
La norma establece cuatro grandes líneas de actuación. Su objetivo es reforzar la seguridad ferroviaria, mejorar la supervisión de las empresas y proteger a los trabajadores que comuniquen situaciones de riesgo.
1. Un cómputo más preciso de los tiempos de conducción
Uno de los puntos centrales del decreto es la modificación de las reglas para calcular el tiempo efectivo de conducción de los maquinistas.
La normativa incorpora al cómputo determinados periodos que podían generar dudas o interpretaciones diferentes. Entre ellos figuran:
- Las maniobras que impliquen manejar un vehículo ferroviario en movimiento.
- Las interrupciones durante las cuales el maquinista continúe siendo responsable del tren y de la atención a la circulación.
- Los periodos inferiores a 45 minutos entre una actividad de conducción y su reanudación por el mismo profesional.
- Determinadas interrupciones durante pruebas, ensayos, auscultaciones y verificaciones cuando el trabajador deba permanecer a disposición operativa inmediata.
- Los periodos de actividad realizados en otras redes ferroviarias, en los supuestos contemplados por la norma.
La reforma pretende evitar que determinados intervalos de actividad queden fuera del cómputo de conducción cuando, en la práctica, el profesional sigue sometido a exigencias operativas.
La importancia de esta cuestión está relacionada con la fatiga. La planificación de los turnos y los descansos no es un asunto meramente administrativo: afecta a las condiciones en las que los profesionales desarrollan una actividad que exige atención y responsabilidad constantes.
El propio BOE explica que la regulación anterior había dejado zonas de indefinición, especialmente en jornadas que incluyen varios servicios de conducción separados por periodos inferiores a 45 minutos.
2. Más capacidad de inspección para la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
El segundo bloque refuerza las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).
Con la nueva regulación, las personas y entidades sometidas a una actuación supervisora deberán facilitar el acceso a sus instalaciones y equipos. Además, las empresas ferroviarias tendrán que permitir el acceso a sus instalaciones, trenes y material cuando sea necesario para inspeccionar a otra entidad.
El cambio pretende evitar que las actuaciones de control dependan de la colaboración voluntaria de una empresa distinta de aquella que está siendo directamente supervisada.
La medida cobra relevancia en un sector en el que conviven distintos operadores y en el que la infraestructura, los trenes y los servicios pueden estar vinculados a entidades diferentes.
Una supervisión eficaz requiere capacidad real para comprobar las condiciones de funcionamiento. No basta con disponer de organismos de control si estos no pueden acceder a los elementos necesarios para realizar su trabajo.
3. La incorporación de la «cultura justa» y la protección de los trabajadores
El tercer bloque introduce los principios de la denominada cultura justa en la Ley 38/2015, del Sector Ferroviario.
Este concepto se refiere a un modelo de seguridad que facilita la comunicación de errores, incidentes y riesgos para aprender de ellos y prevenir problemas futuros. La finalidad es que los profesionales puedan informar de situaciones peligrosas sin temor a represalias injustificadas.
La norma contempla canales internos y sistemas públicos de notificación que deben proteger la confidencialidad de quienes comuniquen riesgos.
También reconoce el derecho de los trabajadores a adoptar medidas necesarias y proporcionadas cuando exista un peligro grave e inminente para la seguridad. Entre esas medidas puede figurar interrumpir la marcha de un tren o decidir no iniciar el recorrido.
La protección no es ilimitada: el texto contempla excepciones cuando existan actuaciones dolosas, mala fe o negligencia grave.
La modificación introduce así una garantía relevante para los profesionales que deben tomar decisiones ante posibles riesgos operativos. La seguridad ferroviaria depende también de que quienes están sobre el terreno puedan advertir de los problemas sin miedo a consecuencias laborales injustificadas.
4. Cambios en los coeficientes reductores de jubilación
El cuarto bloque aborda la protección social del personal ferroviario.
El real decreto-ley extiende el régimen de coeficientes reductores de la edad de jubilación previsto para determinadas categorías profesionales a trabajadores de empresas ferroviarias que operen en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General, siempre que desempeñen alguna de las funciones contempladas en la normativa.
La intención es corregir diferencias de trato entre profesionales que realizan tareas equivalentes en la misma red, pero que pueden estar contratados por operadores distintos.
Además, se prevé iniciar un procedimiento para estudiar la inclusión de otras categorías ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. Ese proceso contará con participación sindical.
No significa que todos los trabajadores del sector vayan a jubilarse automáticamente antes: la extensión se vincula a las categorías y condiciones establecidas legalmente.
El sindicato exige que los compromisos pendientes lleguen al BOE
La aprobación del decreto no ha satisfecho todas las demandas de Semaf.
La organización considera que todavía quedan compromisos de seguridad que deben aprobarse y publicarse. Por eso ha decidido conceder al Gobierno un plazo adicional para avanzar en la negociación, pero sin retirar las convocatorias que siguen vigentes.
El sindicato ha insistido en que no le bastan las declaraciones de voluntad ni los acuerdos que no se traduzcan en normas aplicables. Su posición es que las medidas deben quedar aprobadas y entrar en vigor.
Este planteamiento explica el aplazamiento del día 12: Semaf abre una ventana de negociación, pero conserva la capacidad de presión mediante las convocatorias posteriores.
El Ejecutivo, por su parte, tendrá que demostrar que las nuevas disposiciones no son únicamente una respuesta inmediata a la conflictividad laboral, sino el inicio de una mejora efectiva de la seguridad ferroviaria.
Una reforma aprobada, pero con plazos de aplicación
Hay un detalle jurídico que conviene tener presente. El real decreto-ley se publicó en el BOE del 11 de noviembre de 2026, pero no todas sus disposiciones tienen exactamente el mismo calendario de aplicación.
La norma establece su entrada en vigor con carácter general desde la publicación, mientras que las modificaciones del artículo 1 —entre ellas las relativas al cómputo de los tiempos de conducción y a las facultades de supervisión— entrarán en vigor seis meses después.
Ese periodo pretende permitir que las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras adapten sus gráficos de conducción y la organización del trabajo a las nuevas condiciones.
Por tanto, la aprobación del texto no significa que todos los cambios operativos se apliquen de inmediato. La diferencia entre publicación, entrada en vigor y adaptación práctica será fundamental para valorar el alcance real de la reforma.
También será necesario comprobar cómo se desarrollan los procedimientos previstos para extender la protección social y revisar los coeficientes reductores.
La seguridad ferroviaria, en el centro de un conflicto que sigue abierto
La decisión de Semaf llega en un contexto de fuerte preocupación por la seguridad y la fiabilidad del ferrocarril español, después de los graves accidentes registrados en Adamuz y Urda, que han intensificado las exigencias de los profesionales y el debate sobre el estado del sistema.
Las reivindicaciones de los maquinistas no se limitan a una cuestión salarial. El colectivo ha situado en el centro de sus demandas la seguridad operacional, el mantenimiento, la organización de los turnos y la necesidad de contar con procedimientos claros para actuar ante situaciones de riesgo.
La aprobación del Real Decreto-ley 34/2026 supone un avance normativo en varios de esos ámbitos. Sin embargo, una reforma legal no resuelve por sí sola todos los problemas que puedan existir en la red ferroviaria.
Para comprobar su eficacia habrá que observar si las inspecciones se refuerzan de verdad, si los tiempos de conducción se computan correctamente, si los trabajadores pueden comunicar riesgos con garantías y si las empresas adaptan sus procedimientos.
También será importante conocer qué compromisos siguen pendientes y qué calendario ofrece el Gobierno para cumplirlos.
Qué deben saber los viajeros sobre las próximas huelgas
El aplazamiento del paro del 12 de noviembre evita esa jornada concreta de movilización en la fecha inicialmente prevista, pero no permite dar por normalizado el servicio ferroviario durante el resto del mes.
Los viajeros deben tener en cuenta tres cuestiones:
- El 12 de noviembre: la huelga inicialmente prevista para ese día se ha trasladado al 23.
- El 17 de noviembre: Semaf mantiene la convocatoria de huelga para todo el sector ferroviario.
- El 23 de noviembre: se celebrará la nueva jornada que sustituye al paro inicialmente convocado en Renfe para el día 12.
La afectación concreta dependerá de las convocatorias vigentes, los servicios mínimos que establezcan las autoridades y las comunicaciones de cada operador.
Por eso, quienes tengan previsto viajar deberían consultar los avisos oficiales de Renfe, los operadores correspondientes y los administradores de transporte antes de desplazarse. El cambio de fecha no equivale a una garantía de normalidad para las siguientes jornadas.
El Gobierno gana tiempo, pero todavía debe demostrar que cumple
El aplazamiento de la huelga representa una oportunidad para que el Ejecutivo avance en la negociación y evite nuevas interrupciones del servicio. Pero también deja una advertencia clara: los maquinistas no consideran cerrado el conflicto.
El nuevo decreto incorpora cambios importantes sobre conducción, inspección, comunicación de riesgos y protección social. Su verdadero valor dependerá de que esas medidas se apliquen con eficacia y de que los compromisos que todavía faltan se conviertan en decisiones verificables.
En un servicio público esencial, la seguridad no puede quedar subordinada a la urgencia de apagar un conflicto laboral ni a la necesidad política de anunciar acuerdos. Los viajeros necesitan trenes fiables y los profesionales necesitan garantías reales para trabajar con seguridad.
La huelga del 23 de noviembre sigue sobre la mesa. La del día 17, también. El Gobierno ha conseguido aplazar uno de los paros, pero ahora debe demostrar que el avance normativo es el principio de una solución y no una tregua provisional.
Chollones
Chollones
Chollones