El tribunal revoca el archivo de la querella presentada por el portavoz de Interior de Vox y ordena continuar el procedimiento por presuntos delitos de acoso, prevaricación y coacciones. La decisión abre una nueva fase judicial, pero todavía no supone una condena.
La Audiencia aprecia indicios para continuar la causa contra Francisco Pardo
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el sobreseimiento libre de la causa contra Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía, tras estimar el recurso presentado por Samuel Vázquez, agente de la Policía Nacional y actual portavoz de Interior, Inmigración y Seguridad de Vox.
La resolución ordena transformar las diligencias en un procedimiento abreviado, una fase procesal que puede conducir a la apertura de juicio oral si se cumplen los requisitos legales y las acusaciones mantienen sus pretensiones. El procedimiento afecta a una querella por presuntos delitos de acoso, prevaricación y coacciones.
El tribunal considera que las diligencias practicadas permiten apreciar hechos que, de forma indiciaria, podrían encajar en los delitos denunciados. Se trata de un pronunciamiento relevante porque deja sin efecto la decisión anterior de la jueza instructora, que había archivado libremente la causa al no apreciar indicios delictivos en la actuación de Pardo.
La decisión judicial no declara culpable al director general de la Policía ni anticipa el resultado de un eventual juicio. Sí determina que existen elementos suficientes para que el procedimiento continúe y se examine judicialmente el fondo de las acusaciones.
Seis expedientes disciplinarios y una denuncia de hostigamiento
El origen del conflicto se encuentra en las actuaciones disciplinarias abiertas contra Samuel Vázquez durante su actividad como presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI.
Según la información publicada por EL ESPAÑOL, la Dirección General de la Policía abrió hasta seis expedientes sancionadores contra el agente por declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales. Vázquez considera que esas actuaciones formaron parte de una estrategia de presión y hostigamiento por parte de sus superiores.
En su querella, el policía sostiene que sufrió una «conducta de hostigamiento sucesivo y coactivo». También cuestionó la denegación de la excedencia que había solicitado para concurrir como candidato de Vox en anteriores elecciones.
La controversia plantea una cuestión especialmente delicada dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: dónde termina la potestad disciplinaria de la Administración y dónde comienza la vulneración de los derechos fundamentales de un agente.
Los policías están sometidos a un régimen específico de derechos y deberes profesionales. Sin embargo, esa condición no elimina su derecho a la libertad de expresión, aunque su ejercicio pueda estar sujeto a límites derivados de la legislación y de las obligaciones propias del servicio.
La discusión judicial deberá determinar si las decisiones adoptadas contra Vázquez respondieron a actuaciones disciplinarias legítimas o si, como sostiene el querellante, se utilizaron de forma abusiva para presionarle por sus opiniones y actividad pública.
La Audiencia Nacional ya anuló uno de los expedientes
El caso cuenta con un antecedente judicial relevante. La Audiencia Nacional anuló uno de los expedientes sancionadores abiertos contra Samuel Vázquez.
En aquella resolución, el tribunal recordó que el agente no estaba privado de sus derechos fundamentales por su condición de policía y cuestionó que se utilizase contra él el aparato sancionador del Estado de una forma incompatible con las garantías constitucionales.
La resolución recogida por EL ESPAÑOL incluía una advertencia expresa sobre la utilización del régimen disciplinario: «no es de recibo utilizar en su contra el aparato represivo del Estado a través del temible derecho sancionador».
El tribunal también recordó que Vázquez, «aun en su condición de agente de policía», no estaba privado de derechos como la libertad de expresión y opinión, más allá de las limitaciones establecidas por el ordenamiento jurídico.
La anulación de aquel expediente no implica que todos los procedimientos disciplinarios abiertos contra el agente fueran ilegales. Cada actuación debe examinarse por separado. Sin embargo, constituye un antecedente importante para valorar el conflicto entre el ejercicio de la libertad de expresión y el poder disciplinario de la Administración.
La jueza había archivado la causa y la Audiencia corrige esa decisión
Antes de la resolución ahora conocida, la jueza instructora había decretado el sobreseimiento libre de la causa contra Francisco Pardo Piqueras. La decisión se produjo después de practicar diligencias y tomar declaración a los testigos aportados por las partes.
La instructora no apreció indicios suficientes de delito en la actuación del director general de la Policía. Samuel Vázquez recurrió esa decisión y la Audiencia Provincial ha estimado ahora su impugnación.
El tribunal considera que el resultado de la instrucción sí permite configurar hechos que «indiciariamente pueden colmar los tipos delictivos denunciados».
La diferencia entre ambas resoluciones es fundamental: la primera cerraba definitivamente la causa en esa fase; la segunda deja sin efecto ese archivo y ordena que el procedimiento continúe mediante la vía abreviada.
La decisión no equivale a una sentencia condenatoria. Para que Francisco Pardo pudiera ser juzgado sería necesario que las acusaciones formulasen sus escritos y que se acordase la apertura del juicio oral conforme a las reglas procesales.
Samuel Vázquez, portavoz de Vox y candidato por Ávila
Samuel Vázquez se incorporó a Vox en octubre de 2023 como asistente técnico del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. En la actualidad ejerce como portavoz del partido en materia de Interior, Inmigración y Seguridad y figura como cabeza de lista de la formación por la provincia de Ávila para las elecciones generales del 29 de noviembre.
Nacido en Mieres (Asturias) en 1975, Vázquez ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en la Policía Nacional, donde formó parte del Grupo Operativo de Respuesta (GOR). Es licenciado en Criminología por la Universidad de Salamanca y ha centrado parte de su actividad pública en el análisis de los modelos policiales y la seguridad ciudadana.
Su doble condición de agente y dirigente político añade dimensión institucional al caso. La causa no solo afecta a la relación entre un funcionario y sus superiores, sino que abre un debate sobre las garantías de los policías que participan en asociaciones profesionales, realizan declaraciones públicas o desarrollan actividades políticas dentro de los límites legales.
La asociación Una Policía para el Siglo XXI, presidida por Vázquez, celebró la decisión judicial y difundió un comunicado en el que denunció tres años de supuesta persecución. En el texto defendió que «la placa no es una mordaza y la libertad de expresión no se negocia».
Se trata de la valoración de la asociación querellante, no de una conclusión judicial sobre la existencia de una persecución.
Francisco Pardo sigue amparado por la presunción de inocencia
La revocación del archivo coloca al director general de la Policía ante una nueva fase judicial, pero es imprescindible distinguir entre la existencia de indicios y la acreditación de un delito.
Francisco Pardo Piqueras no ha sido condenado por estos hechos. La resolución de la Audiencia permite que la causa continúe porque aprecia elementos que deben ser examinados, pero no determina que el responsable policial haya cometido acoso, prevaricación o coacciones.
La presunción de inocencia debe mantenerse durante todo el procedimiento. También debe garantizarse que las decisiones administrativas cuestionadas puedan ser examinadas con todas las pruebas y argumentos de las partes.
La relevancia institucional del caso exige precisamente ese rigor. Si se acredita que se utilizó el poder disciplinario para castigar opiniones protegidas por la libertad de expresión, estaríamos ante un problema grave para las garantías de los funcionarios públicos. Si, por el contrario, las actuaciones respondieron a obligaciones legales y profesionales, deberán explicarse y justificarse en sede judicial.
Un caso que pone a prueba los límites del poder disciplinario
La resolución de la Audiencia de Madrid devuelve al primer plano una cuestión que afecta al funcionamiento de cualquier Administración: el poder sancionador no puede convertirse en un instrumento de represalia.
La Policía Nacional necesita disciplina interna, jerarquía y mecanismos para corregir conductas profesionales que incumplan la ley. Pero esas herramientas deben aplicarse con proporcionalidad, motivación y respeto a los derechos fundamentales.
El caso de Samuel Vázquez tendrá que aclarar si los expedientes y decisiones denunciados respondieron a razones legítimas o si existió un patrón de hostigamiento como sostiene el agente. La respuesta no puede darse por anticipado ni desde la confrontación partidista ni desde la defensa automática de la estructura administrativa.
La Justicia ha decidido que la causa no debe quedar archivada en este momento. Ahora corresponde a los órganos judiciales determinar si las actuaciones denunciadas constituyen delitos y quiénes, en su caso, deben responder por ellas.
La cuestión de fondo trasciende a Vox y a la Dirección General de la Policía: ¿qué garantías tiene un funcionario para expresar opiniones críticas sin temor a que la jerarquía utilice contra él el poder disciplinario?


