Indepaz y Pares cuestionan el balance de seguridad del Ejecutivo colombiano tras los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella.
El contraste es difícil de ignorar. Mientras la Presidencia de Colombia reivindica resultados en seguridad durante sus primeros 100 días, dos informes independientes han colocado el foco en una realidad incómoda: 45 líderes asesinados, 26 masacres y ocho firmantes del acuerdo de paz muertos desde la llegada de Abelardo de la Espriella al Palacio de Nariño.
La discusión no es menor. El Gobierno ha defendido una estrategia de mano dura, con bombardeos, capturas, incautaciones y extradiciones contra estructuras como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC. Sin embargo, organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) sostienen que las cifras no permiten hablar de un giro claro en la violencia.
45 líderes asesinados en Colombia en 100 días
Según Indepaz, desde la toma de posesión de De la Espriella en agosto de 2026 han sido asesinados 45 líderes sociales y defensores de derechos humanos. El dato equivale a una muerte violenta cada 2,2 días, una frecuencia que vuelve a poner en cuestión la capacidad del Estado colombiano para garantizar la protección de quienes ejercen liderazgo comunitario en zonas especialmente expuestas.
Del total de víctimas, 36 eran hombres y nueve mujeres. Más de la mitad eran líderes comunitarios o comunales, una categoría especialmente sensible en Colombia por su papel en la mediación local, la defensa del territorio y la interlocución con las instituciones. Los departamentos más golpeados fueron Cauca, con 11 casos, y Antioquia, con ocho.
El informe también añade otros datos de gran relevancia: 26 masacres con 87 víctimas, entre ellas cinco menores, así como el asesinato de ocho firmantes del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. A ello se suman 339 hechos que Indepaz considera susceptibles de ser calificados como terrorismo.
Indepaz pide prudencia y apunta a una violencia previa
Uno de los aspectos más importantes del balance de Indepaz es que no atribuye automáticamente estos hechos a decisiones directas del actual Ejecutivo. La organización subraya que buena parte de esta violencia responde a dinámicas armadas precedentes, es decir, a estructuras criminales y conflictos territoriales que vienen de atrás y no pueden explicarse solo por el cambio de presidente.
Ese matiz es clave para no caer en simplificaciones. Según Indepaz, durante el mandato de Gustavo Petro fueron asesinados 410 líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras que en el periodo de Iván Duque, entre 2018 y 2022, la cifra ascendió a 910. El mensaje de fondo es doble: la violencia no empezó ahora, pero el Estado sigue obligado a prevenirla, con independencia de quién ocupe la Presidencia.
Además, Indepaz reportó al menos seis presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuibles a fuerzas de seguridad, supuestamente cometidas en el contexto de una presión por mostrar resultados operativos. La organización reclamó que la Fiscalía investigue cada uno de esos casos.
La política de seguridad de De la Espriella, bajo escrutinio
Durante la evaluación de sus primeros 100 días, Abelardo de la Espriella defendió su política de seguridad como uno de los pilares del nuevo Gobierno. El presidente aseguró que uno de sus grandes propósitos es proteger a una población que, a su juicio, vivía con miedo. Para ello, el Ejecutivo ha intensificado bombardeos, capturas, incautaciones de armas y drogas y extradiciones.
La cuestión es si esa ofensiva está teniendo un efecto real sobre las organizaciones criminales. Ahí entra el análisis de la Fundación Paz y Reconciliación, que advierte de que, pese al discurso de mano dura, no se observan avances significativos ni en la desarticulación de grupos armados ni en la reducción de la violencia.
Según Pares, los números no acompañan el relato oficial. Citando datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), entre agosto y septiembre de 2026 se registraron 33 488 capturas. Sin embargo, esos dos meses quedaron por debajo del promedio mensual del periodo comprendido entre enero y julio del mismo año.
Capturas, drogas y propaganda: el debate sobre los resultados
La crítica de Pares va más allá del volumen de detenciones. La fundación sostiene que buena parte de los llamados “megaoperativos” se centraron en capturar a integrantes de los escalones más bajos de las organizaciones delictivas, sin que se aprecie un aumento considerable en la caída de sus principales jefes. Es decir, mucho ruido policial, pero sin prueba concluyente de que se esté descabezando a las estructuras.
A ello se añaden datos sobre incautaciones. Pares detectó que las confiscaciones de cocaína, base de coca y marihuana cayeron un 16,4 % en agosto y un 54,5 % en septiembre respecto al promedio de enero a julio. Entre agosto y septiembre también se reportaron 695 casos de destrucción de laboratorios y centros de acopio, un 15,8 % menos que en el mismo periodo de 2022.
Estas cifras alimentan una pregunta incómoda para cualquier Gobierno que hace de la seguridad su principal bandera: ¿hay resultados estructurales o solo un endurecimiento estético del discurso? En un país fatigado por décadas de violencia, la diferencia entre ambas cosas no es menor.
El perfil político de Abelardo de la Espriella y sus referencias
El debate sobre seguridad se cruza además con la identidad política del nuevo presidente. El columnista de El Espectador Álvaro Forero Tascón sostuvo que la pregunta de fondo no es solo cómo gobierna De la Espriella, sino para qué país gobierna. A su juicio, el mandatario no encaja del todo en la derecha colombiana clásica, sino en una combinación de referentes extranjeros.
Forero Tascón menciona similitudes con Jair Bolsonaro en la estética, el vínculo con masas evangélicas y el apoyo de militares retirados; con Javier Milei en ciertos símbolos de campaña; con Nayib Bukele en la puesta en escena de la seguridad; e incluso con rasgos de comunicación política asociados a Hugo Chávez. Según su análisis, el paralelismo más claro estaría en realidad con Daniel Noboa, por la mezcla de perfil empresarial, ausencia de partido fuerte y conversión de la lucha contra el crimen en eje de Gobierno.
Ese retrato es una opinión y debe leerse como tal, pero ayuda a entender por qué la discusión sobre los líderes asesinados tiene también una dimensión política más amplia. Cuando un presidente construye su legitimidad sobre la promesa de orden, los datos de violencia pesan el doble.
El acuerdo de paz vuelve al centro del debate
Los primeros 100 días de De la Espriella coinciden con los 10 años del acuerdo de paz entre el Gobierno de Santos y las FARC. Ese aniversario ha devuelto al primer plano una discusión que nunca desapareció del todo en Colombia: si el acuerdo debilitó de forma decisiva a la guerrilla o si su implementación incompleta dejó vacíos que hoy siguen pagando las comunidades.
Humberto de la Calle, jefe negociador del Estado en aquel proceso, defendió la importancia histórica del pacto. En declaraciones recogidas por El Tiempo, subrayó que la guerrilla más poderosa y antigua del continente dejó las armas y que la mayoría de sus miembros no volvió al combate, pese a la existencia de disidencias. A su juicio, eso supuso un cambio monumental no solo en términos militares, sino políticos.
Al mismo tiempo, De la Calle reconoció que la implementación ha sido el flanco más débil. Señaló objeciones de Iván Duque a la Jurisdicción Especial y criticó que Gustavo Petro, pese a haber prometido cumplir el acuerdo, lo minimizara y desmantelara la estructura administrativa para su desarrollo, salvo avances parciales en materia agraria.
Qué revela esta crisis sobre el Estado colombiano
La cifra de 45 líderes asesinados en apenas 100 días no permite conclusiones fáciles, pero sí deja varias certezas. La primera es que la violencia territorial sigue intacta en amplias zonas del país. La segunda, que la seguridad no puede medirse solo por ruedas de prensa, operativos televisados o balances triunfalistas. Y la tercera, que Colombia continúa arrastrando una debilidad estructural para proteger a quienes tienen visibilidad pública en sus comunidades.
Indepaz deja claro que no todo puede imputarse al nuevo presidente. Pero también recuerda algo elemental en cualquier democracia seria: el Estado no está para celebrar relatos, sino para proteger vidas. Si los datos no acompañan al discurso, la propaganda termina chocando con la realidad.
En ese contexto, el debate sobre los líderes asesinados no es una cuestión secundaria ni un apéndice estadístico. Es una prueba de estrés para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, para las fuerzas de seguridad y para un sistema institucional que, una década después del acuerdo de paz, aún no ha logrado blindar a quienes más expuestos están frente a la violencia.


