Trabajadores de Adif denuncian restricciones de acceso a datos técnicos clave tras el siniestro y alertan de una posible búsqueda de responsables para exculpar al Ministerio
La tensión interna en Adif se ha disparado tras el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que dejó decenas de víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Fuentes internas de la empresa pública describen un clima de inquietud, desconfianza y miedo ante lo que consideran una carrera contrarreloj para señalar responsables y proteger políticamente al ministro de Transportes, Óscar Puente.
“Se están buscando las cabezas que van a rodar para entregárselas al ministro y salvarle”, aseguran empleados de Adif consultados por este medio. Según estas fuentes, al descartarse inicialmente la responsabilidad directa de la operadora privada Iryo, la atención se estaría desviando hacia contratas, subcontratas y departamentos internos vinculados al mantenimiento y ejecución de obras en la red ferroviaria.
Departamentos bajo sospecha y estructura “politizada”
Los trabajadores señalan que la posible responsabilidad recaería sobre áreas clave como la Dirección Adjunta de Construcción de Líneas en Explotación, dependiente de la Dirección de Conservación y Mantenimiento, y, en última instancia, de la Dirección General de Operaciones y Explotación. También apuntan a la Dirección de Riesgos Operativos, Puesta en Servicio e Interoperabilidad, encargada de evaluar y mitigar los riesgos de las obras.
“Son departamentos completamente politizados”, denuncian. Según relatan, muchos de sus responsables fueron designados durante la etapa de Isabel Pardo de Vera al frente de Adif y mantienen vínculos directos con la anterior cúpula del organismo y con el partido gobernante. “Aquí no prima el criterio técnico, sino el político”, lamentan.
Acceso bloqueado a información técnica
Uno de los aspectos que más alarma ha generado entre la plantilla es la supuesta restricción de acceso a documentación técnica tras el accidente. “Se están cerrando registros y limitando el acceso a datos que antes estaban disponibles en nuestros sistemas internos”, denuncian.
Entre la información ahora inaccesible figuran contratos, informes de mantenimiento, registros de auscultación de vías y expedientes de riesgo relacionados directamente con el tramo de Adamuz. “Nos preguntamos dónde están los informes de mantenimiento preventivo y correctivo, los dosieres de riesgos del tramo o las actas de supervisión. Antes existían y ahora aparecen carpetas vacías”, aseguran.
“Esto se veía venir”
Aunque la investigación oficial aún no ha concluido, muchos trabajadores de Adif sostienen que el accidente era una tragedia anunciada. Denuncian un deterioro progresivo de la infraestructura ferroviaria, con vías envejecidas, sistemas de señalización con fallos recurrentes y actuaciones de mantenimiento pospuestas o limitadas a soluciones provisionales.
“El modelo ha sido dejar de invertir en mantenimiento para priorizar inauguraciones y fotos”, critican. A su juicio, la liberalización del sector ferroviario y el aumento del tráfico no fueron acompañados de una inversión equivalente en conservación de la red. “Se exigía cada vez más a la infraestructura, pero sin dotarla de los recursos necesarios”.
Dudas sobre la investigación oficial
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) es el órgano encargado de esclarecer las causas del siniestro, pero los empleados cuestionan su independencia. “Depende del Ministerio de Transportes y está formada por antiguos cargos de Renfe y Adif. Van a dar la versión que interese al Gobierno”, sostienen.
Mientras tanto, las primeras pesquisas apuntan a un posible fallo en la infraestructura —como una soldadura defectuosa o un problema en un cambio de agujas— y no a un error humano, lo que reaviva las críticas sobre la política de mantenimiento aplicada en los últimos años.
Un sistema al límite
“Los profesionales lo avisaban, los viajeros se quejaban y las incidencias lo confirmaban”, resumen las fuentes consultadas. La imagen de pasajeros caminando por las vías tras averías, antes excepcional, se había vuelto habitual. “No podemos normalizar las catástrofes ferroviarias ni asumir que subir a un tren implique este nivel de riesgo”, concluyen.
El accidente de Adamuz ha abierto no solo una investigación técnica, sino también una profunda crisis interna en Adif, marcada por la desconfianza, el temor a represalias y la sensación de que, una vez más, la prioridad será proteger al poder político antes que depurar responsabilidades reales.