El Tribunal Supremo mantiene suspendido el voto de 162 454 nacionalizados y advierte de indicios relevantes en la configuración del censo exterior.
La decisión del Tribunal Supremo introduce un elemento de máxima gravedad en la recta final de las elecciones generales del 29 de noviembre. El alto tribunal sostiene que existen «indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia» en la configuración del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) tras la aplicación de la llamada Ley de Nietos.
No se trata, por tanto, de una sentencia que haya declarado la existencia de fraude electoral. El procedimiento continúa abierto. Pero el Supremo considera que los indicios acumulados justifican mantener una medida extraordinaria: 162 454 personas permanecen cautelarmente sin poder ejercer el voto, salvo quienes hayan acreditado documentalmente su condición de descendientes de exiliados en los términos establecidos por el tribunal.
El Supremo pone el foco en el censo electoral exterior
El conflicto se centra en la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, y en la posterior Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Esta instrucción desarrolló el procedimiento para acceder a la nacionalidad española.
La controversia ha terminado llegando al Supremo porque distintas partes cuestionaron si la interpretación administrativa utilizada para reconocer determinadas nacionalidades se ajustaba realmente al alcance de la ley.
La preocupación del tribunal no se limita al procedimiento de adquisición de la nacionalidad. El punto crítico es su traslado al CERA, el censo en el que figuran los españoles residentes en el extranjero con derecho a participar en las elecciones.
Y aquí aparece el dato que ha provocado el choque institucional.
163 355 nacionalizados y solo 901 acreditaron el exilio
El Gobierno entregó al Supremo la relación nominal de 163 355 personas afectadas por las medidas cautelares. De ese total, 901 habían acreditado mediante certificación consular su condición de descendientes de exiliados conforme a los criterios exigidos por el tribunal.
La diferencia es sustancial:
- 163 355 personas aparecen en el listado analizado por el Supremo.
- 901 acreditaron documentalmente la condición de exilio exigida.
- 162 454 quedan afectadas por la suspensión cautelar del ejercicio del voto.
El tribunal considera que esta proporción constituye un elemento relevante para valorar las dudas existentes sobre la forma en que se configuró el censo.
La clave jurídica no es que 162 454 personas hayan sido declaradas fraudulentas. No lo han sido. La cuestión es que su incorporación al CERA presenta, según el Supremo, indicios que deben ser examinados antes de permitir que sus votos puedan incorporarse a un proceso electoral cuya validez podría verse afectada.
La cifra que ha encendido las alarmas del Supremo
El alto tribunal afirma que los datos conocidos durante la tramitación de las medidas cautelares han reforzado sus dudas iniciales.
En su resolución, según recoge Libertad Digital, la Sala sostiene que aprecia «de modo cada vez más intenso» indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración del CERA.
El Supremo sitúa especialmente el foco en el periodo posterior a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática y, sobre todo, en la aplicación de la Instrucción de octubre de 2022.
La razón es que una parte muy elevada de los nacionalizados afectados habría accedido a la nacionalidad mediante la interpretación administrativa que establecía una presunción de exilio, en lugar de acreditar individualmente esa circunstancia.
El tribunal considera que esta diferencia resulta suficientemente relevante como para mantener las cautelares.
¿Qué ha decidido exactamente el Supremo?
La decisión tiene dos partes que conviene separar para evitar confusiones.
Por un lado, el Supremo mantiene la suspensión cautelar del voto de los 162 454 afectados por la medida inicial.
Por otro, el tribunal rechaza extender esa suspensión a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Nietos. Ese segundo colectivo asciende a 189 678 personas.
La diferencia es fundamental.
El Supremo considera que la extensión de la suspensión a los hijos llega demasiado tarde para poder ejecutarse con garantías antes de las elecciones del 29-N. La Sala apunta a problemas de seguridad jurídica, estabilidad electoral y dificultades materiales para revisar a tiempo un colectivo todavía mayor.
Por tanto, los hijos de los nacionalizados sí podrán votar, mientras que la suspensión permanece para los beneficiarios directos afectados por las resoluciones anteriores.
Un voto particular cuestiona la decisión sobre los hijos
La decisión tampoco ha sido unánime.
El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero discrepó de la negativa a suspender también el voto de los hijos de los nacionalizados.
Su posición parte de una idea especialmente relevante: si el tribunal considera necesario revisar las condiciones en las que los padres entraron en el sistema, también debería analizar las consecuencias sobre los derechos electorales derivados de esas nacionalizaciones.
El magistrado considera que la futura sentencia tendrá que abordar igualmente esa cuestión y defiende una actuación procesal coherente para evitar que el resultado electoral pueda quedar afectado antes de que exista una resolución definitiva.
Existe además un voto concurrente de la magistrada Ana Millán, que coincide con el rechazo de la suspensión a los hijos, aunque por razones diferentes.
El Supremo: primero, un censo electoral limpio
Uno de los aspectos más contundentes del auto es la prioridad que la Sala otorga a la integridad del proceso electoral.
El tribunal sostiene que, mientras se determina judicialmente si las inscripciones cuestionadas se ajustaron a la normativa, permitir el voto podría provocar una situación difícilmente reversible.
El razonamiento es sencillo: un voto contabilizado en unas elecciones no puede eliminarse después de manera efectiva si una sentencia posterior determina que la inscripción correspondiente no era conforme a Derecho.
Por eso el Supremo considera que, en las circunstancias actuales, la suspensión cautelar resulta necesaria para preservar la limpieza del proceso.
El tribunal llega incluso a advertir de que la participación de este colectivo podría tener relevancia electoral porque sus integrantes están distribuidos entre las diferentes circunscripciones.
Eso no significa que el Supremo haya concluido que esos votos vayan a cambiar las elecciones. Significa que no puede descartarse jurídicamente su incidencia antes de conocer el resultado y de resolver el fondo del procedimiento.
La batalla judicial llega a pocos días de las elecciones
El calendario ha convertido este asunto en una cuestión especialmente delicada.
Las elecciones generales están convocadas para el 29 de noviembre de 2026. La decisión sobre el censo exterior llega cuando el proceso electoral ya está en marcha y cuando los plazos para revisar miles de expedientes son extremadamente reducidos.
Precisamente esa falta de tiempo ha sido uno de los argumentos utilizados por el Supremo para rechazar la suspensión del voto de los 189 678 hijos de los nacionalizados.
La Sala considera que intentar depurar ahora ese segundo colectivo provocaría una alteración de los procedimientos electorales que podría afectar a la seguridad jurídica.
En cambio, entiende que la medida ya aplicada a los 162 454 beneficiarios directos resulta proporcionada para evitar que se incorporen al escrutinio unos votos cuya legitimidad registral está siendo examinada.
El Gobierno entregó finalmente la lista al Supremo
Otro elemento importante del caso ha sido la entrega de los datos reclamados por el tribunal.
El Supremo había solicitado al Gobierno la identificación de las personas afectadas por las medidas cautelares. Finalmente, Justicia y Exteriores remitieron la relación con 163 355 nombres, frente a los 163 020 comunicados inicialmente por la Abogacía del Estado.
El tribunal había reclamado esa información para poder identificar individualmente a los afectados y conocer las circunscripciones electorales correspondientes.
La Administración, por su parte, defendió la legalidad del procedimiento de nacionalización y ha reclamado que los datos personales de los afectados sean tratados con carácter reservado.
¿Qué está investigando realmente el Supremo?
La controversia no consiste en determinar si los españoles nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática son españoles.
La cuestión es otra: si determinadas nacionalizaciones se produjeron conforme al alcance de la ley y si su posterior incorporación al CERA se realizó respetando las exigencias legales.
El tribunal está examinando especialmente la interpretación administrativa realizada mediante la Instrucción de 25 de octubre de 2022.
Ese matiz es fundamental porque evita convertir una disputa jurídica sobre la aplicación de una norma en una acusación general contra todos los ciudadanos afectados.
De hecho, el Supremo todavía no ha dictado una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.
Las decisiones conocidas hasta ahora son cautelares.
Una controversia que afecta directamente a las elecciones
La dimensión política del caso es evidente.
Iustitia Europa y Vox solicitaron las medidas cautelares que dieron origen al procedimiento. Al mismo tiempo, distintas asociaciones y particulares han defendido los intereses de las personas afectadas y han recurrido las decisiones del tribunal.
El resultado es una batalla jurídica que se desarrolla simultáneamente con la campaña electoral.
Y eso explica la enorme trascendencia de cada decisión judicial.
No estamos únicamente ante un conflicto sobre nacionalidad. El problema ha alcanzado directamente al derecho de sufragio, al censo electoral exterior y a la propia seguridad jurídica de las elecciones generales.
La cuestión de fondo: nacionalidad, censo y seguridad electoral
La Ley de Memoria Democrática permitió abrir nuevas vías para adquirir la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles.
La controversia surge cuando se analiza cómo se interpretaron esas vías en la práctica y qué consecuencias tuvo esa interpretación sobre el CERA.
El propio Supremo insiste en que un censo electoral debe estar formado por quienes cumplen los requisitos legales para ejercer el derecho de sufragio.
Desde esa perspectiva, la medida cautelar no equivale a retirar definitivamente la nacionalidad ni a declarar ilegítimo el derecho al voto de esas personas para siempre.
La suspensión es provisional mientras se resuelve el procedimiento judicial.
Ese punto será determinante cuando el tribunal dicte sentencia sobre el fondo.
Una advertencia judicial de enorme alcance
El Supremo ha colocado sobre la mesa una cuestión que trasciende la disputa política entre el Gobierno y sus críticos.
El problema que debe resolver es si la Administración interpretó correctamente una norma aprobada por las Cortes y si esa interpretación permitió incorporar al censo exterior a un número de personas que, según los indicios apreciados por el tribunal, podrían no haber cumplido los requisitos establecidos legalmente.
La cifra es demasiado grande como para ignorarla.
162 454 personas tienen actualmente suspendido cautelarmente el ejercicio del voto, mientras que otras 189 678 personas, pertenecientes a la siguiente generación, sí podrán participar en las elecciones del 29-N.
El Supremo no ha hablado de un fraude electoral probado. Ha hablado de indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia.
Y esa diferencia jurídica es esencial.
La última palabra todavía no está escrita.
La pregunta que queda abierta
El caso deja una cuestión política y jurídica de enorme trascendencia: ¿se aplicó la Ley de Memoria Democrática dentro de los límites fijados por el legislador o la instrucción administrativa amplió de hecho su alcance?
La respuesta definitiva corresponderá a los tribunales.
Mientras tanto, el dato que ya ha quedado fijado en el procedimiento es contundente: solo 901 de los 163 355 expedientes analizados habían acreditado mediante certificación consular la condición de descendientes de exiliados exigida por el Supremo.
Y precisamente esa diferencia es uno de los elementos que el alto tribunal considera determinantes para mantener, de momento, la suspensión cautelar.
El asunto ya no se limita a la llamada Ley de Nietos. Se ha convertido en una cuestión sobre los límites de la Administración, la seguridad jurídica y la limpieza del censo electoral español.
La batalla judicial continuará después de las elecciones.
Toqueteo
Toqueteo
Toqueteo