El ministro de Exteriores sostiene que no tuvo constancia de información que anticipara la magnitud de la crisis fronteriza, mientras los documentos desclasificados confirman que CNI y Policía emitieron advertencias el día anterior.
La desclasificación de los informes previos a la crisis fronteriza de Ceuta ha abierto una nueva controversia dentro del Gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, insiste en que no tuvo conocimiento de una alerta que anticipara la magnitud de lo que iba a suceder el 30 de julio, pese a que ahora consta documentalmente que organismos españoles habían detectado un riesgo de entradas irregulares.
«Dentro de mis competencias y dentro de lo que yo viví aquel día 30, a mí no me constó que hubiera ninguna información de ningún tipo que indicara la magnitud de la avalancha», afirmó Albares este miércoles durante un encuentro con periodistas en Bruselas.
La precisión empleada por el ministro resulta determinante: Albares habla de información que anticipara «la magnitud» de los acontecimientos. Los documentos desclasificados acreditan que hubo avisos previos sobre posibles intentos de entrada, aunque eso no equivale necesariamente a que los servicios de inteligencia anticiparan exactamente la dimensión final de la crisis.
El CNI sí había emitido una alerta sobre Ceuta
La documentación conocida esta semana confirma que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emitió el 29 de julio, un día antes de los acontecimientos, un despacho de alerta temprana.
El documento, identificado con la referencia C-10399, llevaba por título «Inmigración irregular. Alerta Temprana. Posibles intentos de entrada a Ceuta durante la semana de la fiesta del Trono».
El CNI había detectado la planificación de varias convocatorias para intentar acceder a Ceuta, tanto a nado como mediante el vallado fronterizo, coincidiendo con la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos.
La información procedía, entre otras fuentes, de la monitorización de redes sociales y servicios de mensajería donde circulaban llamamientos para dirigirse hacia la frontera.
Por tanto, la existencia de alertas previas ya no es una cuestión meramente política: aparece recogida en documentos oficiales desclasificados por el propio Ejecutivo.
Otra cuestión diferente, y todavía objeto de controversia, es determinar quién conoció cada documento dentro del Gobierno y hasta qué punto esas alertas permitían prever lo que finalmente ocurrió.
Albares asegura que a él «no le constó» la información
Las declaraciones de Albares no constituyen necesariamente una negación de que el CNI elaborara informes. Lo que sostiene el ministro es que él no tuvo constancia de información que permitiera anticipar la magnitud de los acontecimientos.
Esta diferencia resulta esencial para interpretar correctamente el enfrentamiento político.
La documentación conocida demuestra la existencia de advertencias, pero no acredita por sí sola que Albares recibiera personalmente esos informes.
Ese es precisamente uno de los interrogantes que deja la desclasificación: si la inteligencia española disponía de indicios relevantes, ¿qué departamentos los recibieron y cómo circuló la información dentro de la Administración?
La Policía Nacional también contempló escenarios de alto riesgo
El CNI tampoco fue el único organismo que había analizado la amenaza.
El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional elaboró el 29 de julio una nota, con referencia TIFA-3136, que advertía de un «riesgo potencial» de entradas irregulares en Ceuta y Melilla para el día siguiente.
El análisis policial contemplaba diferentes escenarios.
Las entradas únicamente a nado presentaban una probabilidad alta, aunque su nivel de riesgo se consideraba bajo-medio. Una combinación de entradas marítimas y saltos del vallado tenía una probabilidad media y un riesgo medio-alto.
El escenario más grave contemplaba entradas a nado coordinadas con saltos del vallado. La Policía atribuía a esta posibilidad una probabilidad media-baja, pero calificaba sus consecuencias potenciales como de «riesgo extremo».
El informe, por tanto, no aseguraba que fuese a producirse el peor escenario, pero sí demuestra que las fuerzas de seguridad habían considerado previamente una situación potencialmente grave en la frontera.
Los avisos llegaron también a Marruecos
La documentación desclasificada añade un elemento especialmente relevante para las relaciones entre España y Marruecos.
Según la información conocida, el CNI trasladó advertencias a los servicios de inteligencia marroquíes, concretamente a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) y a la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED).
También se informó a unidades españolas, incluida la Guardia Civil, sobre convocatorias que animaban a intentar acceder a territorio español.
Este punto eleva el interés político y diplomático del caso. Si tanto organismos españoles como marroquíes manejaban información sobre posibles concentraciones y movimientos hacia Ceuta, queda por esclarecer qué respuesta operativa se preparó a ambos lados de la frontera.
La existencia de esos avisos, por sí misma, tampoco demuestra que las autoridades marroquíes promovieran o facilitaran las entradas. Una acusación de esa gravedad requeriría pruebas específicas.
Albares señala que Frontex y la Comisión Europea tampoco lo anticiparon
Albares ha introducido además en el debate la actuación de las instituciones europeas.
Según el ministro, ni la Comisión Europea ni Frontex detectaron indicios que les permitieran anticipar la dimensión de la crisis.
El argumento busca contextualizar las dificultades para prever el alcance de lo ocurrido. Sin embargo, no resuelve la cuestión que ahora centra la controversia nacional: España sí tenía organismos que habían emitido alertas específicas el 29 de julio.
Que las instituciones comunitarias no anticiparan los acontecimientos no permite determinar si las autoridades españolas valoraron correctamente sus propias advertencias.
La desclasificación pone el foco sobre la coordinación del Gobierno
La polémica se desplaza así hacia el funcionamiento interno del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La pregunta ya no puede reducirse a si existieron o no alertas. Existieron documentos del CNI y de la Policía Nacional que advertían de posibles intentos de entrada en Ceuta antes de los acontecimientos.
Lo que falta por aclarar es mucho más concreto: quién recibió esos documentos, cuándo los recibió, qué valoración hizo de ellos y qué decisiones tomó.
Esta diferencia también permite entender las posiciones aparentemente contradictorias mantenidas por distintos miembros del Ejecutivo.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, había defendido que los servicios de inteligencia sí realizaron su trabajo y emitieron advertencias. Otros responsables gubernamentales habían rebajado durante agosto la capacidad de aquellos informes para anticipar lo sucedido.
La documentación desclasificada refuerza la afirmación de que hubo alerta previa, pero no permite concluir automáticamente que todos los ministros implicados conocieran los informes ni que los servicios pudieran prever con exactitud la dimensión final de la crisis.
Marlaska y Albares afrontan ahora nuevas preguntas por Ceuta
Para el Gobierno, el problema político reside precisamente en esa cadena de información.
Si el CNI y la Policía habían identificado convocatorias y escenarios de riesgo, será necesario explicar por qué esa información no llegó —según afirma Albares— a determinados responsables políticos o por qué no fue interpretada como una advertencia suficiente para anticipar la dimensión de los acontecimientos.
La controversia afecta especialmente al área de Interior y a la coordinación entre organismos de seguridad, inteligencia y responsables políticos.
También introduce una diferencia importante entre «no haber recibido ninguna alerta» y «no haber recibido una alerta que anticipara la magnitud final». Los documentos conocidos hacen difícil sostener la primera afirmación de manera general para toda la Administración, mientras que la segunda continúa dependiendo del contenido, distribución y valoración de cada informe.
La desclasificación, lejos de cerrar la crisis política de Ceuta, abre ahora una pregunta todavía más incómoda para Moncloa: si los servicios del Estado habían avisado, ¿hasta dónde llegó esa información y por qué no permitió anticipar mejor lo que sucedió?
Chollones
Chollones
Chollones