El empresario declara nuevamente ante la Audiencia Nacional y entrega información adicional sobre las sociedades investigadas por el supuesto desvío de 250 millones de dólares procedentes de la petrolera estatal venezolana.
Lo que comenzó como una de las investigaciones más delicadas sobre la presunta financiación irregular del PSOE suma ahora un nuevo episodio. Víctor de Aldama ha comparecido de nuevo ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, para aportar nueva documentación e información relacionada con las empresas que, según su testimonio, habrían servido para canalizar fondos procedentes de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela.
La declaración, celebrada bajo secreto de sumario y con una duración superior a una hora, refuerza una investigación que continúa abierta y que trata de esclarecer si existió un entramado empresarial destinado a financiar de forma irregular al PSOE y a la Internacional Socialista.
Nueva comparecencia ante el juez Ismael Moreno
Según fuentes jurídicas consultadas por diversos medios, Aldama ha ampliado la información ya facilitada en anteriores declaraciones, aportando nuevos datos sobre varias mercantiles presuntamente implicadas en la operativa investigada.
La comparecencia se ha producido en el marco de la investigación que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que analiza las acusaciones realizadas por el empresario sobre una supuesta red de financiación vinculada al régimen venezolano.
La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no han trascendido oficialmente todos los detalles de la documentación entregada.
Apamate vuelve a situarse en el centro de la investigación
Uno de los nombres que vuelve a aparecer en la causa es el de Apamate Corporate And Trust, sociedad que Aldama ya señaló en su primera declaración como una de las piezas fundamentales del supuesto entramado financiero.
Según el empresario, esta mercantil habría sido utilizada para canalizar cupos de petróleo de PDVSA valorados en unos 250 millones de dólares, recursos que, siempre según su versión, terminarían beneficiando al Partido Socialista y a la Internacional Socialista.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga precisamente el papel desempeñado por esta sociedad dentro del presunto esquema financiero.
Las acusaciones alcanzan a antiguos dirigentes socialistas
En sus anteriores declaraciones judiciales, Aldama aseguró que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría iniciado las gestiones relacionadas con esta operativa y que posteriormente el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero habría asumido un papel relevante en la gestión de los cupos petroleros.
El empresario también sostuvo que parte de las operaciones financieras se habrían realizado mediante cuentas situadas en distintos países, entre ellos Panamá y Rusia.
Hasta el momento, estas afirmaciones forman parte exclusivamente del testimonio aportado por Aldama dentro del procedimiento judicial y continúan siendo objeto de investigación por parte de la Audiencia Nacional.
La querella de Delcy Rodríguez acelera nuevos movimientos
La nueva comparecencia se produce pocos días después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, iniciara acciones judiciales contra Aldama por las declaraciones en las que éste aseguraba que la dirigente venezolana le entregó personalmente un sobre relacionado con la operación investigada.
La defensa de Rodríguez rechaza rotundamente esa versión y sostiene que dichas afirmaciones son «inveraces, falsas y no ajustadas a la realidad», al considerar que atribuyen a su representada una participación en hechos potencialmente delictivos.
Precisamente esa querella había sido señalada por el entorno de Aldama como el momento en el que el empresario tenía previsto ampliar la información disponible sobre la presunta financiación irregular.
La investigación continúa abierta
La Audiencia Nacional sigue recopilando pruebas para determinar la veracidad de las manifestaciones realizadas por Aldama y el posible recorrido penal de los hechos denunciados.
Por el momento, no existe una resolución judicial que confirme las acusaciones formuladas por el empresario, mientras las diligencias continúan bajo secreto y la UCO prosigue el análisis de la documentación incorporada al procedimiento.
La evolución de esta causa podría convertirse en uno de los procesos judiciales con mayor repercusión política de los próximos meses, a medida que avancen las investigaciones y el juez determine el alcance de las pruebas aportadas.
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