Lo que parecía un caso cerrado podría dar un giro inesperado. Cuatro actas municipales incorporadas al procedimiento cuestionan uno de los principales argumentos utilizados para archivar la causa contra Paco Salazar, exdirigente del PSOE, al acreditar que su relación laboral con el Ayuntamiento de Dos Hermanas se prolongó hasta 2025.
Vox recurre el archivo y asegura que la prevaricación sigue vigente
El partido Vox ha presentado un recurso de reforma y otro subsidiario de apelación contra el archivo de la causa al considerar que el presunto delito de prevaricación administrativa no ha prescrito, tal y como concluyó la magistrada que instruyó el caso.
La formación sostiene que la existencia de actos administrativos posteriores, fechados en 2017, 2018, 2023 y 2025, demostraría que la actuación presuntamente irregular no terminó con la contratación inicial de Salazar en 2012, sino que tuvo continuidad durante más de una década.
Según la tesis jurídica de Vox, estos hechos configurarían un concurso medial de delitos, por lo que el plazo de prescripción debería computarse desde el último acto administrativo relacionado con el mantenimiento de la situación laboral de Salazar.
Las cuatro actas que cambian el escenario
El recurso se apoya en varias actas oficiales del Ayuntamiento de Dos Hermanas que reflejan la evolución administrativa de la situación laboral del exdirigente socialista.
Entre ellas destacan:
- Acta de 2017, en la que Paco Salazar solicita una excedencia forzosa tras asumir responsabilidades dentro del PSOE.
- Acta de 2018, donde el entonces alcalde Francisco Toscano reconoce públicamente que Salazar permanecía en dicha excedencia.
- Acta de 2023, que acredita que participó en un proceso para promocionar profesionalmente dentro del Ayuntamiento.
- Acta de 2025, mediante la cual solicita una excedencia voluntaria tras cesar como alto cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez.
Para Vox, estos documentos demostrarían que la vinculación administrativa nunca desapareció, sino que continuó activa durante todos esos años.
La juez vio indicios de prevaricación, pero archivó por prescripción
En el auto dictado el pasado 22 de junio, la magistrada concluyó que la contratación de Paco Salazar como técnico municipal en 2012 se realizó prescindiendo de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, al no convocarse un procedimiento público de selección.
La resolución calificó aquella contratación como «merecedora de reproche penal», al considerar que se vulneraron los procedimientos legalmente establecidos para acceder al empleo público.
Sin embargo, la causa fue archivada al entender la instructora que el delito había prescrito, al haber transcurrido más de trece años desde la contratación inicial hasta la presentación de la querella en 2025.
Precisamente ese razonamiento es el que ahora combate Vox.
Vox mantiene también la acusación por tráfico de influencias
Además de la prevaricación administrativa, el recurso insiste en la existencia de un posible delito de tráfico de influencias.
Según la formación, el entonces alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, habría mantenido la plaza de Salazar mediante decisiones administrativas para facilitar su carrera política junto a Pedro Sánchez, primero en el PSOE y posteriormente en La Moncloa.
El escrito sostiene que la relación de confianza y pertenencia al PSOE entre ambos habría sido el elemento determinante para conservar esa situación administrativa durante años.
La UCO ya recogía estos hechos en su investigación
Vox recuerda además que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya hacía referencia en sus informes a los movimientos administrativos producidos en 2017, 2023 y 2025, entendiendo que reflejaban la continuidad de la relación laboral del exdirigente socialista con el consistorio sevillano.
La formación considera que estos hechos refuerzan la necesidad de reabrir la investigación y analizar si la sucesión de decisiones administrativas constituye una actuación continuada.
Una contratación cuestionada desde el origen
La investigación judicial sostiene que Paco Salazar fue contratado en 2012 sin un procedimiento abierto de selección y que posteriormente desempeñó diversas funciones relacionadas con instalaciones municipales como el Gran Hipódromo de Andalucía, el parking del Arenal o el aparcamiento de la Plaza de Abastos.
La propia resolución judicial señalaba que la contratación se efectuó sin oferta pública de empleo y al margen de los procedimientos ordinarios previstos para el acceso al empleo público.
El caso vuelve a abrir un frente político
El recurso presentado por Vox reabre un procedimiento que parecía cerrado y vuelve a situar el foco sobre la gestión de personal en uno de los históricos bastiones del socialismo andaluz.
Ahora será la propia Justicia la que deba determinar si las nuevas actas municipales alteran el criterio sobre la prescripción del delito y si la investigación contra Paco Salazar y el exalcalde Francisco Toscano debe continuar o quedar definitivamente archivada.
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