La ONU busca limitar los llamados robots asesinos, pero Washington, Moscú e Israel rechazan un tratado vinculante que podría restringir sus programas militares de inteligencia artificial.
La inteligencia artificial ya está transformando la guerra. Los ejércitos utilizan algoritmos para analizar información, localizar objetivos y acelerar operaciones militares. El siguiente paso plantea una cuestión mucho más delicada: permitir que una máquina decida por sí misma a quién atacar.
La ONU debate esta semana en Ginebra cómo limitar las armas autónomas letales, una tecnología que amenaza con reducir el control humano sobre decisiones de vida o muerte. Sin embargo, el intento de establecer reglas internacionales vinculantes se enfrenta a la resistencia de tres actores fundamentales: Estados Unidos, Rusia e Israel.
La séptima Conferencia de Revisión de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, que se celebra del 16 al 20 de noviembre de 2026, reúne a los 128 Estados parte para decidir qué hacer ante el desarrollo de estos sistemas. Siete países han presentado una propuesta para iniciar negociaciones sobre un nuevo instrumento jurídico internacional.
La discusión no es meramente tecnológica. Está en juego quién tendrá la responsabilidad cuando un algoritmo seleccione un objetivo equivocado, cómo se protegerá a la población civil y hasta qué punto los gobiernos estarán dispuestos a limitar sus capacidades militares en una nueva carrera armamentística.
Estados Unidos, Rusia e Israel rechazan un tratado vinculante
La principal dificultad de las negociaciones es la oposición de algunas de las mayores potencias militares del mundo.
Estados Unidos, Rusia e Israel sostienen que el derecho internacional humanitario ya proporciona un marco suficiente para regular el empleo de armamento autónomo. En lugar de aceptar un tratado internacional obligatorio, defienden que cada Estado establezca sus propios controles y procedimientos.
Washington apuesta por directrices no vinculantes y ha propuesto un mandato de cinco años para trabajar en un posible acuerdo de esa naturaleza.
Moscú también se opone a que las negociaciones desemboquen en restricciones obligatorias. La delegación rusa ha defendido que todavía es prematuro plantear medidas prohibitivas y ha cuestionado aspectos del procedimiento de la conferencia.
Israel comparte la oposición a un marco supranacional que pueda limitar sus decisiones militares.
La posición de estas potencias tiene una dimensión estratégica evidente: ninguna quiere perder margen de maniobra frente a sus adversarios en una tecnología que puede transformar la capacidad de ataque, defensa y vigilancia de sus fuerzas armadas.
Sin embargo, la negativa a aceptar un tratado no significa necesariamente que estos países defiendan un uso militar sin controles. Su argumento es que las normas existentes y los mecanismos nacionales pueden ofrecer garantías suficientes.
El desacuerdo reside en quién debe establecer esos límites y si deben ser obligatorios para todos.
Siete países reclaman iniciar negociaciones internacionales
Frente a la resistencia de las grandes potencias militares, Austria, Bélgica, Brasil, Irlanda, México, Nueva Zelanda y Panamá han presentado una propuesta para iniciar negociaciones sobre un acuerdo jurídicamente vinculante.
Su iniciativa pretende establecer prohibiciones y restricciones para los sistemas de armas autónomas letales.
La propuesta cuenta con el respaldo de organizaciones humanitarias y de países que consideran insuficientes las reglas actuales. La campaña Stop Killer Robots asegura que alrededor de 130 países apoyan la creación de normas internacionales sobre estas tecnologías.
La diferencia entre los dos bloques no es únicamente política. También afecta al calendario y al alcance de las futuras negociaciones.
La presidencia de la conferencia ha planteado un mandato de dos años para negociar un protocolo vinculante. Estados Unidos, por el contrario, prefiere un proceso de cinco años orientado a directrices no obligatorias.
Reino Unido, Alemania y Francia han defendido una fórmula negociadora que deje abierta la naturaleza jurídica del futuro instrumento.
Esta última posición busca mantener abierta la posibilidad de un acuerdo, aunque todavía no garantiza que las normas resultantes sean jurídicamente exigibles.
La conferencia tendrá que determinar si existe margen para un compromiso o si las diferencias entre las potencias militares impiden avanzar.
Qué son las armas autónomas letales y por qué preocupan
Las armas autónomas letales, conocidas internacionalmente como LAWS (Lethal Autonomous Weapon Systems), son sistemas capaces de identificar, seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana directa en la ejecución de esas funciones.
Pueden utilizar sensores, algoritmos y sistemas de inteligencia artificial para analizar el entorno y actuar de acuerdo con parámetros previamente establecidos.
Su funcionamiento puede variar considerablemente. No todos los sistemas tienen el mismo nivel de autonomía ni realizan las mismas tareas.
Conviene distinguir tres categorías:
- Armas controladas a distancia: una persona identifica el objetivo y decide cuándo atacar. El sistema ejecuta las órdenes del operador.
- Armas con asistencia de inteligencia artificial: los algoritmos analizan información, detectan posibles objetivos o recomiendan acciones, pero la decisión final sigue correspondiendo a una persona.
- Armas autónomas: el sistema puede identificar, seleccionar y atacar objetivos sin que un operador intervenga directamente en esas funciones durante la ejecución.
Esta distinción es esencial para no confundir cualquier dron militar con un robot asesino.
Un avión no tripulado puede estar armado y ser controlado completamente por una persona desde otro lugar. En ese caso, no es necesariamente un arma autónoma.
El problema aparece cuando el sistema adquiere capacidad para decidir qué constituye un objetivo y ejecutar un ataque sin una intervención humana significativa.
La ONU considera que la responsabilidad humana debe mantenerse en las decisiones relacionadas con el uso de la fuerza. El secretario general, António Guterres, ha reclamado prohibiciones y restricciones claras para impedir que las máquinas ejerzan una capacidad de decisión incompatible con el derecho internacional humanitario.
El ataque contra una escuela en Irán reabre el debate sobre la inteligencia artificial militar
Uno de los episodios que ha intensificado la discusión internacional es el ataque contra una escuela primaria en Minab, en el sur de Irán, el 28 de febrero de 2026.
Dos misiles Tomahawk impactaron en el centro educativo durante el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes contra territorio iraní. El balance de víctimas fue devastador: las autoridades iraníes comunicaron inicialmente más de 150 fallecidos y una investigación posterior de Naciones Unidas documentó al menos 156 muertos, entre ellos 120 escolares.
La investigación militar estadounidense apuntó a una posible responsabilidad de sus fuerzas. Posteriormente, informaciones publicadas por Bloomberg, basadas en fuentes conocedoras de la investigación interna del Pentágono, señalaron que la utilización de información desactualizada y una confianza excesiva en sistemas de inteligencia artificial contribuyeron al error.
El sistema Maven Smart System, desarrollado por Palantir, había intervenido en el análisis y la gestión de información utilizada para preparar objetivos militares.
Según esas informaciones, algunos responsables militares confiaron excesivamente en la capacidad del programa para detectar inconsistencias en los datos de inteligencia. Sin embargo, Palantir sostuvo que su software no era responsable de la calidad de los datos originales y negó que existieran pruebas de que el sistema hubiera causado el fallo.
El episodio demuestra los riesgos de utilizar herramientas algorítmicas en operaciones militares sin una verificación humana suficientemente rigurosa.
Pero también es importante establecer una diferencia: el ataque de Minab no demuestra por sí mismo que un arma autónoma tomara la decisión de disparar. El caso se relaciona con el uso de inteligencia artificial y datos de inteligencia en la cadena de selección de objetivos, no con una demostración de que un robot autónomo ejecutara el ataque por iniciativa propia.
La distinción importa porque el debate internacional abarca tanto las armas que actúan autónomamente como los sistemas de apoyo algorítmico que pueden condicionar decisiones humanas.
En cualquier caso, cuando la información utilizada para seleccionar un objetivo es incorrecta, la velocidad tecnológica puede multiplicar las consecuencias de un error.
La guerra de Ucrania y Oriente Medio aceleran el desarrollo militar
La expansión de los drones y de los sistemas de inteligencia artificial ha dejado de ser una perspectiva teórica.
Los conflictos de Ucrania, Sudán y Oriente Medio han impulsado el uso de tecnologías capaces de analizar grandes cantidades de información, identificar posiciones enemigas y facilitar operaciones militares.
Los drones desempeñan un papel cada vez más importante en la vigilancia, el reconocimiento, la defensa antiaérea y los ataques contra objetivos militares.
Algunos sistemas incorporan funciones autónomas, aunque no todos permiten seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana.
La diferencia entre un dron pilotado a distancia y un arma autónoma resulta especialmente importante en escenarios donde las comunicaciones pueden interrumpirse, las señales pueden ser interferidas y los operadores disponen de poco tiempo para reaccionar.
Los ejércitos consideran que estas tecnologías ofrecen ventajas operativas:
- Velocidad: permiten analizar información y responder en periodos mucho más cortos.
- Alcance: facilitan operaciones en zonas donde resulta peligroso desplegar personal.
- Persistencia: algunos sistemas pueden vigilar durante periodos prolongados.
- Coordinación: permiten integrar sensores, plataformas y unidades militares.
- Reducción de riesgos propios: pueden sustituir a soldados en determinadas misiones peligrosas.
Pero esas ventajas tienen una contrapartida. Un sistema que toma decisiones a gran velocidad puede cometer errores antes de que una persona tenga tiempo suficiente para intervenir.
Además, la proliferación de estas capacidades puede reducir las barreras tecnológicas para que actores no estatales accedan a herramientas de ataque cada vez más sofisticadas.
La carrera por la autonomía militar no se limita, por tanto, a las grandes potencias. También afecta a la seguridad de países que carecen de recursos para desarrollar sistemas avanzados, pero que pueden convertirse en objetivos de tecnologías más baratas y fáciles de desplegar.
El principal problema: quién responde cuando una máquina mata
La discusión jurídica gira alrededor de una cuestión fundamental: la responsabilidad no puede desaparecer detrás de un algoritmo.
En un ataque convencional existen personas que participan en la cadena de decisiones: quienes identifican el objetivo, quienes autorizan la operación y quienes ejecutan la orden.
Con un sistema autónomo, esa cadena puede resultar más compleja. El algoritmo puede seleccionar un objetivo a partir de datos cambiantes y ejecutar una acción sin que una persona examine cada decisión individual.
Esto plantea preguntas difíciles:
- ¿Quién responde si el sistema confunde a un civil con un combatiente?
- ¿Qué ocurre si el algoritmo identifica incorrectamente una instalación civil?
- ¿Puede un comandante justificar una operación alegando que el sistema tomó una decisión inesperada?
- ¿Cómo se reconstruye la secuencia de decisiones cuando el algoritmo utiliza miles de datos simultáneamente?
- ¿Qué grado de supervisión debe exigirse antes y durante un ataque?
El derecho internacional humanitario ya establece principios que deben respetarse en los conflictos armados. Entre ellos destacan la distinción entre civiles y combatientes, la proporcionalidad de los ataques y la obligación de adoptar precauciones para reducir los daños a la población civil.
Las armas autónomas no quedan automáticamente fuera de esas normas. El problema es determinar cómo garantizar su cumplimiento cuando una parte de las decisiones se delega en sistemas automatizados.
La ONU defiende que debe existir juicio humano suficiente para garantizar que el empleo de estas armas respete el derecho internacional.
No necesariamente significa que una persona deba pulsar un botón en cada ataque. Significa que los responsables deben conservar capacidad real para decidir las condiciones de uso, anticipar los efectos y limitar las consecuencias de la operación.
La ONU se enfrenta al bloqueo del consenso
La Convención sobre Ciertas Armas Convencionales es el marco internacional utilizado para restringir determinados tipos de armamento considerados especialmente dañinos o indiscriminados.
Sus protocolos ya regulan cuestiones como los fragmentos no detectables, las minas, las armas incendiarias, los láseres cegadores y los restos explosivos de guerra.
La conferencia de Ginebra es la séptima revisión de este instrumento y se celebra cada cinco años.
Actualmente cuenta con 128 Estados parte. Su importancia radica en que ofrece un foro donde los gobiernos pueden negociar restricciones sobre tecnologías militares concretas.
Sin embargo, el procedimiento de consenso constituye una dificultad considerable. La oposición de un solo Estado puede impedir que se apruebe una decisión sustancial.
El 16 de noviembre, Rusia bloqueó inicialmente el inicio de los trabajos al objetar una regla de procedimiento que permitía intervenir a observadores, entre ellos representantes de la Unión Europea y organizaciones no gubernamentales.
El incidente anticipa las dificultades que pueden surgir durante las negociaciones sobre el contenido de un eventual acuerdo.
La posibilidad de alcanzar un compromiso sigue abierta. Los diplomáticos contemplan diferentes escenarios: un tratado vinculante, unas directrices voluntarias o una fórmula híbrida que combine obligaciones jurídicas y compromisos políticos.
El resultado dependerá de cuánto estén dispuestos a ceder los países que defienden una regulación internacional y aquellos que quieren preservar su autonomía militar.
El Papa, la Cruz Roja y las organizaciones humanitarias piden límites
La preocupación por el desarrollo de armas autónomas también ha llegado a instituciones religiosas y organizaciones humanitarias.
El papa León XIV pidió el 30 de octubre que los gobiernos reunidos en Ginebra adoptaran medidas concretas para prohibir las armas autónomas letales.
El pontífice defendió que las decisiones sobre la vida y la muerte no deben quedar en manos de sistemas artificiales.
El Comité Internacional de la Cruz Roja también ha reclamado que los Estados preserven el control humano sobre el uso de la fuerza.
Por su parte, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la campaña Stop Killer Robots han advertido de los riesgos para la población civil y han pedido normas internacionales más estrictas.
Estas organizaciones consideran que la regulación debe llegar antes de que los sistemas autónomos se conviertan en una capacidad militar generalizada.
Su argumento es que una vez que estas armas estén plenamente integradas en los arsenales y en las doctrinas militares, será mucho más difícil establecer límites efectivos.
La discusión también tiene una dimensión ética: si una máquina puede decidir cuándo disparar, la responsabilidad última debe seguir correspondiendo a personas e instituciones identificables.
Una nueva carrera armamentística sin reglas claras
El debate de Ginebra refleja una tensión que va más allá de la inteligencia artificial.
Las grandes potencias quieren conservar su superioridad tecnológica, pero también necesitan evitar que los sistemas que desarrollan terminen convirtiéndose en una amenaza para sus propias fuerzas o para la estabilidad internacional.
La regulación de las armas autónomas plantea un dilema similar al de otros ámbitos del control de armamentos: establecer límites comunes sin dejar a un país en desventaja frente a sus competidores.
Estados Unidos y Rusia consideran que un tratado obligatorio puede restringir sus programas militares. Los países favorables a la regulación sostienen que la ausencia de reglas aumenta los riesgos de errores, escaladas y daños indiscriminados.
El problema es que la tecnología avanza más rápido que la diplomacia.
La inteligencia artificial ya interviene en procesos de planificación, vigilancia y selección de objetivos. La frontera entre asistencia algorítmica y autonomía operativa puede hacerse cada vez más difícil de distinguir.
Por eso, la conferencia de Ginebra tiene una importancia que supera el resultado inmediato de sus reuniones. Lo que decidan los gobiernos condicionará el margen de desarrollo y utilización de estas armas durante los próximos años.
La cuestión decisiva no es si los ejércitos utilizarán inteligencia artificial, sino qué decisiones estarán autorizados a delegar en ella. La seguridad internacional exige que la innovación militar no termine convirtiendo la responsabilidad humana en una formalidad.


