ASPE critica ley anti-sanidad privada por su impacto en competencias
La Asociación Española de Proveedores de Servicios de Salud (ASPE) ha expresado su oposición a la puesta en marcha de lo que ha sido denominado como «ley anti-sanidad privada». Según ASPE, esta ley es contraria al acervo europeo y puede invadir las competencias autonómicas.
Las comunidades autónomas, hasta el momento, han tenido la opción de elegir entre diferentes fórmulas de gestión de la sanidad, tanto directa como indirecta, amparadas por la Ley 15/1997 que habilita nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta legislación estipula que los servicios sanitarios pueden ser gestionados mediante acuerdos o contratos con entidades tanto públicas como privadas.
ASPE ha señalado que el actual Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, está estigmatizando al sector sanitario y relacionando la calidad del sistema con el tipo de gestión. La crítica se extiende a la propuesta de derogar no solo la Ley 15/1997, sino también la Ley 16/2003, que establece principios fundamentales para la cohesión y calidad del SNS.
La asociación también ha manifestado su inquietud sobre la posible eliminación de los modelos de concesión administrativa, instrumentos que han sido utilizados eficazmente en otros países para facilitar la colaboración público-privada en la gestión de infraestructuras sanitarias. A este respecto, ASPE ha resaltado el éxito de modelos utilizados en naciones como el Reino Unido, Alemania y Australia.
Además, ASPE ha advertido que la ley podría tener un impacto negativo directo en los pacientes, afectando la accesibilidad y los tiempos de atención, especialmente en un momento en que las listas de espera han alcanzado cifras récord. Herminia Rodríguez, presidenta de la asociación, ha destacado que «las decisiones ideológicas impactan directamente a las personas».
Ante estas preocupaciones, ASPE ha solicitado la reconsideración del anteproyecto de ley y un diálogo que permita establecer un marco sanitario fundamentado en la evidencia y que respete las competencias autonómicas. Rodríguez ha insistido en que la gestión de la sanidad debe orientarse hacia el pragmatismo y la responsabilidad, priorizando siempre el bienestar de los pacientes.