La normativa europea de accesibilidad digital no obliga directamente a buena parte de los autónomos y microempresas con menos de 10 empleados y menos de 2 millones de euros de facturación. Sin embargo, grandes marketplaces y compañías sí pueden imponer estos requisitos contractualmente a sus proveedores.
La nueva normativa de accesibilidad digital está provocando una oleada de dudas entre autónomos, pequeños comercios y propietarios de tiendas online. Correos comerciales, anuncios de consultoras y mensajes que alertan de supuestas multas inminentes han contribuido a extender la idea de que cualquier pequeño negocio con una página web puede ser sancionado.
Pero la realidad es bastante más matizada.
La Ley 11/2023, que incorpora al ordenamiento español las obligaciones derivadas del Acta Europea de Accesibilidad, excluye expresamente de buena parte de estas exigencias a las microempresas prestadoras de servicios.
Eso significa que, con carácter general, los negocios con menos de 10 trabajadores y una facturación anual inferior a 2 millones de euros quedan exentos de las obligaciones de accesibilidad aplicables a servicios digitales.
El problema aparece por otra vía: aunque la Administración no les obligue directamente, Amazon, eBay, Zalando y otras grandes plataformas pueden exigir a sus vendedores y proveedores que cumplan estándares de accesibilidad para continuar trabajando con ellas.
La mayoría de pequeños autónomos no está obligada directamente
La normativa de accesibilidad digital comenzó a aplicarse el 28 de junio de 2025 y afecta a determinados productos y servicios ofrecidos al consumidor.
Entre los sectores incluidos se encuentran el comercio electrónico, la banca digital, las telecomunicaciones, determinados servicios de transporte y las plataformas audiovisuales.
Las webs y aplicaciones afectadas deben adaptarse a criterios destinados a facilitar su utilización por personas con discapacidades visuales, auditivas, motoras o cognitivas.
En la práctica, estos requisitos se apoyan en estándares técnicos como las WCAG 2.1 nivel AA, utilizadas como referencia para evaluar la accesibilidad digital.
Sin embargo, la propia legislación europea introduce una excepción especialmente relevante para los pequeños negocios.
Menos de 10 trabajadores y menos de 2 millones de facturación
La exención afecta a las denominadas microempresas prestadoras de servicios.
Para entrar en esta categoría deben cumplirse, con carácter general, dos condiciones: disponer de menos de 10 empleados y tener una facturación anual —o balance general anual, según el marco aplicable— que no supere los 2 millones de euros.
Por ello, el típico autónomo con una pequeña tienda online, un comercio familiar o un negocio digital de reducidas dimensiones no queda automáticamente sometido a las mismas obligaciones que una gran plataforma de comercio electrónico.
Esta circunstancia resulta especialmente importante ante la proliferación de campañas comerciales que presentan las nuevas reglas como si afectasen por igual a cualquier página web.
Cuidado con los mensajes que anuncian multas automáticas de 30 000 euros
Durante los últimos meses se han multiplicado los mensajes dirigidos a autónomos advirtiendo de multas de hasta 30 000 euros si no adaptan inmediatamente sus páginas.
La normativa sí contempla un régimen sancionador, pero eso no significa que cualquier microempresa vaya a ser sancionada por no modificar su web.
Las infracciones leves pueden alcanzar los 30 000 euros, mientras que las graves pueden llegar a 90 000 euros.
En los supuestos más graves, relacionados con incumplimientos sistemáticos y de especial impacto, las sanciones pueden alcanzar cantidades mucho mayores, incluso hasta 1 millón de euros en determinados casos.
Pero estas multas se aplican a los sujetos efectivamente obligados por la norma.
Por tanto, utilizar las sanciones máximas para asustar indiscriminadamente a pequeños autónomos exentos resulta, como mínimo, una presentación incompleta de la legislación.
Las inspecciones pueden iniciarse sin denuncia previa
Que exista una exención para buena parte de los autónomos no significa que la norma carezca de mecanismos de vigilancia.
Las comunidades autónomas deben designar las autoridades responsables de supervisar el mercado en materia de accesibilidad.
A escala estatal, la coordinación corresponde a la Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación (UTAC), vinculada a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
El modelo de supervisión permite que se realicen actuaciones de oficio, es decir, sin necesidad de que exista previamente una denuncia de un consumidor.
Para las empresas realmente sometidas a la normativa, esto implica que la accesibilidad debe tratarse como una obligación de cumplimiento permanente y no únicamente como una respuesta ante reclamaciones.
El Kit Digital introduce un matiz importante
Existe además una situación que puede afectar a pequeños negocios aunque estén exentos por tamaño.
Los autónomos y microempresas que hayan recibido financiación pública para digitalización, como ocurre con determinados proyectos realizados mediante el Kit Digital, pueden estar sujetos a compromisos específicos incluidos en las bases de esas ayudas.
En esos casos, la página financiada debía cumplir determinados criterios básicos de accesibilidad.
La responsabilidad técnica inicial puede recaer sobre el agente digitalizador contratado para desarrollar la web, dado que debía entregar una solución ajustada a las condiciones establecidas en el programa.
Por eso, un autónomo que haya recibido subvenciones públicas para su página debería revisar la documentación de la ayuda antes de asumir que la exención general resuelve automáticamente su situación.
Amazon, eBay o Zalando pueden imponer sus propias condiciones
Aquí aparece la principal paradoja para los pequeños vendedores.
Aunque una microempresa pueda estar legalmente exenta de cumplir directamente la normativa, una gran compañía que sí está sometida a ella puede exigir a sus proveedores que respeten determinados estándares.
Es lo que empieza a ocurrir en las cadenas de suministro digitales.
Grandes marketplaces como Amazon, eBay o Zalando pueden incorporar en sus contratos, políticas de vendedor o condiciones técnicas cláusulas relacionadas con la accesibilidad.
¿Por qué?
Porque estas compañías buscan reducir su propio riesgo regulatorio y garantizar que los productos, contenidos y servicios integrados en sus plataformas no comprometan su cumplimiento normativo.
El resultado es un efecto dominó: una obligación que la ley no impone directamente a la microempresa termina llegando hasta ella por la vía contractual.
Estar exento no significa poder ignorar las condiciones del marketplace
Esta distinción es fundamental.
Un autónomo puede estar exento de una obligación legal directa y, al mismo tiempo, verse obligado comercialmente a adaptarse si quiere seguir utilizando una plataforma privada.
Por ejemplo, un vendedor puede no tener que adaptar por ley toda su pequeña web, pero Amazon podría exigir que las fichas, imágenes, descripciones o contenidos que suministre dentro de su ecosistema cumplan determinados criterios de accesibilidad.
Lo mismo puede ocurrir con desarrolladores web, agencias, proveedores tecnológicos o empresas que trabajan para grandes corporaciones.
En estos casos, el incumplimiento podría no desencadenar una multa administrativa contra el autónomo, pero sí provocar problemas contractuales, pérdida de acceso a una plataforma o finalización de una relación comercial.
Una nueva carga indirecta para las microempresas
Este efecto plantea un debate relevante sobre la regulación europea.
Una de las finalidades de la exención para microempresas era precisamente evitar que los negocios más pequeños soportasen costes desproporcionados de adaptación.
Sin embargo, si las grandes compañías trasladan de forma generalizada sus obligaciones hacia proveedores y subcontratistas, parte de esa carga acaba regresando indirectamente a los autónomos.
Para un gran grupo empresarial, contratar una auditoría especializada de accesibilidad puede representar un coste asumible.
Para un pequeño comercio online, en cambio, una adaptación completa puede convertirse en una inversión considerable.
El reto será evitar que la nueva regulación se convierta en otro obstáculo burocrático para pequeñas empresas que legalmente deberían estar protegidas por la exención.
Qué problemas de accesibilidad son más habituales
Para quienes quieran revisar voluntariamente su web, existen herramientas gratuitas que permiten realizar una primera aproximación.
Entre las más conocidas se encuentran WAVE, desarrollada por WebAIM, y Axe DevTools, además de las herramientas de análisis incluidas en navegadores como Chrome y Firefox.
Estas soluciones pueden detectar problemas habituales como:
- Imágenes sin texto alternativo.
- Contraste insuficiente entre texto y fondo.
- Formularios sin etiquetas correctamente asociadas.
- Mala utilización de encabezados.
- Elementos difíciles de utilizar únicamente con teclado.
No obstante, una herramienta automática no equivale a una auditoría completa.
Los análisis automatizados suelen detectar únicamente una parte de los problemas reales, ya que algunos aspectos requieren comprobar manualmente la experiencia de navegación.
Cuidado con los «plugins milagro»
Otro de los riesgos derivados de la preocupación empresarial es la proliferación de productos que prometen hacer accesible cualquier web mediante un simple complemento automático.
Los especialistas en accesibilidad llevan tiempo advirtiendo de que estas soluciones no siempre solucionan los problemas estructurales de una página.
Un botón que permite cambiar colores, aumentar el tamaño del texto o activar determinadas ayudas no sustituye necesariamente una programación accesible desde el origen.
Por ello, antes de gastar dinero, los autónomos deberían comprobar tres cosas: si realmente están obligados por la norma, qué requisitos concretos les exige su marketplace o cliente y qué deficiencias reales tiene su web.
Qué debería hacer ahora un autónomo con un ecommerce
Para la mayoría de pequeños negocios, la prioridad no debería ser contratar apresuradamente una solución por miedo a una sanción.
Lo recomendable es revisar primero el tamaño de la empresa y si entra en la exención legal para microempresas, comprobar las condiciones contractuales de las plataformas donde vende y verificar si recibió ayudas públicas que incluyan requisitos específicos.
Después puede realizarse un análisis técnico básico de la página y corregir los problemas más evidentes.
La accesibilidad, además, no tiene únicamente una dimensión jurídica.
Una web más fácil de utilizar puede abrir el negocio a más clientes, mejorar la experiencia de navegación y reducir abandonos durante el proceso de compra.
La letra pequeña que los autónomos deben conocer
La conclusión es bastante más sencilla de lo que sugieren algunos mensajes alarmistas: la mayoría de los autónomos y microempresas no está directamente obligada por la nueva normativa de accesibilidad digital si cumple los requisitos de exención.
Eso tampoco significa que pueda olvidarse completamente del asunto.
Amazon, eBay, Zalando y otras grandes plataformas pueden trasladar sus exigencias a quienes venden o prestan servicios dentro de sus ecosistemas, convirtiendo la accesibilidad en una condición comercial aunque no sea una obligación legal directa para el pequeño negocio.
Por eso, antes de asumir costes o contratar servicios, conviene diferenciar claramente entre obligación legal, requisito contractual y mejora voluntaria de la web.
En un entorno cada vez más regulado, conocer esa diferencia puede evitar tanto una sanción real como algo mucho más frecuente: pagar por miedo para solucionar una obligación que el autónomo quizá ni siquiera tenía.
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