La Comisión Europea reclama una solución «urgente» y el regreso rápido a Marruecos de quienes no tengan derecho a permanecer. El Parlamento Europeo prepara para este jueves una resolución sobre la crisis mientras los partidos españoles mantienen posiciones enfrentadas.
La crisis migratoria de Ceuta ha llegado definitivamente al corazón de las instituciones europeas. El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, reclamó en Estrasburgo acelerar las devoluciones a Marruecos de las personas que entraron irregularmente y carezcan de derecho a permanecer, mientras PSOE, PP y Vox protagonizaron un duro enfrentamiento sobre la respuesta española y la responsabilidad de Rabat.
La posición expresada por la Comisión Europea fue inequívoca en materia de retornos: «Todas aquellas personas que hayan entrado ilegalmente y no tengan derecho a permanecer aquí deben regresar rápidamente a Marruecos», afirmó Brunner ante el Parlamento Europeo.
El comisario calificó los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio como una prueba «sin precedentes» para Ceuta y expresó el respeto y solidaridad de Bruselas hacia los ceutíes. También dejó claro que la frontera de Ceuta es una frontera exterior de la Unión Europea y que la Comisión apoyará a España en su protección.
El debate se produce además a apenas unas horas de una votación especialmente delicada. El expediente oficial del Parlamento Europeo confirma que el 17 de septiembre está programada la votación de una resolución titulada Los recientes ataques híbridos y la instrumentalización de migrantes en Ceuta y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE.
La Comisión Europea pide devoluciones «rápidas» a Marruecos
Magnus Brunner colocó las devoluciones en el centro de la estrategia europea.
La Comisión considera que debe determinarse quién tiene derecho a permanecer en territorio español y quién debe regresar a Marruecos conforme a la legislación aplicable.
«Nuestra prioridad es clara», señaló el comisario antes de reclamar el retorno rápido de quienes no dispongan de derecho de permanencia.
La posición de Bruselas coincide, en este aspecto, con el objetivo que públicamente está defendiendo el propio Gobierno español.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, afirmó el pasado sábado que el Ejecutivo estaba habilitando nuevos espacios en Ceuta para incrementar los procesos de identificación y análisis y poder repatriar a Marruecos a quienes no tengan derecho a protección internacional.
«El objetivo es avanzar en las devoluciones de todas aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en nuestro país, acorde a la ley», declaró Torres.
Por tanto, sería incorrecto presentar el debate como si Bruselas exigiera devoluciones y el Gobierno español se opusiera a ellas. La discrepancia política se encuentra principalmente en la gestión de la crisis, el tratamiento de los menores, las responsabilidades por lo ocurrido y el papel atribuido a Marruecos.
Más de 5 300 personas ya habían regresado a Marruecos
Las devoluciones tampoco parten de cero.
El Gobierno informó el 13 de septiembre de que más de 5 300 migrantes habían regresado a Marruecos durante los días anteriores y alrededor de un centenar habían renunciado a solicitar asilo en España.
La magnitud de la crisis continúa siendo extraordinaria.
Brunner habló ante el Parlamento Europeo de la entrada masiva de más de 80 000 personas durante los acontecimientos de finales de julio y recordó que la mayoría regresó a Marruecos en cuestión de horas. También destacó que no se produjo entonces una entrada desde Ceuta hacia el resto del espacio Schengen.
Todavía permanecen, sin embargo, miles de personas en Ceuta, entre ellas más de 2 000 menores no acompañados, según las cifras mencionadas por el comisario europeo.
La situación continúa sometiendo a una fuerte presión los recursos de una ciudad con una población habitual de unas decenas de miles de habitantes.
Bruselas elogia la «resistencia de los ceutíes»
Una parte especialmente significativa de la intervención de Brunner estuvo dedicada a los propios residentes.
El comisario quiso mostrar públicamente su «respeto y solidaridad» hacia los ceutíes por los retos afrontados desde finales de julio y calificó la situación como una «dura prueba».
Bruselas insiste además en que Ceuta no representa únicamente un problema español.
«Las fronteras de Ceuta y, por supuesto, las de todos los Estados miembros son fronteras europeas», declaró Brunner.
Esta consideración convierte la gestión de Ceuta en una cuestión directamente relacionada con la política migratoria y de fronteras exteriores de toda la UE.
La Comisión también ha abordado con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, el refuerzo de los controles fronterizos, la asistencia económica de emergencia y la cooperación con Marruecos para el retorno de personas en situación irregular.
El PSOE pone el foco en los derechos de los migrantes
La intervención de la socialista Iratxe García, presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, puso el énfasis en otra dimensión de la crisis: el respeto de los derechos fundamentales durante las expulsiones y la acogida.
Según la información publicada sobre el debate, García rechazó los discursos que califican indiscriminadamente a quienes llegaron a Ceuta como «invasores» y acusó a PP y Vox de fomentar planteamientos xenófobos.
La dirigente socialista defendió que cualquier devolución debe cumplir la Ley de Extranjería, la normativa sobre protección de menores y el derecho europeo e internacional.
Su mensaje político se resumió en una defensa de la convivencia frente a lo que considera discursos basados en el miedo.
«Frente al odio y el miedo, la sociedad ceutí nos ha demostrado, con sus valores, la convivencia y la paz», afirmó durante el debate, según recoge la información de origen.
Iratxe García también rechazó vincular la crisis de Ceuta con la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno español. EuroEFE confirma que para los socialdemócratas esa vinculación constituye una «línea roja» en la negociación de la resolución parlamentaria.
El PP endurece su discurso contra Marruecos y el Gobierno
El Partido Popular Europeo llega a la negociación con una posición diferente.
Su propuesta reclama que Marruecos cumpla sus compromisos en materia de control fronterizo y cooperación migratoria y sostiene que la relación entre Bruselas y Rabat debe basarse en el respeto a la integridad territorial de los Estados miembros.
El borrador del PPE también introduce una cuestión polémica para el Gobierno español: las consecuencias europeas de las políticas nacionales de regularización.
Los populares consideran que decisiones de esa naturaleza deben valorar su posible impacto sobre otros Estados miembros y el espacio Schengen.
Los eurodiputados españoles del PP fueron todavía más duros políticamente durante el debate.
Dolors Montserrat, Alma Ezcurra y Javier Zarzalejos dirigieron sus críticas tanto hacia Marruecos como hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Montserrat llegó a responsabilizar políticamente a Sánchez de la gestión de la crisis y cuestionó el silencio que, a juicio del PP, el Gobierno ha mantenido frente a Rabat.
Son acusaciones políticas del Partido Popular, no conclusiones institucionales de la UE.
Vox pide suspender acuerdos y pagos a Marruecos
La posición más dura frente a Rabat procede de Vox y del grupo Patriotas por Europa.
Su eurodiputado Jorge Buxadé ha planteado suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos y paralizar determinados pagos al país norteafricano.
EuroEFE recoge que Buxadé reclamó una política diplomática «muy seria» con Rabat después de los acontecimientos de Ceuta.
Esta propuesta va considerablemente más lejos que la posición expresada hasta ahora por la Comisión Europea, que sigue considerando fundamental la cooperación con Marruecos para controlar los flujos y ejecutar retornos.
¿Está Europa acusando oficialmente a Marruecos?
Aquí conviene introducir una distinción esencial.
Existen grupos parlamentarios que atribuyen responsabilidades políticas a Rabat e incluso el procedimiento parlamentario utiliza oficialmente la expresión «instrumentalización de migrantes» en su título.
Eso no significa que la Comisión Europea haya concluido públicamente que el Gobierno marroquí organizó deliberadamente la entrada masiva.
De hecho, Brunner reconoció en su intervención la cooperación de Marruecos para conseguir que buena parte de las personas que habían entrado irregularmente regresaran rápidamente.
La resolución que votará el Parlamento Europeo será precisamente importante para conocer hasta dónde está dispuesta a llegar la Eurocámara al valorar políticamente el papel marroquí.
Los menores se convierten en uno de los problemas más complejos
Las devoluciones son especialmente delicadas cuando afectan a menores.
La afirmación genérica de que la legislación europea permite devolver automáticamente a todos los menores que llegaron a Ceuta necesita matices jurídicos importantes.
Los menores no acompañados cuentan con garantías específicas y cualquier retorno debe respetar las normas aplicables, incluida la evaluación individual y el interés superior del menor.
Además, España se enfrenta a un problema práctico.
El Ministerio de Juventud e Infancia afirma que, antes de esta crisis, había planteado desde 2021 unos 600 expedientes relacionados con menores y Marruecos no había respondido a ninguno.
Esto explica por qué la situación de los menores no puede resolverse simplemente mediante una devolución colectiva e inmediata.
La crisis de Ceuta ya afecta al espacio Schengen
Las consecuencias han trascendido incluso la frontera española.
La información oficial de la Comisión Europea refleja que Italia reintrodujo temporalmente controles en sus fronteras aéreas y marítimas con España debido a los acontecimientos de Ceuta y al riesgo de movimientos secundarios de nacionales de terceros países dentro del espacio Schengen. España adoptó igualmente controles temporales respecto a Italia.
Ese dato demuestra por qué Bruselas considera que lo ocurrido no puede reducirse a una cuestión local.
Ceuta constituye una frontera exterior de la UE y cualquier crisis de gran magnitud puede generar consecuencias para otros países europeos.
La Eurocámara vota este jueves
La batalla política tendrá este jueves 17 de septiembre su siguiente episodio.
El Parlamento Europeo tiene programada la votación de su resolución sobre los acontecimientos de Ceuta.
Hasta entonces, populares, socialistas, liberales y otros grupos intentarán negociar un texto común.
Los principales puntos de fricción son claros: cómo describir la responsabilidad de Marruecos, qué valoración hacer de la política migratoria española, cómo proteger la frontera europea y qué respuesta debe darse a las miles de personas que todavía permanecen en Ceuta.
Mientras el Parlamento negocia, la Comisión Europea ha dejado una posición concreta sobre uno de esos asuntos: quienes hayan entrado irregularmente y no tengan derecho legal a permanecer deben regresar rápidamente a Marruecos.
Pero Bruselas acompaña esa exigencia de otras dos condiciones: respeto de las garantías legales y cooperación con Rabat.
La discusión europea ya no gira únicamente alrededor de Ceuta. Lo que está en juego es cómo debe responder la Unión Europea cuando una de sus fronteras exteriores sufre una entrada masiva y hasta dónde puede llegar la cooperación con un vecino tan estratégico —y controvertido— como Marruecos.
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