La Comisión Europea confirma que la posibilidad de recurrir a los activos soberanos rusos inmovilizados continúa «sobre la mesa». La UE ya utiliza los beneficios extraordinarios generados por esos fondos, pero apropiarse del principal plantea obstáculos jurídicos, financieros y políticos mucho mayores.
Bruselas mantiene abierta la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados para financiar a Ucrania. La Comisión Europea ha confirmado que la opción nunca fue descartada definitivamente, pese a que a finales de 2025 los Estados miembros no reunieron el apoyo necesario para avanzar con la propuesta.
La confirmación procede de la propia Comisión Europea. Durante su rueda de prensa del 11 de septiembre, el portavoz comunitario Balazs Ujvari recordó que la posibilidad de hacer un mayor uso de los activos rusos «nunca» fue retirada de la agenda.
La precisión es importante: la UE ya emplea los rendimientos extraordinarios generados por activos soberanos rusos inmovilizados para apoyar a Kiev. Lo que continúa provocando divisiones es avanzar mucho más allá y encontrar una fórmula jurídicamente sostenible que permita aprovechar el propio capital ruso.
Bruselas confirma que los activos rusos siguen «sobre la mesa»
La Comisión fue interrogada directamente sobre si estaba dispuesta a recuperar una propuesta para utilizar los activos rusos inmovilizados.
La respuesta comunitaria fue inequívoca.
«Nunca dijimos que estuviera fuera de la mesa», señaló Bruselas, que considera que continúa siendo una herramienta potencial para responder a las necesidades financieras ucranianas.
No significa, sin embargo, que exista ya una nueva propuesta legislativa preparada para ser aprobada.
La prioridad inmediata de la Comisión es determinar cuánto dinero adicional necesitará Ucrania y ejecutar los compromisos financieros que la Unión Europea ya ha adquirido.
Bruselas está manteniendo conversaciones con Kiev y el Fondo Monetario Internacional para evaluar la evolución de las cuentas ucranianas antes de plantear nuevos instrumentos financieros.
La UE ya utiliza los beneficios de los activos rusos
Conviene distinguir dos conceptos que frecuentemente aparecen mezclados en el debate político.
Una cosa es utilizar los beneficios extraordinarios generados por los activos rusos inmovilizados y otra muy distinta confiscar o transferir el capital original.
La primera vía ya está funcionando.
La Comisión Europea señala oficialmente que la UE y sus Estados miembros han proporcionado más de 220 000 millones de euros de apoyo a Ucrania y a los ucranianos desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, de los cuales 3 800 millones proceden de los rendimientos de activos rusos inmovilizados.
Además, esos ingresos extraordinarios sirven para respaldar mecanismos de financiación creados junto al G7.
El modelo permite que los beneficios generados por los activos del Banco Central ruso inmovilizados contribuyan a devolver préstamos concedidos a Ucrania.
Por tanto, Europa ya obtiene financiación relacionada con esos activos sin haberse apropiado directamente de todo el principal.
El gran salto sería tocar directamente el capital ruso
Ahí se encuentra el verdadero conflicto.
Utilizar los rendimientos resulta jurídicamente diferente de disponer directamente de los activos soberanos rusos.
Las sanciones han permitido inmovilizarlos, pero congelar un activo no equivale automáticamente a adquirir su propiedad.
Una confiscación o mecanismo equivalente plantea interrogantes sobre inmunidad soberana, protección de activos de bancos centrales, estabilidad financiera y posibles litigios.
También existe preocupación por las consecuencias que una decisión de esta naturaleza podría tener sobre la confianza internacional en las infraestructuras financieras europeas.
Por eso el debate lleva años avanzando con mucha mayor cautela de lo que reclaman los sectores partidarios de utilizar directamente el dinero ruso para financiar la defensa y reconstrucción de Ucrania.
En diciembre no hubo suficiente apoyo entre los Estados
La Comisión ha confirmado también por qué la iniciativa no avanzó anteriormente.
En el debate mantenido a finales de 2025 no existía apoyo suficiente en el Consejo para sacar adelante la propuesta.
Bruselas explicó esta misma semana que el Consejo Europeo había pedido continuar estudiando sus dimensiones jurídicas y técnicas, por lo que el asunto permaneció formalmente en la agenda aunque no pudiera aprobarse.
La diferencia es relevante.
La propuesta no quedó enterrada definitivamente. Quedó bloqueada políticamente mientras continuaban los trabajos técnicos.
Ahora varios Estados miembros quieren recuperar la discusión ante las crecientes necesidades financieras de Kiev.
España presiona para volver a estudiar la fórmula
Entre los países que han defendido reabrir la discusión se encuentra España.
El debate coloca a los gobiernos europeos ante una decisión con importantes consecuencias presupuestarias.
Si Ucrania necesita más financiación y los aliados occidentales quieren mantener el apoyo militar y económico, existen básicamente diferentes posibilidades: incrementar las aportaciones de los presupuestos nacionales y comunitarios, recurrir a nueva deuda o buscar fórmulas para utilizar en mayor medida los recursos rusos inmovilizados.
Esta última opción presenta un atractivo político evidente para sus defensores: trasladar una mayor parte del coste de la guerra y la reconstrucción al Estado agresor en lugar de cargarla exclusivamente sobre los contribuyentes occidentales.
Pero su atractivo político no elimina las dificultades legales.
Ucrania plantea mover la custodia de los activos
Kiev también está presionando para encontrar nuevas fórmulas.
La Comisión confirmó el 7 de septiembre que las autoridades ucranianas habían planteado una propuesta relacionada con la custodia de los activos actualmente concentrados principalmente en Bélgica.
Bruselas reconoció que Ucrania había puesto la cuestión sobre la mesa, aunque evitó anticipar que exista un acuerdo europeo para aplicar ese mecanismo.
La referencia a Bélgica es especialmente importante por el papel de Euroclear, donde se encuentra inmovilizada una parte muy significativa de los activos soberanos rusos afectados por las sanciones europeas.
Precisamente por esa concentración, Bélgica ha tenido un papel particularmente sensible en las discusiones sobre riesgos jurídicos y financieros.
Bruselas tiene primero 45 000 millones que ejecutar en 2026
La Comisión intenta enfriar, al menos parcialmente, las expectativas de una decisión inmediata.
Su prioridad actual es ejecutar los 45 000 millones de euros previstos para Ucrania durante 2026 dentro del préstamo europeo de 90 000 millones para 2026 y 2027.
La documentación oficial de la Comisión establece que este año pueden movilizarse hasta 16 700 millones en apoyo presupuestario y 28 300 millones para capacidades industriales de defensa ucranianas.
El 11 de septiembre, Bruselas anunció además 6 100 millones de euros adicionales para defensa aérea y antimisiles, munición, drones y guerra electrónica, completando la asignación de los 28 300 millones previstos para la vertiente de defensa de 2026.
Asignar el dinero, sin embargo, no significa haberlo desembolsado completamente.
La Comisión reconoce que todavía existe una diferencia importante entre los fondos comprometidos y los efectivamente transferidos.
El dinero ruso abre un debate incómodo para Europa
El argumento favorable a utilizar esos recursos resulta sencillo: Rusia inició la invasión a gran escala de Ucrania y debería asumir una parte sustancial de los costes derivados de la destrucción.
La posición oficial de la UE continúa siendo que Moscú debe responder por las consecuencias de la guerra y que Ucrania debe recibir apoyo financiero, económico y militar mientras dure el conflicto. El Consejo Europeo reiteró en junio su respaldo a la independencia, soberanía e integridad territorial ucranianas dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.
El problema aparece cuando esa posición política debe convertirse en un mecanismo jurídico capaz de resistir ante los tribunales y no provocar consecuencias indeseadas para el sistema financiero europeo.
Europa tiene además que valorar un precedente de enorme importancia: qué ocurre con los activos soberanos depositados en jurisdicciones europeas cuando su propietario es objeto de sanciones internacionales.
Congelar no significa confiscar
Esta es probablemente la clave para comprender la polémica.
Los términos «congelado», «inmovilizado» y «confiscado» no son equivalentes.
Cuando un activo está congelado, su propietario no puede disponer libremente de él, pero eso no implica necesariamente que haya dejado de ser jurídicamente suyo.
Una confiscación supone un paso mucho más profundo.
De ahí que Bruselas haya construido inicialmente mecanismos alrededor de los ingresos extraordinarios generados por esos activos, en lugar de transferir directamente todo el capital a Ucrania.
Ese modelo ha permitido obtener recursos mientras la discusión sobre el principal continúa abierta.
La factura de Ucrania mantiene la presión sobre los Veintisiete
La guerra continúa obligando a Europa a movilizar cantidades extraordinarias.
Según las cifras actualizadas de la Comisión, la UE y sus Estados miembros han proporcionado ya más de 220 000 millones de euros de apoyo a Ucrania y a los ucranianos desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala.
Y las necesidades no han terminado.
La propia Comisión admite que necesita analizar junto a Kiev y al FMI si está apareciendo una nueva brecha de financiación.
Si esa necesidad adicional se confirma, el debate sobre los activos rusos ganará inevitablemente intensidad.
Bruselas mantiene abierta una decisión de enorme alcance
Por ahora, la noticia no es que la Unión Europea haya decidido confiscar los activos rusos. No lo ha hecho.
La novedad es que Bruselas confirma oficialmente que la posibilidad de hacer un mayor uso de ellos sigue viva y que nunca fue retirada completamente de la agenda europea.
La Comisión quiere primero conocer las necesidades financieras reales de Ucrania y cumplir los desembolsos ya comprometidos. Después llegará la discusión sobre las herramientas adicionales.
Y ahí regresará una de las preguntas más controvertidas de la guerra: si Europa debe continuar financiando fundamentalmente a Kiev mediante recursos propios y deuda o avanzar hacia un modelo en el que una parte mucho mayor de los activos soberanos rusos inmovilizados termine pagando la factura ucraniana.
La discusión está lejos de cerrarse. Bruselas acaba de dejar claro que, pese al bloqueo político de diciembre, los activos rusos continúan sobre la mesa
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