La Fiscalía pedirá más de seis años de prisión y el supermercado reclama 10 años para la empleada, acusada de apropiarse presuntamente de 333.800 euros durante dos años.
Una cajera de un supermercado de Cantabria se sentará en el banquillo el próximo 12 de enero de 2027 acusada de apropiarse presuntamente de 333.800 euros de la recaudación del establecimiento durante un periodo de dos años.
Según el escrito de acusación, la empleada habría utilizado el mismo procedimiento en 1.160 ocasiones: cuando un cliente pagaba en efectivo una compra inferior a 400 euros, desconectaba el terminal de punto de venta para impedir que la operación quedara registrada correctamente en el sistema.
La maniobra fue descubierta después de que la responsable de aplicaciones informáticas del supermercado detectara varios tiques abiertos y encontrara un patrón que se repetía en las operaciones asociadas a las credenciales de la trabajadora.
El método que habría utilizado durante dos años
El supermercado disponía de dos líneas de caja. En una se generaba el albarán correspondiente a los productos adquiridos y en la segunda se efectuaba el pago.
Según la acusación de la Fiscalía, la empleada aprovechaba precisamente esa segunda fase.
Cuando un cliente abonaba en efectivo una cantidad inferior a 400 euros, la acusada habría desconectado de la corriente el terminal de punto de venta. De esta forma, el tique no quedaba almacenado en el sistema y, según sostiene el Ministerio Público, la trabajadora podía apropiarse del dinero.
La investigación sostiene que el procedimiento no fue utilizado de manera puntual. La misma operación se habría repetido 1.160 veces durante dos años.
La pista apareció en los registros informáticos
El caso comenzó a destaparse cuando la responsable de aplicaciones informáticas del establecimiento revisó diferentes incidencias.
Durante el análisis detectó que algunos tiques habían quedado abiertos. Al ampliar la revisión a un periodo más prolongado, apareció un patrón.
Las operaciones se concentraban especialmente a primera y última hora, y estaban asociadas a las credenciales de la acusada, que permitían identificar qué empleado había realizado cada operación.
La información llevó a la empresa a establecer un seguimiento específico sobre la trabajadora.
Las cámaras confirmaron las sospechas
El supermercado realizó durante dos días un seguimiento de la empleada y recurrió a las cámaras de seguridad para comprobar qué estaba ocurriendo.
Según las acusaciones, las imágenes permitieron confirmar el procedimiento investigado.
La trabajadora fue despedida posteriormente. Ese día, según consta en las informaciones sobre el procedimiento, llevaba 845 euros en uno de sus bolsillos.
El caso pasó entonces al ámbito judicial para determinar el alcance de la presunta apropiación y la responsabilidad penal de la acusada.
La Fiscalía eleva su petición a seis años y tres meses
La situación procesal ha experimentado un cambio importante después de la audiencia preliminar celebrada el 1 de octubre.
La Fiscalía ha anunciado que modificará su escrito provisional y elevará su petición de pena hasta seis años y tres meses de prisión, al incorporar la circunstancia agravante relacionada con la elevada cuantía de la presunta apropiación.
Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita una multa de 4.500 euros y que la acusada indemnice al supermercado con 333.800 euros, cantidad que corresponde al dinero que, según la acusación, habría sido sustraído.
La calificación jurídica corresponde a un delito continuado de apropiación indebida agravada, según el planteamiento de la Fiscalía.
El supermercado reclama 10 años de prisión
El establecimiento, que ejerce como acusación particular, mantiene una petición de pena considerablemente superior.
El supermercado reclama 10 años de prisión, además de una multa de 288.000 euros.
En materia de responsabilidad civil, la empresa solicita una indemnización de 331.750 euros. La cantidad es inferior a los 333.800 euros que atribuye a la presunta apropiación porque, según consta en el procedimiento, la acusada habría devuelto 2.000 euros pocos días después de su despido.
Las diferentes peticiones deberán ser valoradas durante el procedimiento judicial.
El juicio será en enero de 2027
La audiencia preliminar celebrada el 1 de octubre terminó sin acuerdo entre las partes.
Como consecuencia, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha señalado el juicio oral para el 12 de enero de 2027 a las 10:00 horas.
Será entonces cuando el tribunal examine las pruebas y las versiones de las partes y determine si la acusada es culpable o inocente de los hechos que se le atribuyen.
Hasta que exista una sentencia firme, la acusada mantiene su presunción de inocencia.
La defensa anuncia que alegará una posible alteración psíquica
Durante la audiencia preliminar, la defensa avanzó que planteará una posible alteración psíquica de la acusada como circunstancia a valorar en el procedimiento.
Esta cuestión deberá ser examinada y acreditada mediante las pruebas que se incorporen al juicio. No supone por sí misma una conclusión sobre la responsabilidad de la procesada.
El tribunal tendrá que valorar conjuntamente las pruebas aportadas por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa.
Más de 330.000 euros bajo investigación
La dimensión económica del caso constituye uno de los elementos centrales del procedimiento.
La Fiscalía cifra en 333.800 euros la cantidad presuntamente apropiada durante los dos años investigados. El número de operaciones atribuidas a la acusada asciende a 1.160, lo que muestra la reiteración del método que se le imputa.
El caso no se limita, por tanto, a una única desaparición de efectivo, sino a una sucesión de operaciones que, según la acusación, habrían quedado fuera del registro ordinario del sistema de caja.
La investigación informática fue determinante para detectar las anomalías y localizar el patrón asociado a las credenciales de la trabajadora.
Una acusación que todavía debe ser probada en juicio
La historia tiene ya una fecha clave: 12 de enero de 2027.
Ese día, la Audiencia Provincial de Cantabria deberá analizar las pruebas sobre las 1.160 operaciones, la cantidad de 333.800 euros que se atribuye a la acusada y el funcionamiento del sistema utilizado presuntamente para ocultar las operaciones.
La Fiscalía solicitará seis años y tres meses de prisión, mientras que el supermercado reclama 10 años. También existen diferencias en las cantidades solicitadas en concepto de multa e indemnización.
La decisión final corresponderá exclusivamente al tribunal, que deberá determinar qué hechos quedan acreditados y cuáles son las consecuencias penales y civiles que procedan.
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