Fuentes del caso citadas por Libertad Digital sostienen que el entorno de la trama investigada en la Audiencia Nacional recurrió a Los Rochos después de que la juez Beatriz Biedma rechazara en 2019 un habeas corpus solicitado por un miembro del clan. La UCO investiga ahora esos contactos y el supuesto intento de intimidación a la magistrada.
La investigación sobre las presuntas maniobras contra la juez Beatriz Biedma, instructora del procedimiento que afectó al hermano de Pedro Sánchez, incorpora un nuevo elemento: los supuestos contactos entre personas vinculadas a la trama investigada por el juez Santiago Pedraz y el clan de Los Rochos, asentado en Badajoz.
Según fuentes del caso citadas por Libertad Digital, el contacto con Cintia Rocho, conocida como «La Celsa», habría estado relacionado con una decisión adoptada por Biedma años antes: en noviembre de 2019, la magistrada rechazó el procedimiento de habeas corpus solicitado por Jesús Sebastián Rocho Leal tras su detención.
La relevancia de este antecedente ha aumentado porque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si personas relacionadas con la denominada trama de Leire Díez buscaron información sobre Biedma y trataron de conseguir que terceras personas ejercieran presión sobre ella.
El antecedente de 2019: el habeas corpus rechazado por Biedma
Jesús Sebastián Rocho Leal fue detenido por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y posteriormente solicitó un procedimiento de habeas corpus.
La petición fue rechazada por Biedma. El afectado recurrió entonces ante el Tribunal Constitucional, que en marzo de 2021 estimó su recurso, anuló la resolución de la magistrada y declaró vulnerado su derecho fundamental a la libertad personal.
Ese pronunciamiento constitucional aparece ahora como uno de los antecedentes utilizados para cuestionar públicamente la actuación profesional de Biedma.
Según Libertad Digital, el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada habría utilizado posteriormente aquella resolución para difundir contenidos contra la juez a través del canal de YouTube Magistrado Anticorrupción TV. La investigación judicial trata de determinar si esa campaña formaba parte de una actuación coordinada contra la magistrada.
La existencia de la resolución del Tribunal Constitucional y su contenido son hechos distintos de la interpretación posterior que determinados implicados hayan realizado sobre ella.
La UCO investiga los contactos con Los Rochos
El asunto adquirió especial relevancia durante septiembre de 2026, cuando trascendieron informaciones sobre los contactos que habría mantenido el entorno de la trama con Cintia Rocho.
The Objective informó de que la UCO dispone de grabaciones relacionadas con conversaciones entre personas vinculadas a la trama y miembros de Los Rochos. Según esa información, durante esos contactos se habría facilitado información privada sobre Biedma, incluyendo datos relativos a su domicilio, vehículo, gimnasio y fotografías.
Cintia Rocho declaró posteriormente públicamente que recibió información sobre la magistrada y que rechazó participar en cualquier actuación contra ella. La UCO se desplazó a Badajoz para tomarle declaración y contrastar sus manifestaciones.
Este punto resulta especialmente relevante porque transforma una acusación inicialmente basada en declaraciones y documentos aportados a la causa en una línea de investigación policial que busca comprobar quién contactó con quién, qué información se transmitió y con qué finalidad.
La anotación de la agenda de Leire Díez
Otro elemento incorporado a la investigación es una anotación atribuida a la agenda de Leire Díez, correspondiente al 25 de marzo de 2025.
En ella aparecen referencias a la «jueza de Badajoz» y a «La Celsa». La magistrada Biedma considera que la anotación puede estar relacionada con los contactos que posteriormente se habrían producido con Cintia Rocho.
La fecha también ha despertado interés investigador porque se produjo después de movimientos destinados a apartar a Biedma de determinados procedimientos.
No obstante, la existencia de una anotación no demuestra por sí sola el propósito criminal que pudiera existir detrás de ella. Ese extremo debe determinarse mediante el resto de las pruebas incorporadas a las diligencias.
Una investigación que coincide con la causa del hermano de Sánchez
Biedma adquirió una especial relevancia política y judicial al dirigir el procedimiento relacionado con David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno.
La magistrada terminó personándose como perjudicada en la investigación que dirige Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional sobre las presuntas actuaciones desarrolladas contra ella.
En septiembre, Biedma aportó a la causa documentación sobre una campaña de descrédito que, según sostiene, habría sido organizada para perjudicarla profesionalmente y conseguir que abandonara el procedimiento.
La magistrada entregó además alrededor de 90 vídeos difundidos en el canal Magistrado Anticorrupción TV. Algunos de esos contenidos incluían acusaciones directas contra ella.
La Fiscalía Anticorrupción respaldó que Biedma fuera considerada perjudicada en la causa, aunque inicialmente circunscribió esa condición al delito de calumnias, según informó La Razón. La investigación deberá determinar si existen otros delitos relacionados con las actuaciones denunciadas.
El supuesto intento de apartar a Biedma
La investigación también ha examinado diferentes iniciativas destinadas a apartar a Biedma de las actuaciones judiciales que afectaban a David Sánchez.
Según informaciones publicadas por Artículo 14, el entorno de la trama habría estudiado que Sáenz de Tejada asumiera la defensa de David Sánchez con el objetivo de promover la recusación de la magistrada. Tras no prosperar esa vía, se habrían planteado otras alternativas.
La UCO ya había identificado a Biedma como uno de los objetivos de una estructura en la que, según sus investigaciones, aparecían Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Joaquín Parra y Luis José Sáenz de Tejada.
Los investigadores también localizaron un grupo de WhatsApp denominado «Vacaciones y viajes», creado en 2024, que habría servido para coordinar actuaciones relacionadas con la magistrada.
La conexión con los asesinatos de miembros de Los Rochos
La investigación adquiere mayor complejidad por los antecedentes violentos vinculados al clan de Los Rochos en Badajoz.
Jesús Rocho, padre de Cintia Rocho, fue asesinado a tiros el 30 de diciembre de 2024. Biedma era entonces la juez de guardia y asumió las primeras diligencias del procedimiento.
Meses después, un familiar de Jesús Rocho conocido como «El Tutu» también fue asesinado a tiros en un establecimiento de Badajoz mientras se encontraba con Cintia Rocho, según las informaciones publicadas sobre el caso.
La relación de Biedma con estas investigaciones explica por qué los investigadores consideran especialmente relevante determinar si hubo contactos entre quienes buscaban información sobre la magistrada y personas relacionadas con clanes investigados por delitos graves.
¿Qué ofrecieron presuntamente a Los Rochos?
En las últimas semanas han aparecido versiones diferentes sobre el contenido de los contactos.
El Español publicó que el entorno de la trama habría ofrecido al clan beneficios relacionados con procedimientos judiciales a cambio de actuar contra Biedma. Esa información fue atribuida a una fuente conocedora de las conversaciones.
Cintia Rocho confirmó posteriormente que había recibido propuestas y que le habían entregado información personal sobre la magistrada, aunque negó haber aceptado participar en una operación contra ella.
Por su parte, Libertad Digital sostiene, citando fuentes del caso, que el propósito habría sido buscar que Los Rochos se vengaran de Biedma por su actuación judicial contra uno de sus integrantes en 2019.
Estas versiones deberán ser contrastadas con las grabaciones, testimonios y demás pruebas que obran o puedan incorporarse a la causa.
Biedma comparecerá ante Santiago Pedraz el 8 de octubre
La magistrada está citada para declarar ante el juez Santiago Pedraz el 8 de octubre de 2026 en calidad de perjudicada.
Biedma ha anunciado que aportará información adicional y posibles testigos relacionados con los contactos que, según sostiene, se produjeron entre la trama y personas vinculadas a clanes de Badajoz.
La juez ha explicado que hasta ahora no había revelado determinadas identidades para proteger a esas personas de posibles presiones y evitar que sus declaraciones fueran conocidas antes de comparecer ante los investigadores.
La comparecencia puede resultar determinante para establecer si la investigación sobre los contactos con Los Rochos puede avanzar hacia nuevos delitos y responsables.
Una investigación que todavía tiene cuestiones abiertas
A fecha de 2 de octubre de 2026, existen varios elementos que deben distinguirse cuidadosamente:
- La UCO investiga los contactos entre personas relacionadas con la trama y Cintia Rocho.
- Existen informaciones periodísticas sobre grabaciones y datos personales de Biedma que habrían sido facilitados durante esos contactos.
- Cintia Rocho ha reconocido públicamente haber sido contactada y haber recibido información sobre la magistrada, pero sostiene que rechazó participar.
- Biedma ha aportado alrededor de 90 vídeos que considera parte de una campaña contra ella.
- La magistrada declarará ante Pedraz el 8 de octubre y ha anunciado que aportará nuevos elementos.
- El alcance penal definitivo de estos hechos todavía no está establecido judicialmente.
El elemento más delicado de la investigación será determinar si existió una cadena organizada que conectara la campaña de descrédito contra Biedma con el intento de obtener colaboración de personas ajenas a esa estructura.
La cuestión de fondo: presión sobre una juez durante una investigación judicial
El caso plantea una cuestión institucional que trasciende las disputas entre partidos: qué ocurrió realmente alrededor de una magistrada que dirigía investigaciones sensibles y quién ordenó, promovió o facilitó las actuaciones dirigidas contra ella.
La documentación conocida hasta ahora apunta a diferentes líneas de actuación: denuncias, campañas públicas, intentos de recusación, recopilación de información personal y contactos con terceros.
Pero la atribución de responsabilidades deberá establecerse mediante pruebas judiciales, no únicamente mediante declaraciones de las partes o informaciones periodísticas.
La comparecencia de Biedma ante Pedraz y el análisis de las diligencias de la UCO serán claves para aclarar si todos estos episodios formaban parte de una misma estrategia y cuál era exactamente su objetivo.
La investigación sobre la juez Biedma entra así en una fase decisiva. El antecedente del habeas corpus de 2019, los contactos con Los Rochos, las informaciones personales recopiladas y la campaña pública contra la magistrada forman ahora parte de una causa cuya instrucción tendrá que determinar qué hechos pueden ser acreditados y quién responde por ellos.
Chollones
Chollones
Chollones