La entrada masiva de julio dejó miles de migrantes en la ciudad y una presión sobre los servicios públicos que el propio Gobierno ha elevado a cuestión de Seguridad Nacional.
Ceuta llega a las elecciones generales del 29 de noviembre con una crisis que todavía no está resuelta. La ciudad continúa soportando las consecuencias de la entrada masiva registrada a finales de julio, mientras las administraciones intentan descongestionar los recursos de acogida y completar la identificación de quienes permanecen en territorio español.
La situación es suficientemente excepcional como para que el Gobierno declarase el pasado agosto la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta. El Real Decreto 681/2026 reconoce oficialmente que la llegada masiva de personas migrantes había superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana de la ciudad autónoma.
Y mientras comienza una nueva fase del desalojo del asentamiento de la playa del Trampolín, la convocatoria electoral anunciada este lunes por Pedro Sánchez introduce un elemento político adicional: la gestión de la crisis de Ceuta queda inevitablemente incorporada al debate electoral nacional.
La crisis de Ceuta sigue abierta antes de las elecciones
El problema no desapareció después de que disminuyera la llegada masiva de personas.
Según el Real Decreto publicado en el BOE, la entrada simultánea registrada el 30 de julio de 2026 provocó una presión extraordinaria sobre el control fronterizo, la identificación, la atención humanitaria y los sistemas de acogida. El Gobierno reconoció que la situación estaba afectando al funcionamiento ordinario de los servicios públicos.
La norma establece que la declaración de interés para la Seguridad Nacional se mantendrá, salvo modificación o finalización anticipada, hasta el 31 de diciembre de 2026.
Es decir, cuando los españoles acudan a las urnas el 29 de noviembre, la declaración seguirá formalmente vigente.
La circunstancia tiene especial importancia porque demuestra que la crisis no puede reducirse exclusivamente a una cuestión de inmigración irregular. El propio Estado la ha situado dentro de un marco que incluye seguridad, frontera, servicios públicos y coordinación entre administraciones.
Más de 3 000 personas llegaron a concentrarse en El Trampolín
Uno de los ejemplos más visibles del colapso ha sido el asentamiento levantado en la playa del Trampolín.
Durante semanas, más de 3 000 personas llegaron a permanecer en este enclave costero en tiendas, construcciones improvisadas y condiciones precarias. El asentamiento apareció después de la entrada masiva registrada a finales de julio.
La situación también suponía un riesgo desde el punto de vista de la seguridad física.
Con la llegada del otoño y los temporales de Levante, expertos y vecinos habían advertido de que el mar podía alcanzar la zona ocupada e incluso llegar hasta la carretera. La ubicación del asentamiento hacía especialmente complicada su permanencia durante episodios meteorológicos adversos.
Por eso el desalojo no responde únicamente a razones administrativas.
Existe también un componente evidente de seguridad y protección de las propias personas instaladas en la playa.
La Policía ya ha iniciado el desalojo
La Policía Nacional comenzó el domingo el operativo para levantar el asentamiento y trasladar a sus ocupantes.
La primera fase permitió trasladar a 1 100 personas a espacios reglados de acogida. Según EFE, alrededor de 600 decidieron regresar voluntariamente a Marruecos.
El lunes se inició una segunda fase para continuar con el desalojo.
El objetivo es trasladar a quienes permanecen en la zona hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Tarajal, donde se realiza el correspondiente proceso de identificación y clasificación administrativa.
Europa Press situó en unas 3 500 personas la población que había llegado a concentrarse en el asentamiento y señaló que el domingo fueron desalojadas unas 1 100, mientras el operativo continuaba el lunes.
La intervención involucra a Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército, servicios de emergencia y personal de apoyo.
El objetivo ahora es identificar y tramitar cada expediente
La operación no consiste simplemente en trasladar a las personas de una playa a otro lugar.
El siguiente paso es determinar la situación administrativa de cada persona.
Las autoridades deben completar los procedimientos correspondientes para quienes puedan ser objeto de expulsión o retorno, mientras que los casos que tengan derecho a solicitar protección internacional deben seguir el procedimiento de asilo correspondiente.
EFE señala que el operativo pretende precisamente terminar la filiación de los migrantes que continúan en Ceuta y completar los expedientes de expulsión o asilo.
La diferencia resulta fundamental desde el punto de vista jurídico.
Una persona que entra irregularmente en España no queda automáticamente sometida a un procedimiento idéntico en todos los casos. Las autoridades deben determinar su identidad, circunstancias personales y situación legal.
El problema de los menores multiplica la presión
Una de las mayores dificultades para Ceuta es la presencia de menores extranjeros no acompañados.
Los menores tienen un régimen de protección específico y su atención corresponde a las administraciones competentes en materia de infancia.
RTVE informó en septiembre de que la cifra de menores migrantes filiadas tras la entrada masiva ascendía a 2 140, según los datos ofrecidos entonces por el ministro de Política Territorial y mando único de la crisis, Ángel Víctor Torres.
El problema no termina con la identificación.
Mientras no se produce un traslado o una solución administrativa, la Ciudad Autónoma debe proporcionar alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria, educación y protección.
La presión sobre el sistema de menores fue precisamente uno de los factores que llevaron al Gobierno a reconocer oficialmente que las capacidades ordinarias de Ceuta habían quedado superadas.
El Gobierno reconoce oficialmente que las capacidades fueron superadas
El lenguaje utilizado por el Ejecutivo en el decreto de agosto resulta especialmente significativo.
El Real Decreto 681/2026 afirma que la permanencia de un elevado número de migrantes en situación irregular estaba alterando el funcionamiento normal de las administraciones públicas.
La norma cita expresamente los servicios:
- Sociales.
- De protección de menores.
- De seguridad ciudadana.
- De transporte.
- De gestión administrativa.
- De control fronterizo y acogida.
El Gobierno concluyó que la situación superaba las capacidades ordinarias y requería una intervención coordinada de recursos estatales y locales.
No es, por tanto, una caracterización exclusivamente periodística o política.
La propia Administración General del Estado reconoció la dimensión extraordinaria de la crisis mediante una norma publicada en el BOE.
La declaración de Seguridad Nacional seguirá vigente durante la campaña
El marco jurídico creado en agosto establece que la declaración se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo que el Gobierno acuerde antes su finalización o modifique su alcance.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, fue designado como autoridad funcional para impulsar y coordinar las actuaciones derivadas de la declaración.
Esto significa que la crisis de Ceuta permanecerá formalmente dentro de un dispositivo extraordinario durante la campaña de las elecciones generales.
El debate político tendrá que abordar, por tanto, una situación que el propio Estado considera de suficiente gravedad como para activar la legislación de Seguridad Nacional.
Sánchez adelanta las elecciones al 29 de noviembre
El contexto ha cambiado todavía más con la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.
La convocatoria se produce después de que el Gobierno sufriera un revés parlamentario con el rechazo de dos decretos relacionados con la vivienda y tras meses de dificultades para sostener una mayoría estable en el Congreso.
Ceuta entra así en campaña electoral como uno de los asuntos sensibles de la agenda nacional.
La cuestión migratoria se suma a otros problemas que el Ejecutivo deberá defender ante los electores: vivienda, seguridad, estabilidad parlamentaria, economía y gestión de las fronteras.
Para Ceuta, sin embargo, el problema no es una cuestión de campaña.
Es una crisis que continúa afectando a sus servicios y a su capacidad de gestión.
La ciudad reclama una solución que vaya más allá del desalojo
El desalojo del Trampolín permite recuperar un espacio público y elimina un asentamiento que se había convertido en un problema de seguridad y salubridad.
Pero desmantelar un campamento no resuelve por sí solo la crisis migratoria.
La cuestión fundamental es qué ocurre después con las personas que permanecen en Ceuta.
Aquellos que puedan ser retornados deben quedar sujetos al procedimiento correspondiente. Quienes puedan solicitar protección internacional deben disponer de acceso al procedimiento de asilo. Y los menores tienen que permanecer bajo protección hasta que se encuentre una solución conforme a la legislación aplicable.
La capacidad de acogida, por tanto, sigue siendo un elemento decisivo.
La presión no desaparece aunque muchos regresen a Marruecos
La operación de los últimos días ha conseguido reducir la concentración en la playa.
Miles de personas, sin embargo, habían permanecido en Ceuta durante semanas después de la entrada masiva.
Reuters informó a finales de septiembre de que al menos 10 000 personas continuaban en la ciudad, después de que más de 72 000 hubieran cruzado desde Marruecos durante la oleada de finales de julio.
La cifra de personas que siguen en Ceuta y su situación concreta han ido variando conforme se producen retornos, traslados y nuevas identificaciones.
Precisamente por eso, las cifras deben interpretarse con cautela y atendiendo siempre a la fecha de cada recuento.
La crisis no se mide únicamente por el número de personas que permanecen en las playas. También debe evaluarse por la capacidad de los servicios públicos para procesar expedientes, alojar a quienes necesitan protección y ejecutar las decisiones administrativas.
El retorno a Marruecos se convierte en una de las claves
Una parte significativa de los ocupantes del Trampolín ha optado por regresar voluntariamente a Marruecos.
EFE cifró en unos 600 los retornos voluntarios registrados durante la primera jornada del operativo, mientras otras fuentes han situado el número acumulado en torno al millar entre domingo y lunes.
El retorno voluntario reduce inmediatamente la presión sobre los servicios de Ceuta.
Pero también deja abierta una cuestión estructural: qué mecanismos existen para evitar que una nueva entrada masiva vuelva a producir una situación semejante.
La experiencia de julio demuestra que la prevención fronteriza y la coordinación con Marruecos tienen una importancia decisiva.
Marruecos sigue siendo una pieza esencial
Ceuta comparte una frontera terrestre con Marruecos y cualquier crisis migratoria de gran magnitud tiene necesariamente una dimensión bilateral.
El flujo de personas que llegó durante los días 30 y 31 de julio puso a prueba la capacidad española de control fronterizo.
El propio decreto de Seguridad Nacional incluye dentro del ámbito de actuación extraordinaria la frontera terrestre, los puestos fronterizos, las costas, los puertos y las aguas adyacentes bajo soberanía, jurisdicción o competencias españolas.
La cooperación con Marruecos es, por tanto, uno de los elementos imprescindibles para gestionar la frontera.
Al mismo tiempo, la cuestión tiene una dimensión política porque Ceuta y Melilla son territorios españoles cuya soberanía es reivindicada por Marruecos.
Cualquier crisis migratoria en la zona se desarrolla dentro de ese contexto geopolítico.
La investigación judicial añade otra dimensión
La crisis de Ceuta también está siendo objeto de investigación judicial.
La magistrada María Tardón, que investiga las circunstancias relacionadas con la entrada masiva, ha adoptado medidas para reforzar la confidencialidad de las actuaciones ante el riesgo de posibles interferencias externas.
La investigación trata de esclarecer, entre otros aspectos, cómo se produjo la entrada masiva y qué circunstancias pudieron favorecerla.
Cualquier atribución concreta de responsabilidades deberá esperar, no obstante, a las conclusiones de la investigación.
No debe confundirse una línea de investigación judicial con un hecho probado.
Este matiz resulta especialmente importante en un asunto que ha generado una intensa confrontación política.
Una crisis que enfrenta a administraciones
Otro de los problemas que ha acompañado a la emergencia ha sido la disputa entre las distintas administraciones.
El Gobierno central sostiene que ha movilizado recursos para reforzar la frontera y atender la emergencia.
El Ejecutivo de la Ciudad Autónoma, presidido por Juan Jesús Vivas, ha reclamado reiteradamente más medios y una respuesta estatal más rápida.
RTVE informó en septiembre de que la disputa entre administraciones continuaba incluso alrededor del traslado de menores desde Ceuta a la Península.
El resultado es una situación en la que Estado y Ciudad Autónoma comparten responsabilidades, pero también mantienen diferencias sobre la velocidad, la suficiencia y la coordinación de las medidas.
La convocatoria electoral no elimina esa disputa.
La traslada al terreno político nacional.
Ceuta necesita una solución que no dependa de una emergencia permanente
La declaración de Seguridad Nacional permite coordinar recursos extraordinarios.
El problema es que una medida de emergencia no puede convertirse indefinidamente en el sustituto de una política estructural.
La ciudad necesita una estrategia que combine:
- Control efectivo de la frontera.
- Identificación rápida de las personas que acceden irregularmente.
- Procedimientos ágiles y garantistas de retorno o protección internacional.
- Protección específica de los menores no acompañados.
- Capacidad suficiente de acogida.
- Cooperación efectiva con Marruecos.
- Coordinación estable entre Gobierno central y Ciudad Autónoma.
- Mecanismos europeos de apoyo cuando la presión migratoria exceda la capacidad local.
El objetivo debería ser evitar que otra llegada masiva vuelva a colocar a Ceuta en una situación de emergencia.
Las elecciones convertirán Ceuta en un asunto nacional
La convocatoria del 29 de noviembre introduce una nueva dimensión en el problema.
Los partidos tendrán que explicar qué política fronteriza proponen, cómo pretenden gestionar los retornos, qué papel debe asumir la Unión Europea y cómo debe repartirse la responsabilidad sobre los menores migrantes.
También tendrán que pronunciarse sobre la relación con Marruecos.
Ceuta, por su posición geográfica, no puede gestionar por sí sola una crisis de dimensiones nacionales e internacionales.
Pero la responsabilidad del Estado tampoco puede limitarse a desplegar recursos cuando la emergencia ya se ha producido.
La experiencia de julio ha demostrado el coste de actuar bajo presión.
La situación de Ceuta, en cifras
A fecha de 5 de octubre de 2026, los principales datos disponibles son:
| Dato | Situación |
|---|---|
| Entrada masiva | 30 y 31 de julio de 2026 |
| Declaración de interés para la Seguridad Nacional | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Personas concentradas en El Trampolín | Más de 3 000, según las fuentes |
| Personas trasladadas en la primera fase | 1 100 |
| Retornos voluntarios registrados inicialmente | Alrededor de 600, según EFE |
| Menores filiados tras la crisis | 2 140, según datos comunicados en septiembre |
| Elecciones generales | 29 de noviembre de 2026 |
Las cifras de personas que permanecen en Ceuta están cambiando rápidamente debido a los retornos, traslados y nuevos procedimientos de identificación. Por eso no resulta correcto presentar un único número como si fuera permanente.
El verdadero reto empieza después del desalojo
La imagen de la Policía desmontando las instalaciones improvisadas del Trampolín puede transmitir la sensación de que la emergencia está llegando a su final.
Pero el desalojo de una playa no equivale al final de la crisis.
La situación de miles de personas debe resolverse mediante procedimientos administrativos y jurídicos. Los menores necesitan protección. Las instalaciones de acogida deben mantener capacidad suficiente. Las fuerzas de seguridad deben controlar la frontera. Y las autoridades deben evitar que las tensiones sociales aumenten.
Además, el Gobierno mantiene oficialmente activa la declaración de interés para la Seguridad Nacional.
Todo ello demuestra que Ceuta continúa afrontando una emergencia que no desaparecerá simplemente porque haya terminado un asentamiento.
Una prueba para el próximo Gobierno
Las elecciones del 29 de noviembre llegarán cuando la crisis todavía esté jurídicamente abierta.
El próximo Gobierno, sea cual sea su composición, tendrá que decidir si mantiene el actual modelo, lo modifica o plantea una estrategia diferente para Ceuta.
La cuestión ya no es únicamente cómo gestionar a quienes han llegado.
También es cómo impedir que la ciudad vuelva a quedar desbordada.
El desafío afecta a la frontera, a la seguridad, a la política migratoria, a los servicios públicos y a la relación con Marruecos. Y, por encima de todo, obliga a determinar hasta dónde llega la capacidad de una ciudad autónoma para afrontar por sí sola una presión migratoria de dimensión internacional.
Ceuta sigue necesitando una solución estable, no otra respuesta improvisada cuando vuelva a producirse una emergencia.
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