El CNI no encuentra pruebas directas que vinculen a Rabat, mientras otro informe rastrea casi 100 conexiones entre los organizadores y miembros de los servicios de inteligencia marroquíes.
La investigación judicial sobre la invasión de Ceuta de 2026 acaba de entrar en una fase especialmente delicada. Dos informes remitidos a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón ofrecen conclusiones muy diferentes sobre una de las cuestiones centrales del caso: hasta qué punto estuvo implicado Marruecos en la organización del asalto a la frontera española.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sostiene que no ha encontrado evidencias suficientes para atribuir a las autoridades marroquíes una acción planificada y centralizada. En cambio, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF), mediante el análisis de 1.141 teléfonos móviles, habría localizado conexiones entre los organizadores de la invasión y altos cargos de los servicios de inteligencia de Marruecos.
La discrepancia no es menor. Mientras uno de los informes pone el acento en la ausencia de una prueba biométrica concluyente, el otro reconstruye una red de comunicaciones y contactos que apunta hacia estructuras vinculadas al aparato de seguridad marroquí.
Dos informes y una pregunta clave: ¿qué ocurrió realmente en Ceuta?
Los documentos han llegado al procedimiento judicial que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, un episodio que las autoridades españolas consideran de enorme gravedad por sus implicaciones para la seguridad fronteriza.
El CNI ha estudiado fotografías y vídeos de los participantes para tratar de identificar posibles vínculos con responsables de los servicios de inteligencia marroquíes.
Su conclusión es que no se ha encontrado una coincidencia facial que permita vincular directamente a los individuos analizados con cargos marroquíes incluidos en sus bases de datos.
El propio informe, según la información publicada, afirma que no puede concluirse que las autoridades marroquíes actuaran mediante una dejación de funciones evidente durante el episodio.
Pero esa conclusión contrasta con otra investigación que utiliza una metodología completamente diferente.
El CNIF rastrea 1.141 teléfonos móviles
El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras no se basa principalmente en reconocimiento facial. Su investigación reconstruye las relaciones existentes entre 1.141 teléfonos móviles presuntamente relacionados con la invasión.
A partir de ese análisis, los investigadores habrían identificado:
- 19 organizadores de la operación.
- 32 dinamizadores, encargados de transmitir y amplificar los mensajes.
- 180 usuarios situados en niveles posteriores de difusión.
- Cerca de 100 vínculos entre organizadores y altos cargos de los servicios de inteligencia marroquíes, según el informe.
El dato más relevante es precisamente este último. La investigación sostiene que los contactos se habrían producido a través de intermediarios, lo que encajaría con una estructura diseñada para dificultar que la cadena de mando pudiera atribuirse directamente al Gobierno de Marruecos.
La hipótesis de una «autoría difusa»
Según la información recogida en el informe del CNIF, la posible estrategia empleada habría buscado mantener una cierta distancia entre los responsables de la organización y las autoridades políticas marroquíes.
La hipótesis es la de una «autoría difusa»: una estructura en la que determinados actores vinculados al aparato de seguridad de Marruecos podrían intervenir en la preparación o coordinación de la operación sin que exista una orden directamente atribuible al Ejecutivo de Rabat.
Esta distinción es fundamental desde el punto de vista judicial.
Que existan contactos entre organizadores y miembros de servicios de inteligencia no demuestra por sí solo que el Gobierno marroquí ordenara la invasión. Pero, si los vínculos descritos en el informe se acreditan y se demuestra que existió coordinación operativa, la interpretación del episodio cambiaría sustancialmente.
El precedente de 2021 complica todavía más el análisis
Uno de los elementos más llamativos del informe del CNI es que establece una comparación explícita con la crisis de Ceuta de 2021.
Según el documento, la invasión de 2021 fue considerada por el propio CNI como una operación estatal directa y deliberada de Marruecos destinada a presionar diplomáticamente a España.
La situación que analiza ahora el servicio de inteligencia sería diferente.
El argumento utilizado es que en 2026 las relaciones entre España y Marruecos atravesaban un momento que el propio informe califica de «excelente» en los ámbitos político, diplomático y de seguridad.
De ahí que el CNI considere menos probable que Rabat utilizara nuevamente la inmigración como instrumento de presión contra España.
El CNI introduce una posible conexión con Argelia
Sin embargo, el propio informe no descarta por completo una motivación relacionada con la política exterior española.
La hipótesis planteada es que Marruecos podría haber utilizado deliberadamente el episodio para presionar a España por sus relaciones con Argelia.
El matiz es importante: una cosa es afirmar que el Gobierno marroquí organizó directamente la entrada masiva y otra muy diferente que determinados sectores vinculados a los servicios de seguridad del país pudieran haber intervenido para aprovechar una situación de tensión.
La investigación judicial deberá determinar cuál de estas posibilidades se corresponde con las pruebas disponibles.
El argumento de las fuerzas marroquíes «sobrepasadas»
Otro de los elementos incluidos en el análisis del CNI es la situación de las fuerzas marroquíes desplegadas en la frontera.
El informe sostiene que los efectivos habrían disminuido por razones económicas y que, además, se encontraban «sobrepasados» durante unas fechas que coincidían con la celebración del Día del Trono en Marruecos.
Este argumento pretende explicar por qué la respuesta marroquí habría sido insuficiente sin necesidad de atribuir una orden deliberada de permitir la entrada de inmigrantes.
Pero precisamente aquí aparece una de las principales controversias de la investigación: una ausencia de actuación puede ser consecuencia de una incapacidad real, de una negligencia o de una decisión deliberada.
Determinar cuál de esas explicaciones es correcta corresponde ahora a la investigación judicial.
El reconocimiento facial no es la única forma de probar una conexión
La discrepancia entre ambos informes también pone de manifiesto una cuestión metodológica.
El CNI ha utilizado principalmente análisis biométrico y reconocimiento facial sobre imágenes disponibles en la causa.
El CNIF, por el contrario, ha reconstruido relaciones telefónicas y redes de comunicación.
Son dos aproximaciones distintas y, por tanto, sus conclusiones no necesariamente tienen que coincidir.
Que una persona no aparezca identificada mediante reconocimiento facial no significa que no haya mantenido contactos con integrantes de una determinada estructura. Del mismo modo, encontrar una conexión telefónica no demuestra automáticamente que esa persona haya recibido órdenes de un Gobierno.
La clave estará en qué contenido tenían esas comunicaciones, quiénes participaron, qué instrucciones se transmitieron y qué relación jerárquica existía entre los interlocutores.
La gran incógnita: ¿quién dio las órdenes?
La investigación judicial se enfrenta ahora a una cuestión esencial.
Si el CNIF ha identificado una red que conecta a organizadores de la invasión con responsables de inteligencia marroquíes, habrá que determinar si esas conexiones fueron casuales, personales, operativas o jerárquicas.
También será necesario averiguar qué papel desempeñaron los llamados «dinamizadores del mensaje» y hasta dónde llegó la cadena de coordinación.
La propia estructura descrita en el informe —organizadores, dinamizadores y usuarios encargados de extender los mensajes— apunta a un fenómeno que no parece limitarse a movimientos espontáneos de personas.
Pero una red organizada no equivale necesariamente a una operación ordenada por un Estado. Esa es precisamente la frontera que la investigación debe esclarecer.
La posición del CNI tampoco cierra el caso
La ausencia de una prueba directa contra el Estado marroquí en el informe del CNI tampoco permite dar por resuelta la cuestión.
El reconocimiento facial tiene unas limitaciones evidentes: para atribuir una responsabilidad estatal no basta con demostrar que una persona estuvo presente en la operación. Hay que reconstruir la cadena de mando y la planificación.
Además, el propio CNI reconoce que la posibilidad de una utilización deliberada del episodio para ejercer presión sobre España merece consideración, especialmente en relación con las tensiones hispano-argelinas.
Por tanto, el documento no elimina completamente la hipótesis de una intervención marroquí. Lo que hace es cuestionar que exista evidencia suficiente para atribuir una operación estatal directa y centralizada.
El papel de Marruecos vuelve al centro de la investigación
La llegada simultánea de estos informes a la causa coloca nuevamente a Marruecos en el centro de una investigación que afecta directamente a la seguridad de una ciudad española situada en el norte de África.
La cuestión tiene además una dimensión diplomática evidente.
España mantiene con Rabat una relación estratégica en materia de inmigración, seguridad, comercio y cooperación policial. Cualquier prueba que apuntara a una participación deliberada de estructuras estatales marroquíes en una operación contra la frontera española tendría consecuencias políticas de enorme alcance.
Pero precisamente por eso la investigación necesita evitar conclusiones precipitadas.
La Justicia tendrá que resolver la contradicción
Los dos informes aportan piezas diferentes del mismo rompecabezas.
Por un lado, el CNI no encuentra una evidencia biométrica que permita identificar directamente a responsables marroquíes como participantes de la invasión y considera improbable una operación estatal similar a la de 2021.
Por otro, el CNIF asegura haber encontrado casi un centenar de conexiones entre organizadores de la invasión y altos cargos de los servicios de inteligencia marroquíes mediante el análisis de más de mil teléfonos.
Ambas conclusiones pueden parecer incompatibles, pero no necesariamente lo son.
La cuestión decisiva será saber qué significan realmente esas conexiones y qué nivel de conocimiento, coordinación o dirección existió detrás de ellas.
Hasta que la Audiencia Nacional no termine de analizar las pruebas, afirmar que Marruecos ordenó directamente la invasión sería prematuro. Pero tampoco parece razonable ignorar los indicios que apuntan hacia posibles conexiones entre los organizadores y el aparato de inteligencia marroquí.
La investigación de Ceuta entra así en una fase crucial: ya no basta con saber quién cruzó la frontera; hay que determinar quién organizó, quién coordinó y quién pudo beneficiarse de la operación.
Y esa respuesta podría tener consecuencias mucho más allá de la propia causa judicial.


